El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 37 represores por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El juicio oral en la megacausa “Jefatura II - Arsenales II” concluyó además con cuatro absueltos, incluidos el capellán José Eloy Mijalchiyk y el escribano Juan Carlos Benedicto, dos de los cuatro civiles que llegaron a juicio como imputados. Lejos de las 33 condenas a prisión perpetua que había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal presidido por Carlos Jiménez Montilla e integrado por Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga dictó cuatro penas máximas, en tanto el resto de las condenas van de dos a veinte años de cárcel. El fallo fue cuestionado por familiares de víctimas y miembros de organismos de derechos humanos, que esperaban penas mayores para un juicio en el que se investigaron secuestros, tormentos, allanamientos ilegales, abusos deshonestos, violaciones y homicidios contra 215 víctimas.

“Vamos a trabajar desde la Casación en los casos de altos rangos de Gendarmería, que formaron parte de la Inteligencia del proceso y no tienen prisión perpetua”, afirmó Laura Figueroa, querellante y representante de Familiares de De-saparecidos de Tucumán (Fadetuc). La abogada, que representó a la mayoría de las víctimas del juicio, también rechazó la absolución del sacerdote Mijalchiyk. “Muchas de las personas que estuvieron detenidas en el ex Arsenal fueron interrogadas por este sacerdote, quien estuvo de acuerdo en que ellos fueran golpeados y torturados”, recordó. “Lamentablemente el tribunal sólo escuchó al cómplice militar Osvaldo Pérez, por eso está absuelto Mijalchiyk”, agregó Figueroa.

El centro clandestino que funcionó en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán, se caracterizó por ser el destino final de un circuito represivo que abarcó a varias provincias del noroeste argentino. La megacausa comenzó con 44 imputados en el banquillo, de los cuales tres fueron separados a último momento por problemas de salud. El juicio oral se desarrolló durante trece meses, lapso en el cual prestaron testimonio más de 400 testigos, que permitieron reconstruir parte de la historia de los crímenes de lesa humanidad en Tucumán contra un total de 215 víctimas.

Ayer, en el sector de invitados especiales, junto a funcionarios nacionales y provinciales se ubicó Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. “De un lado gritan ‘asesinos’; del otro, ‘justicia’”, contó por Twitter la periodista Gaby Baigorri. Pasadas las 18.30, los secretarios Mariano Zavalía y Florencia Pero comenzaron a leer la sentencia. “Los familiares de víctimas estrujan las fotos de sus víctimas, las ponen sobre sus pechos y las besan”, apuntó la cronista.

De los cuatro condenados a prisión perpetua, tres son policías de la provincia de Tucumán: Luis Armando de Cándido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz. El cuarto es el militar Luis Orlando Varela. Veinte años de prisión recibieron los militares retirados Alfredo Ernesto Moore y Ramón Alfredo Ojeda Fuente. Los ex gendarmes Tomás Adolfo Güemes, Marcelo Omar Godoy, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero y Benito Palomo recibieron penas de 18 años de prisión, igual que el militar Augusto Leonardo Neme. Un año menos recibió el gendarme José Carlos Sowinski, en tanto otros siete policías fueron condenados a 16 años de prisión: se trata de Juan Alberto Abraham, Rolando Reyes Quintana, Hugo Javier Figueroa, Oscar Humberto Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Esteban Vercellone y Angel Custodio Moreno. La misma pena recibieron los militares Ramón Ernesto Cooke, Fernando Torres y Camilo Angel Colotti. Quince años recibieron el policía Guillermo Augusto Ugarte y los militares Hugo Enzo Soto y Pedro Osvaldo Caballero, catorce el policía Miguel Angel Chuchuy Linares y los militares Carlos Eduardo Trucco y Ariel Rolando Valdiviezo, y doce el militar Mario Miguel D’Ursi. Diez años de prisión deberán cumplir los policías Pedro Joaquín Pasteris y María Luisa Acosta de Barraza, y los militares Jorge Omar Lazarte y Luis Edgardo Ocaranza. Las penas más bajas fueron para el policía Ramón César Jodar y el agente civil de Inteligencia Guillermo Francisco López Guerrero, a cuatro años de cárcel, y la mitad para la ex policía María Elena Guerra. Los absueltos, además del cura y del escribano, son el ex gendarme Celso Barraza y el militar retirado Luis de Urquiza, que recuperaron la libertad de inmediato.

La mayor parte de las condenas no fueron por voto unánime, sino con la disidencia de Reynaga, que tal como habían pedido los fiscales ordenó condenar a la mayoría de los imputados a la pena de prisión perpetua. El magistrado también había pedido diez años de cárcel para el sacerdote Mijalchiyk y quince para Benedicto, al considerarlos autores materiales del delito de asociación ilícita y partícipes secundarios de los delitos de prisión ilegítima de la libertad con apremios, en el caso del sacerdote.