[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Todavía no asumí y ya liberé a un rehén”, dice, de inmejorable humor, el nuevo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan José Alvarez. El rehén de su metáfora es Juan Pablo Cafiero, quien gracias a la designación de su sucesor, pudo dejar sin heridas mortales el cargo más odioso que le deparó el oficio de la política y recalar en el más agradable Ministerio de Desarrollo Humano. No parece de tan buen ánimo el gobernador Felipe Solá. Desconfiado hasta de su sombra, de nadie receló más en los últimos años que de Alvarez. “No se equivoquen. Yo quiero ayudarlo a Felipe”, dice Alvarez y la frase suena de pura lógica. Su doble apuesta consiste en quebrar el nexo entre política y delito y al mismo tiempo, reducir la sensación de inseguridad que devora el conurbano bonaerense. A eso apunta la decisión de confirmar en sus cargos a los colaboradores del ex viceministro Marcelo Saín, con quien Alvarez intentó comunicarse. La paradoja es que su designación en el cargo provino de una sugerencia del ex gobernador Eduardo Duhalde, el hombre que, según el reiterado señalamiento de Saín, personifica aquel lazo a cortar. Los antecedentes del ajedrecista de Lomas de Zamora inducen al escepticismo. Los del nuevo ministro, a la expectativa. Si fracasa, él será una de las primeras víctimas, de modo que no hay espacio para zancadillas con el gobernador, aunque a ambos les tiente.
Paradojas
Contra lo que se cree, el relevo de Cafiero no fue solicitado por Duhalde sino por el presidente Néstor Kirchner. A seis semanas de asumir la Presidencia, Kirchner entendió que uno de los temas críticos para su gobierno sería el de la seguridad, y que una clave para resolverlo pasa por la política. Así lo sugirió en la ceremonia de homenaje a los policías caídos, en la primera semana de julio, al incluir entre las causas de la inseguridad a “las dirigencias políticas que no han estado a la altura de las circunstancias”. Más específico fue su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, quien viajó hasta La Plata para pedirle a Solá en público “que tome el toro por las astas”. En privado Kirchner le prometió que si se decidía a actuar, el gobierno nacional lo apoyaría y le pidió que designara un nuevo ministro. Solá le contestó que entregar la cabeza de Cafiero antes de los comicios equivaldría a admitir un error y ofrecer un argumento proselitista al subcomisario Luis Abelardo Picapiedras y el coronel Aldo Hulk. Kirchner aceptó el razonamiento.
El presidente estaba en Nueva York, preparando su asombroso discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que no se privó de nada, cuando Duhalde llamó a Alvarez y le dijo que Solá lo había consultado. “Si vos estás de acuerdo, le doy tu nombre”, dijo. La política bonaerense recorre laberintos en los que los inexpertos se pierden. La animosidad entre Solá y Alvarez tiene que ver ante todo con las afinidades entre ambos. Por formación intelectual, por costumbres sociales, los dos se parecen más entre sí que a los rudos intendentes del conurbano del estilo Manuel Quindimil o Hugo Curto. En el peronismo hay un rol histórico que antes que Solá, Alvarez o el intendente de La Plata, Julio Alak, han cumplido Antonio Cafiero, Italo Luder o Carlos Rückauf. Son el rostro humano presentable en sociedad detrás del que se camuflan los desconocidos de siempre. Sus contraseñas son buena pilcha, buena labia, buena biblioteca, empaque de respetabilidad burguesa pero alineamiento con las fuerzas más oscuras que detentan el poder real, como Augusto Vandor, Lorenzo Miguel o Duhalde. Solá y Alvarez compiten por el mismo espacio.
