El tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público decidió por cuatro votos contra tres suspender de manera preventiva y abrir el juicio político al fiscal José María Campagnoli, denunciado por posible “mal desempeño” y “abuso de poder” en el caso de lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, había pedido estas medidas la semana pasada al considerar que el fiscal forzó su competencia para investigar lo que no le correspondía y que a la vez obstaculizó el expediente, lo que habría favorecido a los imputados. La mayoría del jurado evaluó que la jefa de los fiscales hizo una “extensa y rigurosa descripción de las faltas” de Campagnoli.

El argumento de la suspensión fue, como suele ser en las medidas cautelares o provisorias, que existe “verosimilitud del derecho” y un “peligro en la demora”. Eso quiere decir que la mayoría del tribunal consideró que es posible que la denuncia contra Campagnoli se acerque a la realidad y que permitir que siga actuando puede acarrear riesgos en su prestación de servicios como fiscal mientras es cuestionado. Los cuatro votos mayoritarios fueron del presidente del tribunal y representante del Poder Ejecutivo, Ernesto Kreplak; del fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler; del delegado del Senado, Rodolfo Ojea Quintana, y de María Cristina Martínez Córdoba, de la Defensoría. En disidencia votaron el ex procuradora del gobierno de Raúl Alfonsín Juan Octavio Gauna y los abogados Adriana Donato y Francisco Panero.

Ahora el jurado tiene 180 días hábiles para evaluar la cuestión de fondo y resolver si hay razones para destituir a Campagnoli. Si no se expide en ese plazo, la causa cae. Por la noche, un rato después de conocerse la decisión, el fiscal reiteró en los estudios de TN –como viene diciendo públicamente– que va a intentar pelear en Tribunales y si hace falta llegará “hasta la Corte”. Reiteró que considera que lo persiguen “por trabajar”, pero no respondió al contenido de las acusaciones. Ayer mismo hizo dos presentaciones para intentar evitar una decisión del jurado: recusó a cuatro de sus miembros (Kreplak, Adler, Ojea Quintana y Jorge Auat, que es suplente) por supuesta cercanía o afinidad con el gobierno nacional y algunos con Justicia Legítima, cuestión que fue rechazada por el jury; también planteó un recurso de reconsideración de la denuncia de Gils Carbó, quien lo rechazó luego de que se lo mandara el jury. Si quiere, Campagnoli puede judicializar todo esto ahora: en principio podría hacerlo ante el fuero Contencioso Administrativo y la Corte.

Esa burocracia demandó horas y horas, a punto tal que entrada la noche el tribunal seguía reunido. También tuvieron que analizar un planteo de un grupo de diputados del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Frente Renovador que, en defensa de Campagnoli, pedían una audiencia y ser considerados como amicus curiae. El jurado tampoco los admitió al considerar que no hay reglamentación que prevea amigos del tribunal para estos casos. Los diputados protestaron y dijeron que estaba en riesgo el ejercicio del derecho de defensa del fiscal, aunque no explicaron por qué. Las denuncias que dieron origen a la investigación interna contra Campagnoli fueron realizadas por abogados particulares, algunos vinculados con el caso Báez, y por el director de Migraciones, Martín Arias Duval.