La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó ayer que le solicitará hoy a su par en Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC), que informe sobre quienes negociaron e intermediaron los bonos públicos emitidos por la Argentina y los swaps de incumplimiento crediticio (CDS por sus siglas en inglés) vinculados con la deuda soberana. El objetivo es individualizar a los tenedores de esos títulos que operaron en el mercado de Nueva York. En el Gobierno sospechan que el juez de Nueva York Thomas Griesa le negó a la Argentina el pedido de una cautelar para evitar que los inversores que entraron al canje cobren y así habilitar a los buitres a reclamar el pago de los seguros contra default. Por ese motivo, Economía notificó el viernes a la CNV esta situación y le solicitó que inicie una investigación para determinar si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los holdouts, tal como informó Página/12.

La CNV, organismo conducido por Alejandro Vanoli, adelantó ayer a través de un comunicado que buscará determinar si existió un posible conflicto de intereses y manipulación de mercado por parte de un grupo de tenedores de bonos, entre los que se encontraría la firma Elliott Management Corporation (de la cual NML Capital es parte), que optaron por no participar de la reestructuración de deuda y mantienen un litigio con la Argentina en los Tribunales de Nueva York, y al mismo tiempo poseen CDS e integran el Comité de Determinación de Créditos Derivados de ISDA (Credit Derivatives Determination Committee). La CNV recordó además que el fondo estadounidense Elliott Management ya estaría siendo investigado por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) por posible delito de uso de información privilegiada con relación a una operación bursátil.

“El caso podría ser aun de mayor gravedad que uno de uso de información privilegiada, porque el juez Griesa dejó en claro que delegó en los fondos que se encuentran en litigio con el país la decisión de conceder una suspensión de la sentencia y, de este modo, si tuvieran en su poder CDS, podrían haber producido ellos mismos las condiciones del cobro”, remarcó la CNV.

Economía ya expuso este argumento el viernes en un duro comunicado, donde cuestionó la actitud del magistrado neoyorquino: “Nunca mejor aplicada la frase ‘juez y parte’. Pero lo más grave es que ya no estaríamos ante la conocida figura de ‘utilización de información privilegiada para favorecerse’, figura condenada internacionalmente por todos los organismos de contralor, sino que estaríamos ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece”, indicó el organismo comandado por Axel Kicillof. El viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, habló ayer por radio y reiteró las sospechas.

Los CDS son contratos entre privados que se negocian por fuera de un recinto bursátil por medio de los cuales una parte ofrece pagar el valor facial de una obligación en caso de incumplimiento de la entidad de referencia, a cambio de recibir pagos de interés periódicamente. Concretamente funciona como un seguro frente a un evento de incumplimiento de pagos. Para que esto ocurra, es decir para que se dispare el cobro de los CDS, es necesario que la ISDA, la organización privada que agrupa a los participantes de este mercado, determine que se ha producido un default, como lo hizo el viernes pasado. Esa decisión habilitó ya el cobro de los seguros por un monto cercano a los mil millones de dólares.

La CNV aclaró además que puede solicitar información a la SEC en virtud del Memorando de Entendimiento (MMoU) de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco), que establece un marco jurídico para consulta, cooperación e intercambio de información entre los firmantes, y así fortalecer la prevención de prácticas fraudulentas y otras conductas contrarias a la transparencia. “Uno de los aspectos que permitieron el acceso a los estándares regulatorios internacionales fue la sanción de la nueva Ley de Mercado de Capitales que alinea a la Argentina con las normas más avanzadas a nivel internacional”, destacó el organismo que conduce Vanoli.