El 31 de julio de 1974, al año de jurar que “la sangre derramada no será negociada” y tras honrar ese compromiso desde su banca de diputado, Rodolfo Ortega Peña fue asesinado por la Triple A, banda parapolicial a la que llegó a denunciar en el último tramo del gobierno de Juan Domingo Perón. Abogado laboralista, defensor de presos políticos, periodista, escritor, historiador, estudiante de filosofía, pero ante todo militante revolucionario, intelectual comprometido con su pueblo, Ortega Peña, contra lo que sugieren sus últimas imágenes, tenía sólo 38 años. A cuarenta del asesinato, el periodista Pablo Waisberg, coautor junto a Felipe Celesia de La ley y las armas. Biografía de Rodolfo Ortega Peña (Aguilar, 2007), difundió en el portal Infojus los registros recuperados por la Comisión por la Memoria bonaerense del archivo de la ex Dirección de Informaciones de la Policía provincial (Dipba), que incluye informes propios y del Ejército.

El primer informe data de 1965 y trata sobre los Centros Organizadores Nacionales de Orientación Revolucionaria, que Ortega Peña impulsó junto a Eduardo Luis Duhalde. Lo “habrían constituido un grupo de amigos intelectuales”, apuntó la Bonaerense en referencia al armado que incluyó entre otros a José Hernández Arregui y John William Cooke. El objetivo era ir “aglutinando a las izquierdas peronistas que concluirán con el mito de la tercera posición”, para lo cual trabajarían “dentro de los tres sectores base para la vida del país: Iglesia, Ejército e Industria”, resumieron los agentes del entonces Servicio de Informaciones (Sipba).

En 1969 apuntaron el nombre de Ortega Peña como “integrante de la Comisión Nacional Pro-Repatriación de los restos del brigadier general Don Juan Manuel de Rosas” y presenciando una misa en memoria de los caídos en el combate de Vuelta de Obligado, sobre la que informó el diario Clarín. Ya en 1971, durante la dictadura de Agustín Lanusse, registraron su nombre, pero como ausente “por motivos que se desconocen”, en una conferencia de prensa de la CGT de los Argentinos para denunciar “los atropellos que se cometen contra los ciudadanos, principalmente en el orden político y gremial”. En el verano de 1971, con Ortega Peña ya convertido en defensor de presos políticos, la Dipba apuntó infidencias de una cena en San Carlos de Bolívar, el pueblo de su esposa. El seguimiento –según informó Waisberg– lo había pedido el intendente del pueblo, incómodo por la presencia de quien defendía a los detenidos por el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu.

El 18 de agosto de 1972, la Bonaerense tomó nota de la detención de Ortega Peña recién llegado a Rawson, tres días después de la fuga del penal que ridiculizó al gobierno de Lanusse. Días después, consumados los fusilamientos en la Base Aeronaval Almirante Zar, también fue anoticiada de su presencia en Punta Alta, en el hospital de la Base Naval de Puerto Belgrano, para intentar tomar contacto con los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew.

Uno de los documentos más detallados recuperados por la Comisión de la Memoria que se refiere a la militancia de Ortega Peña es un informe de la SIDE de octubre de 1972 sobre la Asociación Gremial de Abogados y el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos. Entre los “objetivos perfectamente definidos y selectivos” de ambas entidades se destacan “asumir la defensa de la casi totalidad de los elementos detenidos por actividades subversivas”, “reunir testimonios sobre presuntos apremios ilegales” y asesorar a “los elementos subversivos” sobre “técnicas para contrarrestar los interrogatorios policiales y judiciales”. Concluye la SIDE que la Gremial de Abogados y su “apéndice” constituyen “uno de los tantos instrumentos montados por el comunismo internacional”, “un verdadero aparato montado al servicio de la subversión”.

El último documento, de marzo del ’73, trata de “reuniones sobre los presos políticos” y lleva la firma del coronel Alberto Valín, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército. Registra reuniones en “medios sindicales justicialistas” y la reimpresión de los testimonios de los sobrevivientes de la masacre de Trelew y la conferencia de prensa posterior, de la que participó Ortega Peña. Valín apunta que “se ignora dónde fueron impresos y quiénes lo financiaron”, preguntas que luego llevarían a las mesas de tortura. “Uno de los abogados que más insiste sobre este problema es Ortega Peña, y sería su intención llevar el asunto hasta los estrados del próximo cuerpo legislativo”, advirtió Valín, que años después se convertiría desde el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en uno de los cerebros de la coordinación del terrorismo de Estado.