Libertad de elección
Hace cinco años, Alvarez, Solá y Alak abrieron contactos con vistas a la sucesión de Duhalde. Se ofrecían como renovadores de las denominadas viejas prácticas y consideraban posible independizarse del gran elector. Hasta que Solá apareció, la fórmula para la gobernación como segundo de Rückauf y sus asociados se enteraron por los diarios. Después de la derrota ante la Alianza en 1997, el desprestigio de la banda había llegado a tal punto que hacían falta dos dotores en la boleta, uno y otro rehenes de Duhalde. Despechado con Solá, Alvarez apoyó a Cafiero, que perdió la elección interna sin atenuantes. Cuando De la Rúa y Rückauf huyeron y Duhalde y Solá lograron controlar el incendio, se abrió la discusión por las candidaturas para 2003. Alvarez apoyó a Solá, a quien esperaba acompañar en la fórmula. En ese diálogo estaban a mediados del año pasado, cuando se produjo el episodio del Puente Pueyrredón.
Solá estaba encandilado con el comisario Alfredo Fanchiotti. Le parecía un hombre sereno e inteligente y no dudó en presentarse ante la prensa junto a él. El 27 de julio, Alvarez intentó avisarle que el entonces jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, pensaba usar las fotos en las que Fanchiotti aparece arma en mano en persecución del piquetero Diego Santillán para sacar a Solá del camino y postular su propia candidatura. El gobernador, que estaba de visita en un hospital y tenía su celular apagado, recibió la noticia por otra vía. Tuvo el tiempo justo para canjear su cabeza por la de su ministro de Seguridad. Ni siquiera cuando verificó, varios días después, que el llamado al celular de aquella tarde había quedado registrado en una agenda, se convenció Solá de que Alvarez era ajeno a la conspiración que barruntaba. Luego del desdén de Carlos Reutemann y del hundimiento de José de la Sota como aspirantes presidenciales, algunos duhaldistas imaginaron que Solá podría ser el buscado candidato vicario a la presidencia, Alvarez entre ellos. Eso reforzó la convicción del gobernador de que querían correrlo de La Plata. “Si acepto, ¿quién me garantiza que Duhalde no me saca una encuesta en la que mido dos puntos y ya no tengo regreso a la gobernación?”, rumiaba. Luego del triunfo de Kirchner y, sobre todo, al ver de qué modo el Presidente ejerce el poder, Solá se arrepintió, porque cree que él podría haberlo hecho igual o mejor. Estos episodios deben haber vuelto a su memoria esta semana, cuando tuvo que elegir su nuevo ministro de Seguridad, dentro de márgenes más bien estrechos: la otra opción que le ofreció Duhalde era Atanasof.
Modelo para desarmar
Las drásticas medidas de Kirchner con la cúpula de las Fuerzas Armadas y su intolerancia hacia la corrupción pusieron en estado de alerta a todas las fuerzas de seguridad e informaciones, donde nadie siente seguro su cargo. El Gran Buenos Aires es un lugar apropiado para hacer méritos, lo cual volcó a sus calles un alto número de agentes de inteligencia de Gendarmería y Policía Federal que fueron fácilmente detectados. Los gendarmes fotografiaban y los policías federales filmaban, en forma tan ostensible que los vecinos alarmados avisaban a la policía del barrio. Esto no contribuyó a suavizar las asperezas entre fuerzas federales y provinciales. La Secretaría de Inteligencia de la Presidencia hizo lo mismo con mayor sutileza. Sus agentes no fueron detectados en el terreno, pero sí en la mesa de análisis y coordinación que encabeza el Secretario de Seguridad Norberto Quantin. El propio Quantin reveló que un informe que listaba 40 desarmaderos en el sur del Gran Buenos Aires, donde no había habido actividad policial de control, provenía de la SIDE. El informe, del que tienen copia todos los integrantes del comité de crisis formado por la Nación y la provincia de Buenos Aires, produjo malestar entre los gendarmes y policías porque hasta recibir sus resultados ignoraban la presencia de la SIDE en el conurbano. Sus conclusiones afirman que la difundida ofensiva del gobierno bonaerense sobre los desarmaderos de autosrobados reconoce una notable excepción: no abundan los procedimientos en Lomas de Zamora, pese a la enorme concentración de negocios de ese tipo allí.
