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El Poder Ejecutivo está a punto de meter el dedo en una de las mayores llagas del Poder Judicial argentino: la justicia federal, que es la encargada de los casos en los que se investigan ilícitos de funcionarios, o sea corrupción, además de los casos de drogas y de secuestros, entre otros. María Julia Alsogaray es uno de los ejemplos más significativos: tiene causas abiertas en 1994, hace nueve años, algunas de ellas con pruebas devastadoras. Y sin embargo, todavía no hubo ni siquiera juicio oral. La explicación más extendida respecto de la lentitud y arbitrariedad de magistrados y causas contra funcionarios, es que casi todos los jueces federales fueron elegidos en tiempos del menemismo y acumulando escándalo tras escándalo fueron remisos a meter presos a los funcionarios del riojano. “La reforma de la Justicia no está sólo en cambiar la Corte Suprema –explicó anoche un hombre del Gobierno–. Acá hay que hacer cambios en todos los niveles y terminar con la impunidad.”
Aunque hay estricta reserva se dice que el Ejecutivo va a poner en marcha, como prioridad, una nueva forma de elegir a los magistrados que ocuparán las numerosas vacantes que hay en juzgados federales de todo el país. Los jueces que ya están, en cambio, no pueden ser removidos, pero es probable que el Gobierno aliente la idea de que se agilicen los juicios políticos que están en marcha contra buena parte de ellos.
Durante el gobierno de Carlos Menem se produjo uno de los mayores escándalos relacionados con la Justicia federal. El ex ministro Domingo Cavallo hizo público que el titular de Interior, Carlos Corach, le escribió una lista de jueces adictos en una servilleta. Todos, obviamente, eran del fuero federal ya que se trataba de magistrados que debían investigar casos de corrupción y empantanarían las causas. La famosa servilleta tenía una razón conocida de fondo –que la mayoría de los jueces fueron designados durante el gobierno de Menem–, pero siempre se mencionó que había otra razón menos pública: el cobro por parte de los magistrados de un sobre que les hacía llegar la SIDE todos los meses.
La Justicia federal resultó así más que criticada porque funcionarios contra los que se producían decenas de denuncias –Alsogaray, Víctor Alderete, Matilde Menéndez, los protagonistas de IBM-Banco Nación, los presidentes del Banco Central, las cuentas en Suiza del propio Carlos Menem, las fortunas sin explicar de Zulemita o el supersecretario Ramón Hernández– se demoraban en forma inexplicable y algunas terminaron en un pantano más que sospechoso.
Algunos casos son notorios:
- María Romilda Servini de Cubría se hizo famosa a raíz del Yomagate, o sea la causa por narcotráfico que involucró a Amira Yoma, cuñada de Menem. Hubo doce juicios políticos en su contra, pero ninguno prosperó por decisión del PJ. Recientemente se pidió su juicio político por el allanamiento al diario La Nación.
- Juan José Galeano tuvo –y aún tiene– una controvertida actuación en el caso AMIA, al punto que lo investiga otro juez, Claudio Bonadío. Galeano toleró un manejo indiscriminado de la pesquisa por parte de la SIDE y fue denunciado hasta por su propio secretario, Claudio Lifchitz. Galeano también manejó la causa por el enriquecimiento de María Julia Alsogaray y tardó nada menos que nueve años en terminar la investigación.
- El juez Norberto Oyarbide está actualmente en la picota, tras ser salvado por la mayoría del PJ de la destitución. A raíz de una denuncia de los ahorristas encabezados por Nito Artaza, está en plena guerra con la comisión de diputados que resolvió investigar a miembros de la Corte que fallaron a favor de la redolarización. Estudia imputar a los diputados por “obstrucción de justicia”.
Desde la reforma constitucional, el Presidente tiene la facultad de designar una terna de la cual el Consejo de la Magistratura debe elegiruno, sí o sí. Todo indica que ahora el Ejecutivo buscará una nueva forma de designación, tal vez recurrirán a lo que ya hizo con los jueces de la Corte: que los candidatos sean evaluados de forma totalmente distinta.
En la Capital Federal, por ejemplo, hay cuatro juzgados vacantes, o sea que de allí ya podrá salir una primera línea de jueces nuevos. Pero, además, hay juzgados vacantes en el interior del país, donde también vendrá el recambio.
De todas maneras, buena parte del peso de la Justicia federal está en manos de los actuales magistrados. En ese terreno, todo indica que el Ejecutivo va a insistir con el concepto de que “no se puede construir una sociedad sin justicia y con impunidad”. Eso significa que habrá una mirada sobre las causas de corrupción demoradas y, de hecho, que se aceleren los procesos de juicio político que ya están en marcha contra jueces que no actuaron como corresponde.