El general César Milani, postulante a conducir el Ejército, fue sobreseído en una causa en la que había sido acusado de haber realizado actos de inteligencia militar para cuestiones de política interna, en violación a la Ley de Defensa y de Inteligencia. El juez federal Daniel Rafecas, en sintonía con el dictamen del fiscal Jorge Di Lello, consideró que la denuncia de los diputados Fernando “Pino” Solanas y Elisa Carrió carece de sustento como para iniciar una acción penal. De hecho, tampoco en declaraciones periodísticas estos legisladores asociados en Unen dieron precisión alguna sobre las circunstancias en las que Milani habría cometido tal delito. Más allá de esta medida judicial, el general Milani sigue siendo investigado por enriquecimiento ilícito y por presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La semana próxima el Senado analizará su pliego, que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Di Lello había determinado que “vistas las respuestas efectuadas por los denunciantes (a quienes les habían pedido precisiones) y compulsadas las notas periodísticas aludidas, es posible advertir que los diputados realizan afirmaciones y conjeturas sin sustento fáctico a fin de imputar a Milani hechos relacionados con la infracción a la ley de inteligencia militar”. Y agregó que lo que habían planteado es “una hipótesis sin fundamento material razonablemente identificable” por lo cual “no puede ser sometida a proceso una persona, más cuando se advierte, habitualmente en el fuero federal, diversa intencionalidad política al efectuar este tipo de denuncias a fin de contrarrestar alguna gestión contraria a los intereses de aquellos que inician estas denuncias”.

El juez Rafecas recordó que el fiscal Di Lello requirió la ampliación testimonial de los legisladores denunciantes y que en esa oportunidad tampoco hubo aportes sustanciales que permitieran identificar el “objeto procesal”. Por eso el magistrado coincidió en que “la descripción de la maniobra que fuera inicialmente receptada en el requerimiento de instrucción reposa exclusivamente en los dichos de los denunciantes, que tal como expuso el fiscal constituyen meras afirmaciones y conjeturas sin sustento fáctico, carentes de una relación circunstanciada de tiempo, lugar y modo de la supuesta y genérica actividad que habría desplegado Milani”. Dijo Rafecas: “Tal como lo afirma el señor fiscal, los denunciantes no han realizado una descripción clara de los hechos, ni aportado los datos que entendían relevantes respecto de algún comportamiento concreto que infrinja la Ley de Defensa Nacional para que, a partir de ello, se pueda encausar una investigación en torno de la supuesta maniobra antes mencionada”.

Carrió y Solanas habían acudido a los tribunales federales de Retiro a ratificar esta denuncia, y en esa oportunidad también aportaron “elementos” en la causa por enriquecimiento ilícito del militar, a cargo también del juez Rafecas. En el juzgado repitieron el contenido del programa Periodismo para Todos.

Por otra parte, la Justicia investiga si Milani tuvo alguna participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El general no está imputado ni procesado, aunque fue acusado por el ex preso político Ramón Olivera de haber participado, cuando era subteniente, de la detención de su padre. En otra causa, Milani está mencionado porque fue el oficial que realizó el sumario de “deserción” del soldado Alberto Agapito Ledo, que se encuentra desaparecido. Su superior de entonces, el coronel Esteban Sanguinetti, fue procesado y aseguró que Milani era “responsable de la investigación profunda del caso” en su condición de oficial sumariante.