La cuestión es algo más compleja. En 2002 fueron robados en la provincia de Buenos Aires cien mil autos, más de los que se produjeron en las deprimidas fábricas del sector. De quince a veinte mil eran costosas camionetas con tracción en las cuatro ruedas, que se revenden con documentación falsa en el Paraguay. Pero el resto, más del 80 por ciento, se concentraba en algunos modelos preferidos de los remiseros de barrios pobres del Gran Buenos Aires: Duna, Peugeot 504 y Fiat Uno. Eso indicaba que al calor de la crisis había crecido un mercado de autopartes, cuyos clientes provienen de la clase media en descenso, que no pueden pagar piezas nuevas. El negocio es de los más rentables. Por el robo de un auto se pagan 200 pesos, pero la venta de las piezas desguazadas rinde 5000.
Hace cinco años sólo había algunos desarmaderos en Moreno y San Miguel, cuyo producto se vendía allí mismo o en los locales de la calle Warnes, en la Capital. Pero junto con el crecimiento del desempleo y de las Necesidades Básicas Insatisfechas los desarmaderos se fueron extendiendo por todo el Gran Buenos Aires. Tan notoria era su presencia, que en 2002 el director de cine Pablo Trapero incluyó en su película “El bonaerense” una secuencia sobre la corrupción policial, en la que se ve al protagonista cobrando la cuota de protección en un desarmadero. A principios de 2003 Solá firmó el decreto 294 y Cafiero creó la Dirección de Sustracción de Automotores. Bajo su amparo la policía podía ingresar a los desarmaderos para controlar el libro obligatorio que deben llevar. Mientras, otros agentes revisaban los autos que había en el lugar y si detectaban alguno con pedido de secuestro llamaban por teléfono a un fiscal para que pidiera el allanamiento del lugar.
Los operativos fueron fuertes en febrero y marzo. Pero el comisario inspector Osvaldo Seisdedos no encontró mayor colaboración en las jefaturas departamentales de la zona sur del Gran Buenos Aires ni en la Justicia. Los jefes policiales y la intendencia de Lanús negaban la existencia de desarmaderos en su jurisdicción. En Lomas era más difícil ocultarlos, porque funcionaban muy cerca de la sede de los tribunales locales. En Quilmes, los comerciantes de autopartes legítimas protestaban por la sistemática solicitud de coimas de las dependencias policiales. Los jueces de faltas se declaraban incompetentes y los jueces penales no mostraban entusiasmo. Uno de ellos, el platense César Melazo, firmó declaraciones de nulidad de los procedimientos y Solá respondió promoviendo su juicio político. Luego de un impulso inicial, la campaña contra los desarmaderos perdió ritmo y presión. En abril y mayo los comisarios y jefes departamentales comprometidos ya habían frenado cualquier control y el comisario Seisdedos se batía en soledad con sus cuarenta bravos para toda la provincia.
Factor K
Un nuevo envión se produjo en julio, esta vez a instancias del flamante gobierno nacional. La revitalización del comité de crisis, el desembarco de fuerzas federales en el Gran Buenos Aires, las consultas de Béliz con Saín para conocer el terreno en el que ponía pie, la expectoración del jefe de policía Alberto Sobrado cuando se descubrió que tenía una injustificable cuenta bancaria y, sobre todo, la exigencia presidencial, profundizaron las operaciones. La dirección de Sustracción de Automotores fue reforzada y en agosto se promulgó la ley 13.081. Su inspiración es una ley de 1961, que había impuesto el libro rubricado como forma de control de los talleres mecánicos. Solá y Cafiero lo extendieron a otras instalaciones afines: gomerías, tapicerías, servicios de remisería y taxis, negocios de venta o alquiler de autos usados, de compra y venta deautopartes, carrocerías, motores y chatarra; cocheras, estacionamientos, guarderías de embarcaciones y de venta o instalación de equipos de gas natural comprimido. Cada local debe contar con habilitación del municipio y llevar un libro foliado y rubricado por el comisario, que debe inspeccionar los comercios cada tres semanas como máximo. A su vez, el comisario debe remitir toda la documentación a la Jefatura Departamental de Seguridad y ésta en 24 horas al Ministerio de Seguridad, que de tal modo podría controlar también a la policía. En el caso de los desarmaderos deben constar tanto los vehículos que se desguacen como sus autopiezas. La sanción por incumplimiento es la inmediata clausura. Bien aplicado y controlado el mecanismo puede resultar idóneo para reducir este tipo de criminalidad. Pero en las condiciones históricas de la provincia de Buenos Aires también puede ser un instrumento para la recaudación ilegal de la policía y el financiamiento de la política.
