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Las movidas se suceden día a día, la retórica del Gobierno cambia al vaivén de las decisiones. Las tácticas zigzaguean, entonces. La estrategia general no viborea tanto: es coherente, aunque bien difícil de concretar. Se trata de pagarles a todos los

acreedores, con especial cuidado para el 92,4 por ciento que entró en los canjes de 2005 y 2010 (bon in, en adelante). Ellos pactaron con el Estado argentino, que debe honrar sus derechos. El plan de pagos y su operatoria están claramente fijados. Argentina tiene que cumplirlos porque la sumisión a la ley no empieza ni termina en el despacho del juez Thomas Griesa. Ni concierne sólo a los holdouts en general ni menos a los fondos buitres en particular.

Compatibilizar las dos vertientes de obligaciones es una carga que pesa sobre la Argentina. A los bon in les importa mucho. A los buitres nada. A Griesa, entre poco y nada.

Evitar que la ejecución de la sentencia de Griesa active una cascada de demandas de otros acreedores es un deber de la Argentina, que Griesa ignora y a menudo obstruye.

El Gobierno depositó en el Banco de Nueva York (BNY) la cuota que vence mañana, 30 de junio. La adelantó levemente, por razones operativas y burocráticas. Y le pidió-exigió a Griesa, en un comunicado tajante y confrontativo, que no la embargara, que permitiera su cobro.

Hay varios domicilios de pago, que eligieron los bon in. Nueva York es el más importante y el más trabado hoy día. Buenos Aires es aquel en el que los acreedores podrán juntarse más fácilmente con su plata.

El comunicado fue leído por el ministro de Economía, Axel Kicillof, haciendo excepción a la costumbre oficial de no ceñirse a textos escritos en presentaciones públicas. Las aseveraciones eran drásticas, la cautela fincó en garantizar precisión. Eso, desde ya, no comprueba que el documento sea acertado (lo que es opinable siempre y verificable con el tiempo), pero sí que las palabras se premeditaron en detalle.

Se clamó que la sentencia es injusta, lo que es normal en cualquier pleito: el que pierde tiene derecho jurídico a recurrirlo hasta lo más alto y democrático a cuestionarlo si es vencido.

La imputación de parcialidad a Griesa es rupturista, porque ya no habla de errores o criterios diferentes. La reseña de medidas cautelares abusivas contra el Estado argentino (mayormente rechazadas luego) subraya, con elementos sólidos, la hipótesis de ensañamiento. La síntesis última se puede cifrar en una idea fuerza: queremos pagar a los bon in y en su momento hacerlo con los buitres, tras un acuerdo. Al impedir la primera fase, Su Señoría empioja la segunda.

La plata se depositó, conforme lo reglado. Era de cajón que a Griesa le caería mal. Los fondos buitre pidieron el embargo de los 539 millones girados al Banco de Nueva York (BNY). La mayoría de los analistas ponderó que se haría lugar. Pero en la audiencia del viernes, bien narrada ayer en este diario, hubo algunas sorpresas. Envueltas en varias confirmaciones, claro.

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Regreso desde Montana: Según la crónica de Página/12, Griesa destacó “mitad en serio, mitad en broma” su fastidio por haber tenido que volver de sus vacaciones en Montana. Los habitués de películas o series norteamericanas “de juicio” están (estamos) familiarizados con jueces cascarrabias y con sus bocadillos sarcásticos.

El juez denegó el embargo, sin dar mayores explicaciones. Pero consideró “ilegal” el pago realizado a acreedores que no litigan en su juzgado. Esa es una exorbitancia sobre la que se volverá, líneas abajo.

Volvió a instar a las partes a que negocien con el “special Master”, Daniel Pollack, a quien los medios argentinos suelen llamar “mediador”. Traducir instituciones anglosajonas al castellano no es simple ni lineal. Los sistemas jurídicos argentino y gringo distan de ser idénticos. En cualquier caso, Pollack tiene menos atribuciones que las que usualmente posee un mediador por acá. Básicamente, sólo puede implicarse si las partes acuerdan reunirse.

