El gobierno nacional avanza hacia la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), un órgano que coordine el trabajo de los casi cuarenta establecimientos que producen fármacos y dependen de gobiernos provinciales y universidades en todo el territorio argentino. Ayer por la noche, la Cámara de Diputados se disponía a dar media sanción al proyecto de la legisladora oficialista Carolina Gaillard, que podría tener tratamiento en el Senado este mismo año en caso de que se prorroguen las sesiones ordinarias, según confiaron a Página/12 fuentes parlamentarias.

“La agencia articulará a todos los laboratorios públicos con otros organismos que trabajan en desarrollo de fármacos y controles de calidad, como el INTI, la Anmat y el Conicet. La idea es que haya un actor más en el mercado con la potencia necesaria para evitar la cartelización de las tres cámaras que engloban a los fabricantes privados”, explica Gaillard en diálogo con este diario.

“Hoy los laboratorios públicos existentes tienen convenios bilaterales entre ellos, pero la agencia va a optimizar todos los recursos, evitando la superposición de investigaciones y definiendo prioridades de producción, con la soberanía científica y el desarrollo tecnológico como objetivos estratégicos”, agregó.

El proyecto, que había ingresado en septiembre al Parlamento, tuvo algunos cambios durante su paso por las comisiones de Salud y Presupuesto y llegó ayer al recinto con acuerdo de todos los bloques. La iniciativa se inserta en el marco de una decisión regional de avanzar hacia la soberanía en cuanto a producción de fármacos en Sudamérica: hoy, el 90 por ciento de los principios activos que se utilizan en la producción de medicinas son importados de la China o de la India.

Sólo en Argentina se gastan 1700 millones de dólares por año en este concepto. En Unasur se proyecta un plan a cinco años para producir estos elementos activos en la región, con el doble objetivo de reducir ese desequilibrio en la balanza comercial sudamericana (y comenzar a exportar a otras partes del mundo), pero también de evitar la dependencia de potencias extranjeras en un tema tan sensible.

“La salud es un derecho humano fundamental y el medicamento un bien social, de allí la necesidad del rol rector del Estado en la producción pública de medicamentos. Entiendo que está en juego la vida y salud de los argentinos y que el abastecimiento de los mismos no puede quedar librado sólo a las fuerzas del mercado”, sostuvo Gaillard, quien propuso la creación de la Anlap “como organismo que trascienda los gobiernos y garantice el acceso a los medicamentos de toda la población, de manera irrestricta y sin distinciones”.

A partir de la centralización de la planificación de políticas públicas, se buscará aumentar las producciones locales de precursores y la creación de nuevas patentes nacionales, además de centralizar la compra de insumos y activos de forma tal de mejorar la competitividad del sistema público para que incida en el mercado, creando nuevos precios de referencia por debajo de los que ponen los grandes laboratorios. Además se aumentará la producción de medicamentos “huérfanos”, que no tienen rentabilidad porque apuntan a enfermedades que afectan a un porcentaje muy reducido de la población (menos de 5 cada 10 mil personas según regulaciones internacionales)

La iniciativa parlamentaria, que tiene el apoyo de la Casa Rosada, fue apoyada por sectores vinculados con el área como la multisectorial para la producción pública de medicamentos y RedLab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios públicos y es el germen del proyecto de la Anlap. Además fue elogiado por profesionales reconocidos como el titular de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudio Capuano, y el investigador principal del Conicet Martín Isturiz.

Una vez en el Congreso, el proyecto recibió el apoyo de todas las bancadas, que comprometieron su voto luego de proponer algunos cambios durante su paso por comisión. Una vez aprobado por los diputados, queda en manos del Senado, que podría tratarlo este año si hay prórroga de las sesiones ordinarias, o a comienzos del año que viene.