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Dos hechos que por su importancia no dudo en calificar de históricos han ocurrido en las últimas semanas. El primero, la participación del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en la campaña de las Abuelas de Plaza de Mayo. Por primera vez rodeado por Estela de Carlotto y Rosa Roisimblit, el arzobispo José María Arancedo llamó “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, a que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”. Cabe agregar que días antes de la aparición del spot publicitario, el titular de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, obispo Jorge Lozano, en un artículo dado a conocer por la Agencia Informativa Católica (AICA) denunció la existencia de una “red de silencio formada por vecinos, parientes adoptivos, pediatras, sacerdotes, religiosas”.

El segundo de los hechos fue la audiencia privada concedida por Francisco en el Vaticano a la presidenta de las Abuelas, acompañada por sus hijos y su nieto recientemente recuperado. En una entrevista posterior, Estela de Carlotto, entre otros reconocimientos al respaldo recibido del Papa, señaló: “El mensaje del Papa es ‘ayuden a las Abuelas, abran los archivos’”.

El domingo 9 de noviembre, Página/12 publicó una breve nota en la que con el título “La Iglesia sigue ocultando” se informa que una religiosa cuya citación a declarar fuera convalidada por el Tribunal Oral Federal N0 1 habría sido trasladada fuera del país. Se trata de la monja Monserrat Tribo, de 86 años, quien se encontraba a cargo de la nursery de la Casa Cuna, cuando fuera secuestrado el nieto de Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, quien manifestó: “Estaba en un geriátrico desde hacía años. Habíamos logrado que declarara, y la Iglesia la sacó del país. La llevaron a España”.

Habida cuenta de los hechos relatados al comienzo, la Iglesia argentina no puede ignorar una denuncia de esta naturaleza. Ante ella cabe la posibilidad de que la información sea errónea, en cuyo caso se hace necesario desmentirla o aclararla. En el caso de que fuera cierta, habrá que determinar con precisión quién o quiénes son responsables de una decisión que claramente configura, al menos, la tentativa de trabar la acción de la Justicia, sacando de su jurisdicción a quien debía presentarse ante ella, para ayudar a esclarecer un acto criminal. Todo esto con el agravante de que estamos ante un delito imprescriptible y de ejecución continuada que sólo cesará de cometerse cuando la víctima principal, el niño apropiado, esté en condiciones de conocer y recuperar su verdadera identidad.

Ya no hay más lugar para el silencio y es con hechos que se debe dar testimonio de la afirmación que se cita en el spot publicitario arriba mencionado: “La Fe mueve hacia la verdad”. Dios quiera que así sea.

* Integrante de Cristianos para el Tercer Milenio.