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El domingo 5 de enero, el diario La Nación publicó una entrevista al sociólogo Agustín Salvia quien, como investigador jefe del Observatorio de Deuda Social de la UCA, aseguró que en la Argentina la desigualdad se incrementó en esta década, a pesar del crecimiento económico.

Perdóneme, Salvia, me parece que es más propio que usted hable desde la oposición que desde la altura de un Observatorio, sería más claro para el que lo lea. Ahora, desde mi clara posición oficialista y como decía Mario Benedetti, siendo “incurablemente parcial”, yo sí voy a tratar de dar datos objetivos que refuten su postura opositora: mientras que en 2003 el 10 por ciento más rico de la población ganaba 33 veces más que el 10 por ciento más pobre, en 2013 esa brecha se redujo a 19 veces. El coeficiente de Gini, un indicador que muestra mejor la distribución personal del ingreso cuanto más pequeño es el valor, pasó de 0,475 a 0,381 en el mismo período, un avance no menor para la usual rigidez de este indicador.

Salvia afirmó también que se trató de una década “desaprovechada y una oportunidad perdida a la hora de definir políticas de Estado”, donde no habría habido inversión social. Llama muchísimo la atención este comentario cuando en esta década se han definido políticas de carácter universal que han puesto nuevamente sobre la mesa los derechos sociales y descartado la visión de “seguro” social para unos pocos de los ’90. Tanto el Plan de Inclusión Previsional como la Asignación Universal por Hijo fueron políticas de envergadura que apuntaron a reducir la desigualdad entre quienes se desempeñan en el mercado de trabajo formal y el informal.

El impacto de estos programas fue reconocido por la Cepal, la FAO y la OIT, que los han tomado como ejemplo para construir su concepto de Piso de Protección Social, política que recomiendan a todos los países. La propia Universidad Católica Argentina señalaba en uno de sus informes que el ingreso medio de familias que reciben la AUH aumentó un 79 por ciento. Por su parte, la inclusión previsional permitió que la cobertura previsional creciera del 70 al 93 por ciento.

Salvia pareciera desconocer además que la desigualdad tiene muchas otras facetas sobre las que el Gobierno ha trabajado en estos años, como los casos de la desigualdad tecnológica y la desigualdad de género. En el primer caso, el Programa Conectar Igualdad, con más de 3.800.000 netbooks entregadas, ha permitido reducir la brecha de acceso tecnológico en su etapa más crítica. En materia de género, ha sido una cuestión de agenda permanente.

Para Salvia todas estas políticas se redujeron a simples “planes y subsidios”: “(...) el Estado (...) pensó, como el menemismo, que el derrame iba a llegar”. Creo que cualquiera que haya vivido en la Argentina en los últimos diez años sabe que la lógica fue exactamente la opuesta.

Claro que es cierto que la informalidad laboral, aun habiéndose reducido del 50 al 34 por ciento, sigue siendo preocupante y debe ser eje de nuestra agenda, sin esperar recetas mágicas sino un trabajo pormenorizado en sus distintas facetas. Medidas como el nuevo régimen de trabajadoras de casas particulares son avances fundamentales en la materia.

Hay que tener presente también que la informalidad laboral se disparó con la flexibilización laboral y que deshacer esos errores del pasado no es algo rápido y sencillo. Que en dicha problemática el empresariado tiene una responsabilidad central y es un actor que Salvia pareciera olvidar. Sería bueno que el entrevistado fuera igual de exigente y crítico con ellos como lo es con la gente más pobre (“Los lazos de solidaridad son más débiles que los de las capas medias”).

En síntesis, la desigualdad sigue siendo un problema en Argentina y el camino por recorrer todavía es largo y urgente, pero comunicadores que decidan mirar otra película en vez de reconocer cada paso no parecen interesados en colaborar en ese trayecto.

* Diputado nacional.