Haciendo uso de su derecho a defenderse por escrito, el juez federal Claudio Bonadio no se presentó al Consejo de la Magistratura, donde debía declarar en relación con denuncias por mal desempeño, sino que envió un texto de descargo. Acusado de demorar investigaciones en dos causas de fraude durante el menemismo (una sobre la curtiembre Yoma y otra con la privatización de Tandanor), el magistrado dijo que no existen elementos en su contra y que sus denunciantes actuaron “con malicia evidente”.

Los expedientes contra Bonadio fueron impulsados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y podrían llevarlo a ser suspendido y enviado a un juicio político.

En el descargo de 75 carillas, el juez alegó en relación con la causa Yoma que el tema ya fue investigado por el Consejo de la Magistratura, que en su oportunidad desestimó la denuncia. En cuanto a Tandanor, alegó que el expediente estaba prescripto antes de llegar a su juzgado: “Si la causa estaba prescripta en 1999 antes de que tuviera radicación en mi juzgado, nunca se pudo configurar la causal de mal desempeño”.

El escrito llegó a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo diez minutos antes de la hora que había sido fijada para la audiencia. Si bien la posibilidad de un descargo por escrito está legalmente habilitada, las ONG denunciantes se quejaron de la decisión que –señalaron– dejó a los consejeros “sin la posibilidad de formular repreguntas en el momento e impide dar mayor publicidad” al proceso.

Según la denuncia de la ACIJ, Tandanor fue adjudicada al consorcio Marítimos SA por una licitación internacional de acuerdo con la cual debía pagar siete millones en efectivo y cancelar 52 millones a través de una póliza de caución. La falta de pago dio lugar a una denuncia por defraudación. El fraude fue estimado en 45 millones de dólares.

La investigación de Bonadio, señaló la ACIJ, demoró nueve años, tres de los cuales fueron el tiempo que el juez se tomó desde que el fiscal pidió elevar el caso a juicio oral hasta que efectivamente lo hizo. El expediente fue declarado prescripto, aunque luego la Cámara de Casación lo reabrió.

En su defensa, Bonadio dijo que lo que haya hecho en esa causa “es jurídicamente irrelevante” porque los delitos que se investigaban habían prescripto al llegar el expediente a su juzgado. Por esto, remarcó, el mal desempeño “no se configuró nunca”.

“Lo único que sí se configuró fue la malicia evidente en la falsa denuncia realizada por Ezequiel Nino”, agregó aludiendo a uno de los fundadores de la ACIJ.

Sobre la causa Yoma, el juez dijo que los hechos que se le imputan “ya fueron motivo de tratamiento por el plenario del Consejo y fueron oportunamente desestimados”. En aquel expediente se puso a la curtiembre de los Yoma bajo la lupa por un presunto fraude bancario. De acuerdo con la denuncia, la empresa habría cedido títulos de crédito al Banco Macro, que luego fueron nuevamente (en forma irregular) cedidos, pero al Banco Nación.

El magistrado alegó que en este caso la acusación en su contra es cosa juzgada. “La cuestión de los retrasos injustificados en la tramitación de la instrucción” del caso Yoma, señaló, “fue motivo de resolución por el Consejo no en una oportunidad, sino en dos oportunidades anteriores”.

Además recordó que no fue él quien determinó la prescripción del expediente, sino que ello sólo ocurrió cuando el caso llegó al Tribunal Oral Federal 5.

“La comisión (de Disciplina y Acusación) evitó evaluar el tiempo que la causa estuvo en instancias de revisión”, sostuvo el juez.

Por todo esto, pidió que la cuestión sea rechazada in limine, es decir, sin tratamiento.

Tras pedir que las dos denuncias fueran descartadas, cerró su argumentación citando al consejero kirchnerista Carlos Moreno. La Comisión de Disciplina y Acusación “ya tuvo su circo mediático, ahora debe proceder ajustada a derecho”.