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En medio de la ruidosa condena mediática a que está expuesto el vicepresidente Amado Boudou, hay cosas que no se pueden dejar de lado. Y la primera es que, más allá de las responsabilidades que eventualmente le correspondan, es obvia la intencionalidad política de quitarlo de la línea de sucesión constitucional y anular cualquier futuro político que él pudiera tener.

Otra es “castigarlo”, y con fiereza, porque fue el artífice de la eliminación del sistema de jubilaciones privadas conocido como AFJP, que tan buen negocio fue para pocos, dejando a millones de ciudadanos despojados de una previsión social equitativa e inclusiva como hoy tiene este país.

Y la tercera es enlodar al Gobierno, que en once años y a su pesar ha dejado muchos flancos débiles sobre todo en materia de corrupción. Porque más allá de algunos condenados –el Sr. Pedraza; la Sra. Alsogaray– o de actualmente enjuiciados como el Sr. Jaime, no hay en la Argentina ejemplos contundentes de castigo a la corrupción. Y aunque en ciertas esferas del poder no lo reconocen, es obvio que el kirchnerismo no ha mostrado una gran decisión para combatirla, acaso por el convencimiento generalizado en las dirigencias políticas de que ése, el vicio más repudiable de la política nacional, o no se castiga o no importa demasiado.

Así es como la corrupción se ha convertido en el sello más oscuro de la democracia, y no por creación del actual gobierno sino por esa vergonzosa, infame tradición política que se generalizó con la dictadura militar y en particular desde el menemismo.

En ese contexto el terrorismo mediático que impera y somete a esta nación, aunque muchos lo nieguen, se hace un festín en casos como el de Boudou, más allá de que su reciente defensa fue digna y bastante más esclarecedora de lo que muchos esperaban. Pero él no puede ni podrá, y lo sabe, con periodistas expertos en ocultar y mentir –antes showmen que informadores–, que son los que formatean las cabezas y los discursos de casi toda la dirigencia opositora, tan camaleónica, hipócrita y carente de principios sólidos.

Así las cosas, la todavía llamada con mayúsculas Justicia sigue siendo en este país un muestrario de contradicciones, chicanas, abusos, cautelares y decisiones miserables. Aunque sin dudas con excepciones honrosas, se está mostrando incapaz de autocorregirse y sanearse como sería de esperar en un país que tanto ha cambiado, y para bien, en su camino de construcción democrática.

Sobran los apellidos del Poder Judicial que fueron cuestionados en diferentes momentos. Por citar sólo algunos: Trovato, Belluscio, Galeano, Miret, Brusa, Servini de Cubría, Sabattini, Oyarbide. Pues ahora no faltan los ciudadanos que añadirían a dos que están en estos días en la cresta del poder mediático: uno de ellos es el juez Ariel Lijo, precisamente a cargo de la causa Ciccone y a punto de procesar con fuertísimo apoyo mediático al vicepresidente.

Lijo es el mismo magistrado que autorizó la obtención de la personería jurídico-política definitiva del partido nazi Bandera Vecinal, liderado por un veterano fanático hitlerista llamado Alejandro Biondini, quien calificó de “mentirosa” y “antidemocrática” a toda la dirigencia de la DAIA porque cuestionó esa personería.

Y por si fuera poco es también el magistrado que –a la par que tomaba declaración al Sr. Boudou– sobreseyó en silencio al ex ministro del Interior Carlos Corach, mano derecha del corrupto poder menemista de los ’90. Lo consideró inocente de desviar la investigación del atentado a la AMIA mediante el pago de 400 mil dólares al acusado Carlos Telleldín, sobreseimiento que benefició también al ex comisario general de la Policía Bonaerense Antonio Calabró y a un puñado de policías y ex secretarios del destituido juez federal Juan José Galeano.

Los familiares de las víctimas de aquel atroz atentado, agrupados en Memoria Activa, sostienen que el Sr. Corach fue pieza clave en el armado de aquella pista falsa y por eso rechazaron el fallo de Lijo, subrayando la “casualidad” de que el magistrado sacó esa resolución “justo el lunes, muy probablemente para que esa información quedara opacada por la información de otros casos”, léase Boudou.

Estos favores al ex ministro menemista y al líder nazi fueron rigurosamente silenciados en los llamados “grandes medios”. Quizá porque estaban demasiado ocupados en convertir en héroe contemporáneo al suspendido fiscal José María Campagnoli, a quien la Legislatura porteña designó “Ciudadano Ilustre y Personalidad del Ambito de las Ciencias Jurídicas” a pesar del record de denuncias en su contra por abuso de poder, mal desempeño, procedimientos ilegales e irregularidades en algunas investigaciones, como escribió Raúl Kollmann en este diario. Señaló además que Campagnoli es el fiscal con mayor número de denuncias en su contra, en su mayoría provenientes de sus propios colegas: jueces, fiscales y abogados. Y destacó que ex empleadas de la fiscalía han denunciado que los asistentes de Campagnoli son casi todos “varones, nacionalistas, ultracatólicos, preferentemente rugbiers y/o militantes del PRO”.

Cuando hace poco más de un año el Congreso nacional aprobó seis leyes para reformar la Justicia, pero enseguida todo se frenó por lobbies de juristas e intereses privados, en realidad se buscaba que estas cosas empezaran a cambiar. Por prisa del Gobierno o astucia de operadores antigobierno, aquellas leyes, que eran sin duda perfectibles, son hoy letra muerta. Un crimen que paga la nación entera.