Los empresarios del mercado interno continúan confrontando respecto de las propuestas del Gobierno para regular las relaciones de consumo y producción a través de las reformas de la Ley de Abastecimiento, la creación de un observatorio de precios y la puesta en marcha del fuero del consumidor. Las cámaras de la construcción, la industria, el agro, el comercio, el mercado de capitales y los bancos, que conforman el grupo de los seis (G-6), emitieron ayer un comunicado para expresar nuevamente su rechazo a los proyectos de ley del oficialismo. Apelaron a la “conciencia republicana” de los legisladores para frenar estas iniciativas. A diferencia de esta lectura, las entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas, las cuales sufren los abusos de precios de los sectores con posición dominante, apoyaron las medidas estatales para intervenir en la economía.

Los empresarios del G-6 se mostraron en contra de la Ley de Abastecimiento, puesto que aseguraron que tendrá un efecto nocivo para la inversión, la actividad económica y el nivel de empleo a nivel nacional. Mencionaron que si se vota a favor del proyecto del Gobierno se estarían validando a través del Congreso mayores “intervenciones discrecionales” sobre la economía, lo cual potenciaría las distorsiones que ya generaron el crecimiento y la participación del Estado durante los últimos años. “Se formula una apelación a la conciencia republicana de los señores legisladores para garantizar el respeto a la Constitución Nacional, la división de poderes y el funcionamiento previsible de la actividad económica”, advirtieron las entidades que agrupan a sectores concentrados de la producción. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, adelantó además que si la propuesta del oficialismo es aprobada en el Senado, la decisión del G-6 será recurrir a la Justicia para defender “derechos constitucionales de la propiedad privada”.

Las organizaciones que reúnen a las pequeñas y medianas empresas manifestaron una posición muy diferente respecto del G-6. “Es una ley en favor de los consumidores y de los empresarios pymes, que busca limitar los excesos por parte de las corporaciones y los grupos concentrados”, señaló el tesorero de la Confederación General Económica, David Selser. Desde la Asociación Pyme precisaron que las propuestas del Ejecutivo tienen una clara intención de potenciar el funcionamiento del mercado interno. “Con precios que ascienden debido a la especulación de los monopolios y oligopolios, con ganancias exageradas que no se traducen en mejoras salariales, con empresas que obtienen rentas millonarias y, sin embargo, reducen personal descarnadamente, la economía interna precisa una red de contención”, agregó la entidad. Las entidades pymes coincidieron en que la idea de regular las relaciones de producción y consumo de la economía avanzan en la dirección adecuada, puesto que permite defender a más de 250.000 empresas que se abrieron en los últimos años.