Después de generar un conflicto aún irresuelto con la inscripción online, el Ministerio de Educación porteño adjudicó a una empresa privada un “servicio profesional de consultoría y capacitación” para realizar “una investigación de los distintos escenarios (de crisis) que pueden suscitarse como punto de partida para el proceso de gestión, planificación, decisión y contención de situaciones sociales complejas”, según se publicó el viernes en el Boletín Oficial de la Ciudad. Un pedido de informes que presentará la legisladora Lorena Pokoik (Frente para la Victoria) se suma al ya realizado desde la Defensoría del Pueblo por Gustavo Lesbegueris y al formulado por la titular de la Auditoría, Cecilia Segura. Es que ni en los fundamentos de la licitación ni en las especificaciones técnicas queda claro cuáles son las “situaciones sociales complejas” que el ministro Esteban Bullrich aspira a neutralizar. El costo de la licitación es de 590 mil pesos para un trabajo de seis meses.

La adjudicataria de la licitación resultó ser la empresa Labcom SA, una firma constituida en 2012, pero con fecha de inicio de actividades en noviembre de 2013, es decir, dos meses antes del llamado a licitación, de acuerdo con el informe de la diputada Pokoik.

La licitación 372/13 se abrió el 7 de enero, pero el 20 de ese mes fue dejada sin efecto porque no había sido publicada en el Boletín Oficial. Finalmente, la nueva convocatoria (LPU 31/14) fue publicada el 28 de enero con el mismo objeto de compra. “Las empresas interesadas sólo contaron con dos días para consultas y tres para la presentación de ofertas”, advirtió la legisladora, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura. Se presentaron dos empresas, pero sólo una calificó y fue la obvia ganadora. La otra (Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno) no cumplía con la garantía exigida.

Lesbegueris, titular del área Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo, reveló que la licitación establece que es obligación del adjudicatario presentar tres entregables que deberán contar con los siguientes parámetros mínimos.

n El primero definirá el proyecto y campo conceptual mediante el cual se desarrollará el trabajo. En este entregable se deberán haber identificado potenciales conflictos sociales complejos que pudiera atravesar el ministerio durante el año 2014.

n El segundo deberá prever las etapas de planificación y gestión de los conflictos sociales complejos.

n El tercero deberá brindar las herramientas para contener y mitigar los futuros conflictos sociales complejos, como así también las acciones a implementarse para el seguimiento de las situaciones de crisis.

En una actuación que tiene fecha del 22 de enero, la Defensoría solicitó al ministro Bullrich que informe, entre otros puntos, “cuáles son los potenciales conflictos sociales complejos que puede atravesar el ministerio a su cargo durante 2014” y pide que describa “las acciones de capacitación que brindará la consultora que resulte adjudicataria de la licitación”. Hasta ayer, Lesbegueris no había recibido respuesta al pedido.

“Antes que convocar consultoras privadas para que realicen trabajos de investigación en escuelas públicas o capaciten al personal para afrontar situaciones conflictivas, mejor hubiera sido que los funcionarios del ministerio escucharan las advertencias que desde distintos ámbitos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, veníamos formulando para que no se pusiera en marcha el nuevo sistema online, por no contarse con las previsiones y los reaseguros necesarios para evitar una situación de colapso y grave afectación del derecho a la educación”, afirmó Lesbegueris.

Por su parte, la legisladora Pokoik observó que para tareas de capacitación el Ministerio de Educación “cuenta con el CEPA (el Centro de Pedagogías de Anticipación) y que para abordar situaciones complejas en las escuelas están los docentes, los Equipos de Orientación Escolar y de mediación”. “Es sorprendente que el ministerio contrate a una consultora para amortiguar los daños colaterales que genera por no invertir en infraestructura, subejecutar el presupuesto e implementar la inscripción online –concluyó la legisladora–. No hay plata para construir jardines, pero sí para contratar una consultoría.”