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El gobierno de España decidió no reclamar la extradición de los 40 represores presos por pedido del juez Baltasar Garzón. Fundamentó esta medida en que, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, “la República Argentina se encuentra en condiciones de iniciar la fase judicial que permita en su territorio el enjuiciamiento de los hechos”. Pero aquí, aún resta que la Corte Suprema siente su posición sobre la reapertura de los procesos contra los militares de la última dictadura militar. Cuando la resolución llegue por los canales oficiales o, a partir del martes próximo, cuando se venza el plazo para que España envíe la documentación, Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi y los otros 38 acusados, empezarían a recuperar su libertad. Sin embargo, muchos podrían volver a la cárcel en un mediano plazo, luego de que la Cámara Federal reimpulse las dos principales causas en su poder sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.
“Desde la fecha de emisión de las órdenes internacionales de detención y, más en concreto, con posterioridad a la formulación de las propuestas de extradición, se ha producido un hecho fundamental que es que el día 21 de agosto de 2003 ha concluido el procedimiento parlamentario por el que se ha procedido a la anulación de las leyes denominadas de Punto Final y Obediencia Debida que impedían el enjuiciamiento y condena de los hechos cometidos en Argentina por nacionales argentinos y que coinciden con los que son objeto de las solicitudes de extradición”, dice la resolución del Ministerio de Justicia de España.
El gobierno de José María Aznar señaló que no continuará el trámite de extradición “con el fin de permitir que la República Argentina ejerza la competencia que le corresponde” y solicitó que se mantenga a los procesados a disposición de la Justicia hasta que se informe a Madrid la culminación del procedimiento.
El canciller Rafael Bielsa mantuvo ayer una charla telefónica con su par española, Ana de Palacio, quien le informó la posición adoptada por el Consejo de Ministros de su país. Pero la comunicación oficial será enviada a Buenos Aires el lunes. Luego de que sea remitida al juez, los represores procesados por genocidio, terrorismo y torturas comenzarán a salir de sus casas, los hospitales o los cuarteles donde están alojados.
“Es una mala noticia, pero puede tener efectos positivos. El gobierno español entiende que hay que darle la posibilidad a los jueces argentinos de juzgar estos crímenes. Está claro que la Corte Suprema debe declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad”, aseguró desde Madrid, el abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, Carlos Slepoy.
–¿Qué pasará si la Corte falla contra la inconstitucionalidad de las leyes? ¿No hay juicios ni allá ni acá? –preguntó Página/12 a Slepoy.
–Si esto ocurriera, se podrían volver a pedir las extradiciones.
Para el abogado argentino, aún existe una chance de que los represores no sean liberados. “El juez Canicoba Corral cuenta con los pedidos de detención, que son en sí mismos denuncias fundadas sobre todos los crímenes que se les imputan a estas personas, con pruebas, extractos de declaraciones. Cualquier juez podría entender esto como una denuncia y abrir en Argentina un proceso, pedir a Garzón toda la documentación e indagar a los acusados”, afirmó.
Canicoba Corral no parece estar de acuerdo con esa hipótesis. Ayer le negó la excarcelación a algunos represores porque aún no había sido notificado de la decisión del gobierno español, pero los dejará en libertad cuando el trámite se concrete. “El motivo del arresto fue el pedido de extradición. Apenas tenga la información oficial voy a proceder a la liberación”, señaló.
No todos los militares reclamados por Garzón quedarán libres. Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Rubén Oscar Franco, Héctor Antonio Febres, Carlos Guillermo Suárez Mason, Jorge Eduardo Acosta y Juan CarlosRolón seguirán arrestados ya que estaban en esa condición antes de que lo dispusiera Canicoba Corral. Los cinco primeros por apropiación de menores y los dos últimos por desaparición de personas y robo de bienes.
Los organismos de derechos humanos recibieron la noticia acerca de la interrupción del proceso de extradición con decepción. “La medida de Aznar quita presión sobre la Corte Suprema. La labor lamentable del Poder Judicial argentino no garantiza que los genocidas sean definitivamente juzgados. Las instancias judiciales internacionales y los pedidos concretos de extradición, obtenidos tras años de lucha, fueron los que ejercieron un efecto definitivo sobre las decisiones políticas recientes y los jueces argentinos”, aseguró Rufino Almeida, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Esta y otras agrupaciones pedirán el lunes una entrevista con Canicoba Corral.
“Por ahora van a quedar libres pero la semana próxima se van a reabrir otras causas. En estos cuarenta días, desde que fueron detenidos los militares, han pasado muchas cosas”, explicó ayer un funcionario judicial. El hombre se refería a que, tal como adelantó Página/12, luego de que se publique en el Boletín Oficial la anulación legislativa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Cámara Federal porteña reabrirá y sorteará entre los jueces de primera instancia los dos expedientes más importantes relacionados con los crímenes de la última dictadura militar: las investigaciones sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo de Ejército, que abarcó la Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires. El presidente Néstor Kirchner informó que firmó el jueves por la noche la promulgación de la ley que anuló las leyes de impunidad.
La sanción de esa norma por los diputados y senadores fue la culminación de un proceso que se inició el 8 de julio pasado, cuando Garzón reclamó el arresto de 46 represores, y que atravesó por la derogación del decreto con el que el ex presidente Fernando de la Rúa rechazaba de plano cualquier pedido de detención internacional que involucrara a personas que hubieran violado los derechos humanos entre 1976 y 1983. De hecho, la amenaza de un charter repleto de represores funcionó como estímulo para los avances internos en las causas en las que investigan los crímenes de la última dictadura. Por eso, Amnistía Internacional calificó de “precipitada” la decisión del gobierno español. El organismo internacional señaló que “sólo sería lógica si la Corte Suprema hubiera declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.