La Cámara de Diputados se preparaba para votar durante la madrugada el paquete de leyes destinado a proteger a los consumidores del abuso de posición dominante de ciertos sectores de la economía. El Frente para la Victoria estimaba que aprobará las tres normas en juego con al menos 133 votos afirmativos debido al apoyo de aliados como Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, Movimiento Popular Fueguino y el Frente Cívico por Santiago. Tampoco se descartaba el respaldo a alguna de las iniciativas por parte de legisladores opositores. De hecho, los discursos de los diputados hacían prever anoche que la creación del fuero de los consumidores recibirá mayor apoyo que la reforma de la Ley de Abastecimiento y el Observatorio de Precios.

El debate comenzó ayer al mediodía cuando el oficialismo consiguió el quórum con la presencia de los legisladores del Movimiento Popular Neuquino y los cordobeses Blanca Rossi y Carlos Caserio, que responden al gobernador José Manuel de la Sota. También estuvieron en sus bancas los cinco miembros de Compromiso Federal, cuyo referente es el senador opositor Adolfo Rodríguez Saá. También aportó al quórum el sindicalista de la CGT Omar Plaini aunque, que hayan estado presentes para dar inicio a la sesión no quiere decir que voten afirmativamente con el oficialismo.

Al cierre de esta edición, la hora de votación era materia de negociación. De cumplirse a rajatabla la lista de oradores, el debate debería concluir hoy al mediodía, es decir 24 horas de sesión interrumpidas. Sin embargo, cerca de las ocho de la noche de ayer los presidentes de los distintos bloques comenzaron a negociar una reducción del tiempo estimado para llevar la votación definitiva cerca de las siete de la mañana. Y cerca de la diez de la noche, el presidente del cuerpo, Julián Domínguez, anunció que podría votarse cerca de las dos y media de la mañana. En total se pusieron a consideración 20 dictámenes, los tres de mayoría del Frente para la Victoria (FpV) y los restantes de la oposición.

“La semana pasada debatimos en este recinto sobre la deuda pública y dijimos que era un condicionante de la democracia argentina. Hoy venimos a debatir sobre el otro gran condicionante de la democracia de nuestro país, que es la concentración de mercados”, sostuvo Roberto Feletti, titular de la Comisión de Presupuesto al inicio del debate, quien agregó: “Frente a esta concentración, pretendemos en el marco del desendeudamiento del Estado y de su reinstalación como redistribuidor social, regular la producción y el consumo y proteger así a los consumidores”.

La sesión fue seguida atentamente por los empresarios pymes nucleados en Apyme, Fedecamaras y la Agrupación José Ber Gelbard. “Los diputados que son del interior conocen cuál es la realidad de las pymes y el poder que tienen las grandes compañías. No pueden pararse sobre los argumentos de las grandes corporaciones para oponerse a estas leyes”, indicó a Página/12 el presidente de Apyme, Eduardo Fernández.

En contraposición con esta postura, el establishment económico nucleado en el G-6 volvió a reunirse para delinear la estrategia judicial con el objetivo de frenar las tres normas. El estudio jurídico elegido sería Cassagne Abogados, el mismo que consiguió cautelares a favor de la Sociedad Rural, el diario La Nación y la empresa LAN.

“Es infructuoso solucionar los problemas actuales con herramientas del pasado como la Ley de Abastecimiento. En este sentido, estamos buscando culpables en los supuestos sectores concentrados, que eran los mismos que estaban cuando se crecía a tasas chinas. Esta ley erra en el diagnóstico y en el instrumento. Por eso creemos que es inconstitucional y es el caballo de Troya para la arbitrariedad”, remarcó José Ignacio de Mendiguren (Frente Renovador), quien habló en su doble condición de “industrial y diputado bonaerense”. Mendiguren fue varias veces presidente de la UIA.

El FR votará en contra de las leyes de abastecimiento y el observatorio de precios, pero acompañaría la creación de un nuevo fuero. La misma postura asumirán los legisladores del Partido Obrero, quienes fijaron su posición al término de la reunión plenaria del martes.

El caso de Omar Plaini es paradigmático. Si bien no quiso adelantar el sentido de su voto, que será el mismo para los tres proyectos, sostuvo que son instrumentos válidos para el Estado. “Yo recuerdo que en el ’98 estaba en la puerta del Congreso con el MTA, y un diputado de la UIA votaba a favor de la flexibilización. Esta es una ley (de abastecimiento) que se sancionó en el gobierno peronista del ’74. Entonces voy a votar en consecuencia con la lucha del movimiento obrero”, aseveró el titular del gremio de los canillitas.

El diputado Claudio Lozano (Unidad Popular) esbozó críticas a los tres proyectos, pero dejó entrever su apoyo a la creación de un observatorio de precios y los fueros de los consumidores. En relación con los cambios a la Ley de Abastecimiento, optaría por la abstención.

“El Gobierno no avanzó en la regulación de la telefonía celular, ni la renta hidrocarburífera. No hay batalla contra el capital concentrado. En las distintas cadenas de valor podemos ver cómo funciona el capital concentrado con ganancias extraordinarias. Nuestra propuesta de ley de abastecimiento pone las facultades de intervención en manos del Tribunal Nacional de la Competencia y crea Mesas de Concertación por cadena de producción con participación de trabajadores”, argumentó el legislador vinculado con la CTA de Pablo Micheli.

La diputada Alicia Comeli, del Movimiento Popular Neuquino, anunció que votará a favor de la creación del observatorio y los nuevos fueros, mientras que se abstendría en la ley de abastecimiento.

“No es una ley antiempresarial como quieren hacer creer a la sociedad. Las grandes empresas nunca ganaron como en estos once años. En este gobierno maximizaron sus ganancias. Es vergonzosa la postura de algunos empresarios, como la del presidente de la Sociedad Rural (Luis Miguel Etchevehere), quien está acusado de reducir a la servidumbre a dos trabajadores de sus campos”, argumentó Juan Cabandié (FpV).

Las leyes de este tipo, como la nueva regulación sobre las relaciones de consumo y producción, que alcanza a los servicios públicos, no se ejecutan de manera automática, sino que las empresas deben incumplir una serie de normas para que ello suceda. Es decir que en la práctica funcionan como un disciplinador del mercado para evitar los abusos a los consumidores.

“No nos dejemos correr por los grupos concentrados que no quieren renunciar a hacer uso abusivo de su posición dominante. Si se acopian materias primas que son para satisfacer necesidades básicas y el Estado les aplica una multa para que repongan la mercadería, ¿por qué ustedes dicen que es inconstitucional? Seamos claros. ¿A quiénes estamos defendiendo?”, concluyó la diputada Diana Conti.

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