Más allá de ser un cúmulo de exposiciones de expertos y protagonistas que buscan modernizar los grandes aspectos de la vida judicial, el Congreso Federal sobre Reformas Legislativas que comenzó ayer en Mar del Plata significa, además, una vuelta de timón en la postura del Gobierno respecto del modo de abordar ese poder con el que tanto se peleó el año pasado. “Luego de décadas de disenso, el país ha madurado para avanzar en el consenso”, remarcó el ministro de Justicia, Julio Alak, durante la inauguración de los debates que tendrán lugar hasta mañana en la ciudad balnearia. La frase que eligió el titular de la cartera organizadora sirve para anclar el marco político que permite el encuentro: Alak compartió la mesa de apertura con su par de Buenos Aires, Ricardo Casal; el secretario de Justicia, Julián Alvarez; la presidenta de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori; el titular saliente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera; el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Ricardo de Felipe, y la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Gómez Alonso de Cordero. “Acá está sentado todo el arco ideológico de la Justicia nacional”, relacionó en el mismo sentido Garrigós de Rébori, quien, como el resto de la mesa, coincidió en la “trascendencia” de los ejes del encuentro: sistema penitenciario, la normativa contencioso administrativa y el proceso penal.

El salón principal de conferencias del Hotel Provincial marplatense se colmó de jueces y juezas, abogadas y abogados, defensores y funcionarios judiciales de todas partes del país, además de algunas Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini. Entre los principales espectadores figuraron ayer la defensora pública de la Nación, Stella Maris Martínez, y el juez federal de Tucumán Fernando Poviña. Los ministros de la Corte Suprema fueron los grandes ausentes, junto con las flamantes autoridades del Consejo de la Magistratura, Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo. También pegó el faltazo, a último momento, el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, que estaba invitado a la mesa de apertura y fue reemplazado por su segunda. En el pasillo, su ausencia fue analizada como un intento de demostración de poder. Voces más gentiles prefirieron confiar en los argumentos que el camarista esgrimió en una carta que se leyó ayer frente al público: “cuestiones familiares”.

El sistema penitenciario, el régimen contencioso administrativo y las características del proceso penal son las áreas del universo judicial que ingresaron a la antesala del quirófano, para buscar que sufran modificaciones con intenciones de renovación y de “adaptación a los nuevos tiempos”. Correrían la misma suerte que los códigos Civil y Comercial, que aguarda tratamiento en Diputados, y el Penal, cuyo proyecto fue presentado hace muy poco a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto al primero, fueron los jueces supremos Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco quienes aportaron al texto. Su par Eugenio Zaffaroni dirigió un equipo conformado por legisladores del oficialismo y de la oposición para modificar el segundo. Luego, está la puja de intereses que se desató tras la aprobación del combo de reformas judiciales, cuya mayoría fue declarada inconstitucional por la Corte, y la que atraviesa al Consejo. “Las transformaciones nacen por el disenso y se consolidan por el consenso”, apuntó el ministro y culminó con un llamado: “Debemos ponernos de acuerdo en la transformación de la Justicia”.

Todos contentos

El tono de propios y ajenos en la mesa de inauguración fue similar: todos destacaron la comunión, así como la necesidad de debatir los ejes del encuentro. “Estamos en presencia de uno de los congresos más importantes de los últimos años, en el que además coinciden las más altas autoridades jurídicas de la Justicia argentina”, remarcó Alvarez, escueto y sonriente. La presidenta de Justicia Legítima elogió la “pluralidad ideológica” de la convocatoria al debate, así como su objetivo: “Las leyes no son propiedad de los jueces, no somos los únicos capacitados para hablar de ellas, pero está bien que se nos invite y se nos escuche, porque somos quienes vamos a operar con ellas y a veces podemos prever errores. El derecho es política y la política es ideología. Por lo que el derecho necesariamente es ideología. Es fundamental tratar estos tres ejes desde todo el arco ideológico”. Por último, la jueza consideró “urgente” el abordaje de “la comunidad completa” al sistema penitenciario, la reflexión sobre la normativa contencioso administrativa porque “es necesario un Estado que tenga en cuenta los casos de corrupción en la actividad pública, pero también los de omisión, un Estado que piense no sólo en castigar, sino también en evitar”, y la transformación del proceso penal en uno acusatorio “que deje de perseguir aquello intrascendente para poner atención en lo que importa, que juzgue las cosas que merecen ser juzgadas”.

Al igual que Gómez Alonso de Díaz Cordero y De Felipe, Fera, quien hace poco más de una semana dejó la presidencia del Consejo de la Magistratura, agradeció la invitación al debate, al que lo comparó con “el desafío de hoy: sentar las nuevas bases para construir un país que esté a la altura de la región y el mundo, que tenga un panorama normativo acorde con estos tiempos”. En ese sentido, también se manifestó Casal, quien consideró que “Argentina está viviendo una etapa de reformas estructurales en su sistema jurídico como nunca se vio” y le quitó mérito a la casualidad: “No es mera coincidencia, sino el producto de encontrarnos en una clara y manifiesta solidez democrática en el Estado de derecho, sumado a una fuerte decisión política”.