Desde México, DF

En gran parte de las principales ciudades de México, miles de personas salieron coordinadamente a las 7 de la noche de ayer con una vela encendida y contaron del uno al cuarenta y tres para exigir justicia para los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre, los mismos a los que la Secretaría de Gobernación dejó de considerar “desaparecidos” mediante un boletín difundido la noche del martes en el que ahora les llama “no localizados”. Horas antes, los familiares de los estudiantes desaparecidos advirtieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que “no hay investigación concluyente, no hay evidencia irrefutable y que se debe continuar con las investigaciones”, dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Para quien no parece haber duda de la muerte de los estudiantes es para el papa Francisco: “Quiero expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la desaparición, pero, sabemos de asesinatos de los estudiantes”, dijo ayer durante la audiencia general en la plaza San Pedro del Vaticano, en la que aludió a la “dramática realidad” que vive México.

Esta es la segunda ocasión en que Francisco aborda el caso Ayotzinapa en una audiencia general. La primera vez fue el pasado 29 de octubre, cuando oró por la localización con vida de los estudiantes desaparecidos en México.

Mientras Peña Nieto sigue de gira en China, hablando de negocios, el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, reiteró que “no cabe duda alguna de que es un crimen de Estado”. Luego de entrevistarse él mismo con los familiares de los estudiantes desaparecidos, Vivanco cuestionó la ineficacia de Peña Nieto, cuya administración “no ofrece resultados, ofrece discursos, tardara cuatro días en reaccionar y además minimizará la desaparición de los estudiantes, como si se hubiese tratado de un incidente menor en un pequeño poblado”.

Y discursos es lo que nuevamente le ofrecieron. En una reunión que realizaron en Chilpancingo en las últimas horas de la tarde del martes, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos le reclamaron al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que ni siquiera se ha cumplido uno solo de los 10 puntos de la minuta a la que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto en la reunión que sostuvieron el 29 de octubre en Los Pinos.

En el mismo hangar donde días antes Murillo Karam les informó del hallazgo de ocho bolsas con restos calcinados, ahora los funcionarios de la administración de Peña Nieto se comprometieron a dar facilidades al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), designado por las familias de los estudiantes desaparecidos, para que puedan dar seguimiento al proceso de identificación de los restos calcinados encontrados la semana pasada en un río a las afueras de Cocula, los cuales fueron enviados ayer por la PGR a la Universidad de Innsbruck, Austria, donde realizarán estudios para confirmar si se trata de los 43 estudiantes desaparecidos o no.

De acuerdo con la estimación de los peritos de la PGR, los restos presentan un daño que hace imposible el análisis de ADN nuclear, por lo que se realizará un análisis mitocondrial para comparar el genoma evolutivo entre restos no identificados y supuestos familiares.

Por lo pronto, no existe plazo para que los especialistas austríacos entreguen resultados. La PGR dijo a los padres de los estudiantes desaparecidos que continúa la búsqueda de los normalistas en más de 50 puntos del estado de Guerrero, particularmente en los municipios de Iguala y Cocula.

Ayer mismo se firmó un convenio de asistencia técnica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “aceptó enviar sus expertos” para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes fueron atacados por la policía municipal de Iguala y la de Cocula el pasado 26 de septiembre, durante el cual asesinaron a tres estudiantes y a otras tres personas, entre ellas un menor de edad.

La crisis de derechos humanos desatada por el caso Ayotzinapa, devenida en una crisis política general, ha tensado a algunos sectores que radicalizaron sus protestas, mediante la quema de instalaciones gubernamentales en Guerrero, el bloqueo de aeropuertos (el martes en Acapulco, ayer en Morelia, la capital de Michoacán) y cortes en carreteras estratégicas. Ayer mismo, manifestantes quemaron oficinas estatales en Guerrero.

En contraste, la noche del miércoles, miles de personas salieron a la puerta de sus casas o se asomaron por ventanas y balcones para encender una vela. Muchos más se concentraron en puntos emblemáticos de sus ciudades para reclamar justicia para los 43 estudiantes desaparecidos, pero también para expresar el hartazgo de la ineficacia gubernamental y su cansancio ante la violencia y la impunidad que ahogan a México.

Como si esas luces mantuvieran viva la esperanza, las familias de los estudiantes desaparecidos se aferran al dictamen presentado por los antropólogos argentinos. Según Felipe de la Cruz, vocero de las madres y padres, “ésa es la verdad para nosotros, nos dijeron que los cuerpos encontrados en las fosas anteriores no pertenecen a nuestros hijos; eso viene a darnos aliento y seguridad de que siguen vivos”.