No hay embargo, el juez prescribe que el pago está vedado. El plazo legal vence mañana y hay una espera de 30 días para que el Estado cumpla con sus compromisos. Si no lo hace, podría caer en el llamado “default técnico”. Default peculiar, porque no sólo media voluntad de cumplimiento, sino pago efectivo, en tiempo y forma. No hay insolvencia, ni respecto de la deuda canjeada ni en términos generales.

Hay marcadas diferencias con el trágico precedente de 2001-2002. No se produciría una cadena de incumplimientos, una ruptura cuasi universal de los contratos, ni se frenaría al mango el funcionamiento de la economía real.

Esa distancia sideral no le resta entidad a un eventual “default técnico”, concuerdan mayormente economistas más o menos K. El crédito internacional se encarecería. Hay intención del Estado nacional y de muchas provincias para tomar divisas en préstamo, en el corto plazo: se haría entre más costoso y prohibitivo. También se encarecerían las prefinanciaciones para el comercio exterior, una operatoria cotidiana.

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Hechos constantes, palabras tonantes: Los gobiernos kirchneristas hicieron mucho para salir del default, vigente y gravoso en 2003, tanto como para no recaer en él. Su trayectoria es constante: el primer canje, el segundo, los pagos regulares. Se negoció con firmeza, se cumplió lo prometido. La retórica kirchnerista es discutible, también la calidad de cada una de sus decisiones parciales. Los debates son contrafactuales, todo puede argüirse en ese terreno. Muchos de los críticos están deslegitimados por sus desempeños previos en función de gobierno. Sobreendeudaron al país, jamás bajaron la ratio deuda-PBI, de ordinario fueron débiles o hasta lamebotas en las tratativas.

Hoy día, el oficialismo no quiere defaultear. Pero, con toda lógica, tampoco quiere generar un efecto dominó de reclamos. La regla RUFO (igualdad de trato a los bon in si hay ulteriores pactos más generosos con otros acreedores) restringe los márgenes de maniobra. Hay una fecha límite de vigencia de la RUFO, el 31 de diciembre. Si el tribunal de Manhattan o la Corte norteamericana dejaban deslizar un pleito de doce años hasta entonces hubieran catalizado una transacción con los buitres, despejando el escenario argentino. Pura razón instrumental, bastante equidad... lo que no entra en el horizonte conceptual de Griesa.

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Un banco local: El BNY estuvo representado en la audiencia. Su abogado le preguntó a Griesa qué debía hacer, explicitando que podía tener consecuencias legales según las distintas alternativas. Su Señoría, con magnanimidad selectiva, lo dispensó de culpa, por ahora. “Su banco no hizo nada malo –acarició, para luego sugerir–, creo que debería devolver el dinero a la Argentina” (“I think you should return the money...”). El colega asistente, consultado para esta nota, percibió que el tono fue menos imperativo que el de otros momentos. Cuando Griesa quiso ponerse firme con una orden siempre lo hizo y no fue ese el caso.

El Estado nacional emitió otro comunicado tras la audiencia. Responsabilizó a Griesa de impedir los pagos a los bon in sin derecho ni razón. Le atribuyó haber exorbitado los márgenes de su competencia. El juzgado atiende un pleito de inversores anteriores a 2001, lo que no le da jurisdicción para inmiscuirse con otro conjunto, el de los bon in. Y menos interferir en su derecho a cobrar.

El argumento es redondo, en términos jurídicos. Así se escribió en dos notas de este diario, una semana atrás. Claro que tener razón no basta en un litigio que se dirime en territorio hostil no sólo con la ley en la mano, sino en función de relaciones de poder. Y contrarreloj, para colmo.

