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El escándalo del caso AMIA ratificó en el gobierno de Néstor Kirchner la voluntad de realizar una gran reestructuración y al mismo tiempo una fuerte reducción de la SIDE. Fuentes que conocen muy bien la central de inteligencia aseguran que hay más de 3000 personas trabajando allí, entre efectivos y contratados. Las fuentes incluso mencionan que antes de llegar la administración Kirchner, los anteriores jefes Miguel Angel Toma y Carlos Soria incorporaron un total de 700 personas nuevas. Según el plan que se maneja en la Casa Rosada, la central de espías se desprenderá de lo que es actualmente una de sus fuentes de mayor poder y arbitrariedad, la Ojota, la Oficina de Observaciones Judiciales, que hace gran parte de las llamadas pinchaduras telefónicas. Esa dependencia pasará al Ministerio de Justicia. El gran problema será poner límites a las investigaciones clandestinas tradicionales en la SIDE a opositores, periodistas, enemigos personales y hasta competidores en los negocios de algún funcionario. Esto llevó por ejemplo a que existan informes sobre cuestiones de pareja del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y persecuciones al entonces candidato Kirchner y su esposa. El interrogante no sólo es cómo se reducirá la SIDE, sino también quién controlará efectivamente las operaciones de inteligencia.
Dólares a Telleldín
¿Por qué a Carlos Telleldín se le pagaron los 400.000 dólares en forma clandestina en lugar de que el dinero saliera en forma legal del fondo de recompensas del caso AMIA? La pregunta parece admitir sólo dos respuestas:
- La que da Telleldín: “Yo no quería que se hiciera un acuerdo público, que figurara en los papeles, porque había cosas que yo iba a decir en la declaración que me fueron indicadas como en un guión. El juez me dijo lo que yo tenía que declarar y eso no se podía blanquear.”
- La versión que dan otros conocedores de la SIDE: “Se dijo que se pagaron 400.000, pero de la SIDE salió mucho más dinero y esa plata se la metieron en el bolsillo entre varios. Blanquear el pago a Telleldín revelaba el robo”.
En cualquier caso, el escándalo evidencia varias cosas al mismo tiempo:
- Una operación clandestina de pago en el marco de una causa judicial. Algunos dicen que no hay delito porque la orden supuestamente la dio el juez, pero también están los que sostienen que la orden que dio el juez era ilegal y la SIDE no puede argumentar obediencia debida.
- Hubo manejo sin control de dinero. No existió una comisión parlamentaria ni organismo alguno que hubiera supervisado el manejo de los fondos de esa operación o de cualquier otra.
- El pago a Telleldín terminó sirviendo de poco: casi no ayudó a esclarecer el atentado.
- Hubo al menos un sumario interno, ordenado en tiempos de Fernando de la Rúa, en que la SIDE informó oficialmente que era mentira que se le hubiera pagado a Telleldín. O sea que la SIDE entregó una conclusión oficial que ahora se demuestra falsa.
El balance que hoy se hace en la Casa Rosada es que la SIDE se ha dedicado a espiar a opositores de cada gobierno, a realizar operaciones contra los adversarios políticos y a meterse en la cama de cualquier figura que le resultara incómoda al Presidente, al jefe de la SIDE e incluso a otros integrantes del Ejecutivo. Al mismo tiempo, en las investigaciones en las que sí había que concentrarse, como el caso AMIA, se realizan maniobras clandestinas, hay robo de dinero, mentiras y, como es obvio, la investigación fracasó.
Las tareas
Con este panorama, el Presidente le dio instrucciones al actual titular de la SIDE, Sergio Acevedo, para que diera el puntapié inicial de un cambio en la central de espías antes de dejar el cargo para asumir como gobernador de Santa Cruz. El actual mandatario provincial, Héctor Icazurriaga, asumirá en la SIDE cuando le entregue la gobernación a Acevedo. Por ahora, la transformación planeada por el Presidente no está del todo delineada, pero además está la idea de que se haga por ley y que se realice un debate con las demás fuerzas políticas.
Un punto base que orientaría los cambios es que la SIDE deje de ser auxiliar de la Justicia, o sea que deje de pinchar teléfonos a pedido de jueces, no busque más pruebas o evidencia para presentar en juicios. “La SIDE se ocuparía sólo de conseguir información”, reveló a Página/12 un encumbrado hombre del Gobierno. “Información sobre seguridad nacional, seguridad de las personas, delito, terrorismo, contrabando, evasión impositiva o lo que sea”. Los datos que surjan de esas investigaciones serán trasladados a los organismos que corresponda: las policías, los ministerios, los gobiernos provinciales. Ellos son los que tendrán que convertir esa información en causas judiciales.