Baliza y sirena
En los primeros dos kilómetros bonaerenses que rodean la Capital se concentran las mayores villas de la provincia y el grueso de los robos de autos y camiones. Por eso Kirchner insistió en que fueran saturados de fuerzas federales. Solá aceptó porque entendió el valor electoral de esa presencia, ante las consignas guturales de sus principales competidores, del Frente Cromagnon Bonaerense y la Liga Neanderthal Federalista. Intendentes como Quindimil, que decían no haber visto nunca un desarmadero, se montaron sobre la ola y se pusieron al frente de la embestida contra esos recién descubiertos reductos del mal. Aun así, Cafiero tuvo que empeñar todo su poder para relevar a la mitad de los comisarios del partido, que protegían el negocio. El jefe departamental de Lomas, comisario Juan Remigio Soto, se negaba. “Hay que hablar con Manolo,” decía.
El aporte personal de Solá fue la ley que devolvió a la policía la perdida facultad de efectuar allanamientos sin orden judicial y que motivó una crisis aún no resuelta en la Comisión Provincial por la Memoria, que objetó ese atropello a los derechos y garantías de los bonaerenses. Combinada con la que permite realizar razzias sin especificación de la vivienda a allanar, evocan los años de la dictadura militar. Dispuesto a todo, Solá pidió la renuncia al secretario de derechos humanos, Leonardo Franco, por haber objetado en un respetuoso memo la constitucionalidad de la ley y su congruencia con una política de derechos humanos. Su propaganda electoral fue incluso más desvergonzada que la de Rückauf cuatro años antes. Los avisos para televisión tenían como imagen la baliza azul de un patrullero y como sonido su sirena. Pero una vez ganadas las elecciones no se levantan las persianas de las fábricas, pero sí las puertas de los desarmaderos. Los jueces de faltas que consentían las clausuras, han dejado de declararse incompetentes y las revocan.
El informe de la SIDE forzó a la policía provincial a reanudar controles sobre desarmaderos que habían dado por desactivados. El lunes pasado, en Berazategui, durante un allanamiento judicial en un desarmadero recién reabierto, se encontraron nada menos que 120 motores con pedido de secuestro. Además, nuevas modalidades van desplazando a las anteriores. Los locales de la calle Warnes han reanudado sus operaciones y en la provincia se están abriendo otros negocios como fachada, la venta se separa del despiece. De todos modos, el negocio de los desarmaderos es secundario en comparación con el de la comercialización de sustancias psicotrópicas de uso prohibido por las autoridades sanitarias, en el que se repite la alianza espuria entre intendentes y comisarios que hasta ahora, hizo fracasar todos los intentos de reforma de la mejor maldita policía del mundo. Este es el panorama que enfrentará Alvarez a partir de mañana. Cuando Duhalde moraba en el Polideportivo de Olivos, laslimitaciones de Solá para atacar este foco de podredumbre eran comprensibles. Pero hoy el presidente es Kirchner, quien le ha ofrecido todo su apoyo para practicar una política distinta, de cara a la sociedad. Cuando se rehúsan a ser rescatados, porque los afecta el Síndrome de Estocolmo y aman a sus captores, los rehenes dejan de serlo y se convierten en cómplices.