Llevado a algo más concreto, es claro lo que debería hacer el BNY con apego puro a derecho: cumplir con el Estado argentino (con el que firmó un acuerdo) y con los bon in (con los que tiene una obligación). Y, stricto sensu, no recibió una orden de Griesa. Pero está por verse cómo actúa. Lo más previsible es que prefiera quedar bien con los tribunales neoyorquinos. Moran en la misma isla, responden a los mismos intereses... y esos magistrados los juzgarán si tienen un conflicto posterior. Los bonistas desamparados podrían intentarlo, desde ya.

La reputación de Nueva York como plaza segura para cobranzas financieras podría deteriorarse. Todo eso es futuro, no inmediato. Lo acuciante es acatar o no el consejo incompetente (en doble acepción) de Griesa.

La conducta del BNY en esa audiencia y en otra anterior alienta el pesimismo. Ya consultaron al juez, hay un acta que lo registra. Un baqueano del sistema financiero, requerido por el cronista, “traduce” un diálogo pleno de tecnicismos y hablado en jerga. “Ni usted, que es abogado y periodista, ni yo, que soy economista, podemos ponerlo así. Pero el BNY ya dijo que se bajará los pantalones ante el juez.” ¿Lo ponemos? Dale.

No es simple la movida del banco, anyway. Los asuntos legales y financieros son sutiles. Sin arrogarse dotes de especialista o de todólogo, este cronista se atreve a sugerir un eje. ¿De quién es la plata que se depositó a la orden del BNY? Si fuera de Argentina, verosímilmente Griesa la hubiera embargado o declarado indisponible. Lo más razonable, en función del mecanismo refinado del canje, es que una vez transferidos los dólares están a disposición de los acreedores e integran ya su patrimonio, ajeno al imperio del juez.

“Devolverlos” como quien restituye una mercadería en mal estado al almacenero es más arbitrario y menos lícito de lo que Griesa piensa, o manda.

Hacer profecías es demasiado audaz. Nada será gratis para el BNY, pero hasta ahora la localía de los buitres ha signado los resultados.

Es arduo desentrañar el objetivo de cada jugada argentina, que seguramente especula sobre el “quiero retruco” de Griesa y de los buitres. De cualquier manera, es clavado que el depósito en el BNY machaca y hasta redunda sobre su intención de estar en regla con los bon in. También se subraya el afán de no privilegiar, en nada, a los fondos buitres.

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Confluencia en el horizonte virtual: Son contados los especialistas serios en estos manes. El universo se reduce si se aíslan a los que militan contra el Gobierno. Entre los que se salvan, cunde una interpretación, que sintetizamos velozmente.

La Argentina no quiere un default. Se esmeró para no caer en él, durante once años. Y no le conviene ahora.

A los buitres tampoco les serviría porque sus créditos perderían privilegios y cobrabilidad. Pasarían de nuevo a la masa gigante e informe de la deuda impaga y en estado de quiebra.

Los intereses, vaya, convergen en el horizonte. El diagnóstico luce racional, si sólo se trata de dinero y no de debilitar a un país soberano. Aun pensando que la codicia es el móvil primero de los fondos buitre, la falta de pericia o el descontrol de los protagonistas puede conspirar contra el objetivo conjunto.

Los negociadores y funcionarios argentinos aspiran a encontrar una fórmula que no desaire a los bon in, que desaliente activar la cláusula RUFO. Algunos especialistas dicen que es posible (y aceptable para los buitres) una ingeniería financiera que preserve todas esas variables. Nadie la ha expuesto en negro sobre blanco, que se sepa, aunque se desconocen los resultados de consultas que hizo el Gobierno con expertos de variado pelaje. Incluyendo a Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas y uno de los artífices del primer canje.

La escena muda y se trastrueca día a día. Regularizarla es central para el país todo. También para un gobierno que atraviesa su trance más difícil, aquel en que casi toda la agenda pública le es adversa.

Un repunte en las variables económicas sería crucial para mejorar la ecuación. Es el área donde el oficialismo supo hacer pie en sus mejores momentos. O en los peores, para recuperar terreno. La gestión respectiva también está supeditada a las vicisitudes que, por defección histórica, se tramitan en tribunales hostiles de la potencia imperial.

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