La Cámara Federal rechazó una denuncia de un acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, radicado en Francia y con pedido de extradición contra el juez federal Sergio Torres, otros funcionarios judiciales y del Gobierno y periodistas. Torres es quien lleva adelante la megainvestigación sobre ese centro clandestino de detención y torturas que funcionó durante la dictadura.

Se trata de Mario Alfredo Sandoval, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal que integró el grupo de tareas 3.3 con el alias Churrasco. A través de su abogado, Osvaldo Alfredo Viola, el imputado denunció a Torres y, además, “al secretario actuante, al fiscal interviniente y querellantes, ministros y funcionarios de Cancillería, del ministerio y organismos de seguridad, Interpol, la Unidad de Inteligencia Financiera (sic) y periodistas”. A todos les atribuyó una “presunta asociación criminal que habrían conformado en perjuicio” de su libertad, con el objetivo de obtener su extradición y ponerlo preso en el marco de la causa ESMA.

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió la desestimación de la denuncia y el juez Julián Ercolini falló en ese sentido, pero Sandoval apeló y el expediente llegó a la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun. El tribunal analizó la denuncia “en torno de la presunta asociación ilícita integrada por diversas personas con el objetivo de coartar los derechos” de Sandoval y descartó tal hipótesis. Según concluyeron los jueces, “las circunstancias relatadas no permiten advertir la existencia de conducta ilícita alguna por la que deba iniciarse una investigación penal, ni presumir que la actuación de los funcionarios cuestionados se hubiese desarrollado a partir de una voluntad motivada en la violación de las normas penales, y menos aún de asociarse para perjudicarlo”.

Sandoval hizo carrera en Francia, donde desarrolló vínculos en círculos académicos, empresariales y políticos, y es consejero de paramilitares colombianos. El juez Torres pidió su captura internacional con fines de extradición, pero el represor sólo llegó a estar detenido una semana. Está imputado por delitos de lesa humanidad contra 400 víctimas, entre ellas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, un caso por el que Francia condenó en ausencia a Alfredo Astiz.

Integrantes de organismos de derechos humanos junto a los familiares de Hernán Abriata –detenido-desaparecido que fue secuestrado por una patota encabezada por Sandoval– acudieron a la Embajada de Francia para entregar una carta dirigida al presidente François Hollande, a quien pidieron que implemente todas las medidas a su disposición con el objetivo de garantizar la extradición del represor. La Justicia parisina hizo lugar a ese pedido, pero sólo por el caso de Abriata, por lo que el represor no podrá ser juzgado por otros crímenes.

Cuando comenzó la dictadura, Churrasco Sandoval era un joven oficial de la Policía Federal asignado al Departamento de Asuntos Políticos y ya había realizado cursos de instrucción en “lucha antisubversiva”, donde aprendió técnicas de interrogatorio bajo tortura. En noviembre de 1976 consiguió una recomendación por su desempeño en “procedimientos antisubversivos”. Algunos sobrevivientes lo describen como “algo distinto en la ESMA, porque manejaba mucha información y era muy culto”. Por su parte, la abogada Sophie Tonon dijo que “las personas que lo vieron subrayan su frialdad casi inhumana en el trato, tiene algo así como un olor diabólico”.