Los cinco acusados ingresaron a paso lento a la sala Amia de Comodoro Py. Como si el lugar que les fuera reservado en las filas de la comandancia del Ejército aún los obligara a mantenerse unidos frente a otros de menor monta, los represores Reynaldo Bignone y Santiago Riveros se sentaron juntos. A no ser por algún que otro mínimo gesto, sus caras mantuvieron un rictus serio. La misma frialdad transmitían los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco, que ocuparon asientos distantes. En la última fila que la sala reserva para los acusados quedó, sola, la obstetra Luisa Arroche de Sala García que, a diferencia de los otros imputados, se esforzó para que no sólo los jueces, sino también los representantes de las acusaciones, los abogados defensores y el público –reducido a nietos recuperados y algunas personas de a pie que se acercaron “para acompañar”– viera sus muecas inconfundibles de la burla. Todos se sentaron y aguardaron en silencio el comienzo de la primera audiencia del juicio por el robo de nueve bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la última dictadura.

Catalina de Sanctis Ovando y Francisco Madariaga Quintana son cuatro de esos entonces bebés que presenciarán, con su identidad restituida, el juicio que los atraviesa como víctimas. Llegaron ayer al edificio de los tribunales federales de Retiro acompañados de otros nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. “Somos la muestra viva de lo que pasó en aquellos días en Campo de Mayo”, se autodefinió Madariaga. Como el resto de los nietos, no tiene espacio para dudas sobre las víctimas y victimarios en la persecución que se tragó a sus viejos. Por eso, atesora dentro suyo solo expectativas: “Que la Justicia empiece a juzgar a los médicos que nunca estuvieron sentados en el banquillo significa abrir puertas. Esperamos saber qué penas les darán por los delitos que cometieron y lo que esperamos todos los años con todos los represores: que alguno se quiebre y diga todo lo que sabe”, explicó Madariaga.

Este debate es una especie de continuidad de la causa que quedará en la historia como el “juicio por el plan sistemático de robo de bebés”. Ahora, el mismo tribunal abre el juego de responsabilidades, que en aquella oportunidad sólo se limitó a las primeras líneas de las fuerzas de seguridad: Riveros y Bignone. Ambos condenados ocupan desde ayer el sector de los acusados por jerarquía. A ellos se suma Bianco y Martín, médicos castrenses retirados, y Arroche, obstetra que se desempeñó en Campo de Mayo, quienes responderán por haber estado bastante más cerca de los hechos.

Abuelas de Plaza de Mayo es la única querellante en el debate oral, cuya presencia estuvo a cargo de su secretario y padre de Francisco, Abel Madariaga. La asociación comparte la acusación con la fiscalía, representada en Martín Niklison y Mercedes Soiza Reilly. La presidenta del TOF Nº 6, María del Carmen Roqueta, dirigió al secretario del tribunal para que leyera, en el marco de la audiencia inaugural y estratégicamente combinados, los nombres, los hechos, el contexto en el que se produjeron y las acusaciones de los requerimientos de elevación a juicio de ambas partes, sin caer en repeticiones engorrosas.

El eje de los dos requerimientos no son sólo las violaciones a los derechos humanos que sufrieron esas mujeres sino, sobre todo, lo que ocurrió con los hijos que parieron en cautiverio. El delito común al que acudieron las partes para exigir el inicio del debate oral contra Riveros, Bignone, Martín, Bianco y Arroche es el de sustracción, retención y ocultamiento de un niño menor de diez años y la supresión de su identidad. Las partes también señalaron a algunos acusados por la privación ilegítima de la libertad y las condiciones de ese cautiverio, o sea los tormentos que sufrieron las víctimas cuya estancia en el Hospital Militar al momento del alumbramiento consideraron probada.

Además del contexto –el plan sistemático de represión ilegal y la sustracción de bebés durante la dictadura–, los acusados, la fiscalía y la querella compartieron de manera casi total las nueve historias presentes en la causa para elaborar sus imputaciones y atribuir responsabilidades: con mínimas diferencias y brevemente, describieron el destino último de las jóvenes Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña: todas fueron militantes, todas fueron secuestradas por miembros de las fuerzas de seguridad públicas durante la última dictadura cívico-militar, todas estaban embarazadas en ese momento y en ese estado fueron mantenidas cautivas en centros clandestinos de detención ubicados dentro de la jurisdicción militar de Campo de Mayo; casi todas –salvo Acuña, Stritzler y Norma Tato, cuyo caso solo lo tomó la querella– parieron a sus hijos en la maternidad clandestina que funcionó en los límites de esa zona del Ejército; todas, a excepción de Alvarez, que fue asesinada, permanecen desaparecidas.

Si bien son sólo estos casos los que integran el juicio, no son los únicos que ocurrieron en el espacio investigado: existen al menos una decena cuya instrucción está finalizada y por lo tanto prontos a ser elevados a juicio. Por ellos, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones que le pida “celeridad” al juzgado de Instrucción. “El juicio llegó por fin y es un lujo tener a Bianco, un reverendo genocida, respondiendo por lo que hizo, pero es necesario que los casos que esperan por su elevación lleguen a acá”, reflexionó Abel Madariaga. “¿Qué esperan? ¿Que hagamos esto otra vez?”, cuestionó.