El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, rechazó ayer las impugnaciones que sectores de la oposición presentaron contra su continuidad al frente del organismo. El funcionario, propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para un nuevo mandato de cuatro años, aseguró durante la audiencia pública no vinculante en la que se analizó su situación que “la lucha antilavado se ha convertido en una cuestión de Estado”. Tras esta audiencia, el ministerio deberá elevar un informe a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien definirá la continuidad de Sbattella en aproximadamente una semana.

“Por ley, no había necesidad de hacer una audiencia pública. Tampoco una exposición pública; ya se había hecho al nombrarme por primera vez”, puntualizó el funcionario. De todos modos destacó que “la opción (de llevar adelante la audiencia pública) significó un salto cualitativo para este equipo de funcionarios, pero también para la oposición, que pudo tomar nota de las cosas que se vienen haciendo y cómo se viene cumpliendo”.

La oposición cuestionó que la Argentina se encuentre supuestamente en la lista en la que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ubica a los países con alto riesgo de operaciones de lavado de dinero. “La última información disponible para ellos data de octubre de 2009”, respondió Sbattella. Recordó que en ese momento la Argentina “estaba cerca de una posible sanción, al borde de la expulsión del organismo y del G-20”. Sin embargo, las acciones llevadas adelante por esta administración hicieron que el GAFI reconociera los avances y los hiciera públicos. Durante la audiencia, el diputado Pablo Tonelli había incurrido en el error de asegurar que actualmente “la Argentina está en una lista de alto riesgo, de los países que no cooperan”. Sbattella también respondió a los que volvieron a cuestionar su supuesta falta de antecedentes en el área. “La ley exige como requisito un título universitario, preferentemente en Ciencias Económicas, y eso está cumplido”, sostuvo.

El Ministerio de Justicia informó que hubo 279 presentaciones de instituciones y personas que respaldaron a Sbattella, entre las que se destacaron el experto tributarista Arístides Corti; el jurista Eduardo Barcesat; el historiador Mario Rapoport; el ex juez español Baltasar Garzón; el secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky; el secretario general de la CGT, Antonio Caló; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber; el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, Aníbal Viguera; y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, Martín López Armengol. Las impugnaciones fueron sólo de doce personas, en su mayoría de legisladores de la oposición, como Gerardo Morales, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Federico Pinedo y Martín Lousteau, entre otros.

Durante la audiencia, los que respaldaron a Sbattella y los críticos hicieron oír su voz. La diputada Patricia Bullrich sostuvo que para la UIF “hay un solo sujeto obligado a informar y es Papel Prensa, calificado como enemigo del Gobierno”, y consideró que “hay otros sujetos desobligados (sic) que son los amigos del poder”. En tanto, Gabriela Michetti, legisladora del PRO, admitió que está “de acuerdo con investigar los delitos económicos de la dictadura (cívico-militar)”, pero consideró que es necesario “avanzar también sobre otras cuestiones denunciadas ante la UIF”. El diputado del PRO Federico Pinedo reconoció la labor de Sbattella en el Parlamento para darle forma a la Ley Antilavado, votada por el oficialismo, pero también por parte de la oposición. Sin embargo, Margarita Stolbizer aseguró que “pese a informes del GAFI favorables” al país, “la Argentina no salió del lugar donde está”.

Por el contrario, la militante social Susana Trimarco remarcó que tras la desaparición de su hija Marita Verón, secuestrada por una red de trata de personas, denunció “la mafia de los Ale en la Justicia”. “Encontré una Justicia cómplice, con un poder político cómplice y un poder policial cómplice”, indicó Trimarco. El empresario Alejandro Iaccarino, secuestrado, torturado y despojado de sus empresas junto con toda su familia por la última dictadura cívico-militar, destacó “la importancia que tuvo la UIF en el caso, después de 37 años peleando por encontrar justicia”. Subrayó que “investigar delitos económicos es ir contra grupos de mucho poder”, y remarcó que “para avanzar contra esto hay que tener agallas como las tuvo Sbattella”.

El ex banquero Eduardo Saiegh –despojado del Banco Latinoamericano, de su propiedad, por la última dictadura cívico-militar– subrayó que estuvo “25 años persiguiendo en la Justicia argentina a los responsables civiles de la dictadura”. Puso de relieve que “Sbattella anunció el año pasado que iba a llevar adelante la lucha contra el lavado de activos hasta la época de la dictadura”. Puntualizó que en su caso fue “Sbattella quien levantó una importante bandera de los derechos humanos: la restitución de activos a los legítimos dueños”. El consultor en materia de lavado de dinero Carlos Burundarena destacó que durante la gestión actual de la UIF se pasó de “300 a 45 mil sujetos obligados a informar y de 300 a 18 mil reportes de operaciones sospechosas”. A su criterio, “donde se multa, se cumple con la ley”, y precisó que “esta administración de la UIF es la primera en poner multas por más de 200 millones de pesos”.