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En su libro La cámara lúcida, Roland Barthes precisa que “lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez. La fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente”.

En una escena que se reiteró también mecánicamente, la fiscalía de Saavedra a cargo de José Luis Campagnoli, sin el temor borgeano de multiplicar el ademán inútil, convirtió a la colección de fotografías en un instrumento de criminalización que direcciona el poder punitivo hacia categorías socialmente distinguibles: los habitantes del Barrio Mitre, quienes han sido convertidos en sospechosos habituales, reiterados, de cada hecho que el sumario policial construya con también uniformada reiteración.

Más allá de este opaco contraste de prácticas y definiciones, el foco de todo análisis que se refiera a las técnicas fiscales para la instrucción penal nos dejará ante el diseño procesal de un fiscal que, aun en el sistema inquisitivo vigente en el plano nacional, es reconocible en la expectativa del legislador que fue dotando al Ministerio Público Fiscal de facultades que llegan a configurar lo que podría definirse como el fiscal investigador.

Toda técnica investigativa supone no sólo el cumplimiento de protocolos de actuación y de constatación de premisas que surgen hipotéticas y se descartan o comprueban en el curso de la investigación, sino también el despliegue de estrategia y la creatividad inherente a la agudeza.

Ese modelo ideal que denomino “fiscal investigador” lo vemos contrastado con su materialización más distorsionada, que podría denominarse el modelo de “fiscal uniformado”, dotado de una sola estrategia, cuya estrechez se vuelve punzante en sus efectos, y del cual Campagnoli resulta uno de los exponentes más salientes

La práctica constante de implementar la discriminación mediante la confección y utilización de registros fotográficos de personas que se encuentran habitando determinado barrio y, por esa razón, al mismo tiempo, habitan las páginas del álbum que en vulneración de todos los datos personales conforma el catálogo de culpables de la Fiscalía de Saavedra, lejos de tratarse de un coleccionismo fotográfico, resulta una de las más acabadas distorsiones del rol fiscal.

Esas distorsiones que bordean, y quizá por el lado de afuera, la ilicitud, tienen consecuencias que recaen sobre una población que es ajusticiada por quien debería tutelar el acceso a la Justicia. De allí el interés público que conlleva la transformación del fiscal investigador en fiscal uniformado. Las prácticas de señalamiento mediante fotografías recaen sobre una población vulnerable que espera con expectativa que se avance, dando vuelta la página que compromete sistemáticamente las libertades en vilo por la selección criminalizante del fiscal uniformado.

* Ex fiscal general de Bahía Blanca.