La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de fertilización asistida que regula “los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida” y “la protección del embrión no implantado”, así como “disponer el alcance de los derechos y las relaciones jurídicas”. La normativa va en concordancia con la Ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, aprobada el año pasado, y como ley complementaria del reformado y unificado Código Civil y Comercial. La discusión dividió transversalmente a la mayoría de los bloques parlamentarios, que dieron “libertad de conciencia” a sus propios legisladores a la hora de votar. La bancada oficialista salvó las diferencias internas sobre el destino final, tras diez años, de gametos o embriones congelados, con una modificación que reemplazó la palabra “descartado” por el párrafo “cese de la crioconservación”.

La votación en general igual fue contundente: 205 votos a favor, once en contra y seis abstenciones. El arduo debate en busca de consensos que llevaron adelante las comisiones de Salud, Familia, Legislación General y Presupuesto, sobre la base de la fusión de los proyectos de las diputadas oficialistas porteñas María del Carmen Bianchi y Mara Brawer –con el aporte de otros bloques y organizaciones sociales–, pareció no alcanzar para disipar todas las diferencias.

En el recinto hubo objeciones filosóficas, religiosas y legales que dividieron posturas en la mayoría de las bancadas partidarias, muchas de las cuales dieron “libertad de conciencia” a sus propios legisladores. Votaron divididos los diputados massistas del Frente Renovador, los macristas del PRO y los puntanos de Compromiso Federal, aunque algunos de ellos prefirieron irse del recinto a la hora de emitir su voto en contra de la iniciativa. Entre los 34 ausentes de sus bancas, otra vez figuró el líder renovador Sergio Massa.

“Esta ley no regula el derecho al hijo, sino que garantiza los derechos de toda persona a la paternidad-maternidad y de formar una familia en íntima conexión con el derecho a la salud”, señaló la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y miembro informante del proyecto, Andrea García (FpV). “Esta ley viene a cubrir un vacío legislativo”, agregó García en referencia a la Ley de Fertilización Asistida (26.862) sancionada el año pasado como ley complementaria del unificado Código Civil y Comercial.

“No es un problema delegar al Ejecutivo ni el problema son los burócratas irresponsables políticamente si hay un Estado fuerte. El problema que tenía la Argentina era que se había desmantelado y quitado al Estado todo tipo de herramientas que le permitiera intervenir en el mercado, incluso en el ámbito de la salud”, insistió García sobre la ley que ahora estará supervisada por el Ministerio de Salud como autoridad de control.

La diputada kirchnerista explicó que “el material genético se puede usar hasta en un máximo de seis personas o parejas” y “prohíbe la comercialización de embriones y gametos crioconservados”.

La puntana Ivana Bianchi, de Compromiso Federal, encabezó la resistencia al proyecto de los sectores más conservadores. “¿Sobre qué motivos jurídicos estamos realizando esta manipulación?”, se preguntó la diputada, y agregó que “se están destruyendo numerosos seres humanos”. “La ciencia ha prevalecido en función de un frío cálculo de la calidad de vida sobre los indefensos embriones humanos”, sentenció. El radical Agustín Portela se plegó a esa línea de argumentación y asoció la iniciativa con la “cosificación” de los niños por nacer.

Brawer, una de las autoras del proyecto, salió al cruce de esos argumentos. “No se considera a los embriones como ‘cosas’, pero tampoco se considera a los embriones in vitro ‘personas’, no porque lo digamos nosotros, sino porque ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aseveró para luego aclarar que los embriones in vitro “tampoco son cosas, por eso nuestro Código Civil dice que tienen que estar regulados por una ley especial”. “Esta ley se rige por los principios de igualdad y no discriminación”, expresó.

También hubo objeciones de quienes acompañaron la ley en general, sobre algunos de los artículos del proyecto. En especial sobre los puntos 11, 12, 13 y 14 del texto.

Pablo López (FIT-PO) reclamó una ley que sea “totalmente independiente de este Código Civil y Comercial reaccionario”, en referencia al artículo referido al inicio de la vida “desde la concepción”. “¿Qué pasa cuando se congela el semen y el hombre muere?”, preguntó como crítica el delasotista Juan Schiaretti.

Para el duhaldista residual Carlos Brown, “se avanzó en un proyecto que no protege al embrión; por el contrario, se lo considera descartable” y opinó que “no todo lo que técnicamente sea posible es éticamente aceptable”.

Elisa Carrió expuso sobre uno de ellos con su particular estilo. “En un embrión congelado hay una posibilidad de vida”, arrancó para hablar de concepto filosófico de la “patrimonización del sujeto”. “Descarte, palabra vaga, ambigua. La basura puede ser reciclada”, dijo luego para cuestionar el término utilizado para la disposición final de embriones tras diez años de congelamiento y sentenciar que si “se venden chicos en los hospitales públicos del interior, cómo no se van a vender embriones”.

Esos cuestionamientos también incluyeron a los legisladores oficialistas, que salvaron las diferencias con una modificación al texto: en el artículo 12 reemplazó la palabra “descarte” por “cese de la crioconservación”, un concepto al que muchos diputados opositores consideraron como “más acertado”.

Allí también se introdujo, a propuesta del PRO, un párrafo que indica que las parejas que crioconserven embriones deberán acordar y dejar sentado en forma expresa el destino que se les dará en caso de divorcio, debiendo optar entre la posibilidad de que sean utilizados por otra pareja o persona o que cese la crioconservación.

Un debate con varias aristas, que de todas maneras alcanzó un importante respaldo que atravesó al grueso de los bloques opositores.