Aunque nunca trascendió mucho, la SIDE hizo hace unos meses un vasto informe sobre desarmaderos, indicando quiénes eran los dueños, dónde se nucleaban los más importantes y quién los protegía. Ese informe, según parece, se le entregó al Ministerio de Justicia, a cargo de Gustavo Beliz, y al entonces ministro de Seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero. A partir de esa información y de otra propia de las fuerzas de seguridad, se hicieron los allanamientos en la provincia de Buenos Aires y en la calle Warnes, ya con la participación de jueces y fiscales. Ese modelo sería el que quiere aplicar la administración Kirchner.
En la Casa Rosada aseguran que la SIDE tiene que actuar en los más diversos campos:
- Inteligencia criminal. Conseguir información sobre las bandas de secuestradores, las grandes organizaciones de narcotraficantes y asaltantes de bancos y camiones de caudales.
- Inteligencia fiscal. Investigar las grandes estructuras de evasión impositiva y movimiento de fondos en negro.
- Terrorismo. Prevención de atentados y entrada o salida del país de individuos que podrían participar de ataques en la Argentina o en otros lugares del mundo.
- Contrabando. Investigación de las organizaciones que, con complicidad de las fuerzas de seguridad, trafican en las fronteras.
La estructura
Desde el punto de vista de la estructura, la dependencia que se ocupa de las pinchaduras telefónicas, la Ojota, pasaría al Ministerio de Justicia porque las escuchas –al menos las legales– se realizan por pedido de los jueces y no hay razón para que estén en manos de una estructura de inteligencia y no una de justicia. Fuentes que conocen muy bien la SIDE aseguran que la Ojota tiene una capacidad de intervenir más de dos mil líneas telefónicas al mismo tiempo.
Pero la gran incógnita es qué pasará con los tres mil agentes que hoy revistan en la SIDE. Algunos dicen que en la estructura operativa central, por ejemplo la que se dedica a inteligencia pura, sólo revistan unas 300 personas y que hay personal en muchas delegaciones provinciales que se dedican a lo que se llama “hacer un mapa político y social de la zona”. Eso significa espiar principalmente a opositores políticos, piqueteros y organizaciones de izquierda. Otra parte importante de la estructura son las delegaciones de la SIDE en el exterior: en uno de los más recordados bloopers de la historia reciente, se gastaron más de 500.000 dólares en ubicar a Nasrim Mohtari, una iraní que vivió en Buenos Aires y quedeambulaba por Europa. Se pensó que era una testigo clave del caso AMIA, pero la Justicia evaluó que sólo se trataba de una persona con cierto desequilibrio mental que, para colmo, hasta hace poco andaba por Buenos Aires ejerciendo la prostitución.
Si la idea de la Casa Rosada consiste en que la SIDE no sea más auxiliar de la Justicia, todas sus operaciones quedarán fuera del control judicial. El propio organismo resolverá qué se investiga o cuáles teléfonos se intervienen. En los últimos años esto igual se hacía, pero de manera ilegal o consiguiendo algún juez que le pusiera la firma a una intervención telefónica que la central quería realizar. Más aún, los jueces no controlaban a la SIDE sino que era al revés: la secretaría les pasaba sobres de dinero a los jueces, al punto de que varias esposas de famosos jueces, en sus procesos de divorcio, les reclamaron judicialmente a sus maridos parte de los fondos negros que recibían de los espías. Para redondear, hombres de la SIDE aparecieron involucrados en el manejo de prostíbulos, extorsiones e incluso asesinatos. Y las acusaciones de haberse quedado con vueltos no treparon a miles sino a millones de dólares. Un caso se presta para el ejemplo: a un subjefe de la SIDE le adjudican haberse llevado catorce millones de dólares en la última semana de su gestión.
La cuestión del control, entonces, será una de las claves de los cambios. En Francia, por ejemplo, hay un puñado de jueces que se ocupa de controlar el funcionamiento del organismo de inteligencia y son los que autorizan buena parte de las operaciones. En otros países, existen comisiones parlamentarias que supervisan el accionar de la inteligencia. En la Argentina, en cambio, ni las comisiones bicamerales ni la Justicia ejercieron control alguno. El caso AMIA es la evidencia.