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Profesor de Seguridad Internacional en la Universidad del Salvador, Luis Tibiletti es asesor en las comisiones de Defensa del Parlamento desde hace 17 años, donde participó en la redacción de la ley de Defensa, en la de Seguridad Interior, en la de Inteligencia y en la que suprimió el servicio militar obligatorio.
–¿Es bueno o es malo que no se haga el ejercicio Aguila III?
–Depende de por qué no se haga.
–Pregunto si es bueno o malo para la Argentina perdérselos.
–Desde una lógica estricta de la capacidad militar que necesita el país, toda ejercitación es buena.
–¿Por qué?
–Porque nos vincula con todos los países del Mercosur, y esto marca una continuidad continuando las políticas de cooperación en defensa desarrollada en los últimos 20 años.
–Bueno, por el Aguila III la Argentina no solo quedaría vinculada al Mercosur. También a los Estados Unidos.
–Sí.
–¿Está de acuerdo?
–Sí. Es bueno que interactúen todos los países del Mercosur, juntos, con los Estados Unidos, mejorando sus capacidades.
–¿Por qué?
–Porque mejora el empleo de niveles tecnológicos más elevados. Esto vale para militares, científicos, universitarios y cualquier tipo de profesionales en el país. Pasa lo mismo en un congreso de médicos: uno trata de que venga el mejor. Después hay que ver la coherencia del tipo de ejercicio y las situaciones concretas que se plantean. De nuevo: puede haber cuatro médicos entrenándose en un hospital, pero si se entrenan para robar órganos está mal.
–¿Quién determina lo que puede hacerse y lo que no?
–Para eso están los representantes del pueblo. El año pasado hubo un ejercicio profesional muy interesante. Lo desarrollarían los boinas verdes y las tropas de monte. Pero como estaba planteado que se desarrollaría en la frontera con Brasil y el Congreso sabe que eso no le gusta a nuestro socio estratégico, los ejercicios no se hicieron. Sugerimos otro escenario geográfico.
–¿No puede plantearse directamente que la Argentina no autorice el Aguila III?
–Para algunos sectores políticos no es bueno realizar ejercicios con los Estados Unidos cuando este país está ocupando a otro país como Irak tras invadirlo en una guerra no autorizada por la ONU. El Frente Amplio uruguayo, por ejemplo, se opuso en el Congreso de su país con ese argumento. Pero a criterio de la mayoría de los legisladores argentinos el argumento es contradictorio con lo que sostienen los principales países del mundo: apoyan el multilateralismo pero no por eso dejan de hacer maniobras con los Estados Unidos. A veces hasta incluyen bases en su territorio. También es contradictorio con otros países del Mercosur, cuyos militares vienen a participar a los ejercicios en la Argentina. Ahora, por supuesto también es válida la marcha en Mendoza contra el Aguila III y la opinión contraria del propio gobernador. Se trata de una discusión de política internacional. El Mercosur se unió no para confrontar con los Estados Unidos sino para ordenar nuestra región y mantenerla en paz.
–Pero, ¿es un drama terminal que la Argentina no participe?
–De nuevo la misma respuesta que antes: depende.
–¿De qué depende?
–Si no se hiciese porque la opinión mayoritaria de la sociedad argentina es que no quiere hacer ejercicio con los Estados Unidos, tendríamos un problema con nuestra política exterior. Nos quedaríamos un poco solos en el mundo. La actitud nos impediría contar con aliados, aexcepción tal vez de Corea del Norte y no sé si de algún otro país. Pero hay otra alternativa. Que Aguila III no se haga porque los poderes del Estado deciden que solo corresponde un tipo de inmunidad funcional.
–La inmunidad para las tropas solo cuando están en ejercicios y no fuera de ellos.
–Esa misma. Si, a su vez, esa inmunidad funcional está acordada con los demás países de la región que participan del ejercicio, o sea una política común del Mercosur, y el ejercicio no se hace, el problema lo tendrían los Estados Unidos. Bien: esas son las opciones A y B. Hay una C, sin duda peor.
–¿Cuál?
–Que la Argentina no haga Aguila III y que no sepa por qué no lo hace. Si pasa la variante C, ignorarán los motivos tanto los Estados Unidos como la sociedad. Las declaraciones de algunos funcionarios parecen apuntar a esto. El canciller Rafael Bielsa dijo en Rosario que los ejercicios no se hacen porque no dan los tiempos parlamentarios.
–¿Y dan?
–El último ejercicio para el que el Poder Ejecutivo le pidió autorización al Congreso, uno con las armadas en el sur, entró un viernes con toda la información que ya el Ejecutivo había dado al Congreso, tal como figura en el proyecto marco que está por ser aprobado. Por supuesto, había que aprobarlo urgente. Como sucede casi siempre, lo mandaron cuando faltaban poco más de diez días. Bien. El viernes entró el pedido. El martes a la tarde lo aprobamos en la Comisión de Defensa. El miércoles a la mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores. El miércoles a la noche en el recinto. ¿Cuál es el problema de los tiempos parlamentarios? El problema es que el Congreso no sabe qué votar.
–¿Por qué?
–Primero el canciller vino y en la reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores dijo, y se lo leo para que no haya ninguna confusión: “La idea es que el status sea el del personal administrativo y no el del personal diplomático, que es mucho más comprensivo. En este caso se circunscribe al aspecto funcional, lo cual quiere decir que si algún efectivo incurriese en un episodio de abuso sexual en alguna provincia, esto no estaría cubierto por la inmunidad. Esa es la inmunidad funcional. Sería exclusivamente (y esto a mi juicio es muy importante), para la actividad funcional vinculada con las tareas conjuntas”. Sin embargo a los pocos días mandó un texto para que incluyéramos en el proyecto marco.
–¿Qué estipulaba el proyecto marco?
–Regulaba la facultad constitucional del ingreso y egreso. La Cancillería nos solicitó una inmunidad de acuerdo al artículo 37, inciso 2, de la convención de Viena. La inmunidad penal total. Para ir al ejemplo anterior: lo funcional y los abusos sexuales. El paso siguiente consistió en enviar el proyecto al Poder Ejecutivo pero con inmunidad funcional. En la Casa Rosada lo cambiaron. Le pusieron una frase: “La inmunidad que corresponda”. El texto definitivo lo firmaron, además del Presidente, el ministro de Defensa, el canciller y el jefe de Gabinete. Cuando el Congreso preguntó cuál era la que correspondía, la Cancillería pidió la inmunidad penal total. Lo hizo en una nota dirigida al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Al día siguiente se produjo la declaración de otro ministro, Alberto Fernández, diciendo que el Presidente no quería la inmunidad penal total. Pero el canciller dijo que el problema son las discusiones que el proyecto enviado por el Ejecutivo generó en el Congreso.
–En el Congreso hubo discusiones.
–¿Dónde están las discusiones, en el Congreso o en el Ejecutivo? ¿Cómo va a salir un proyecto de ley si el Ejecutivo no dice qué quiere? Además el canciller viene a una reunión con legisladores que hace un año que están trabajando en un proyecto de ley pulcrísimo, y parece creer que se encuentra frente a gente que no sabe de lo que habla. O hace creer a todoseso. Dice que él mandó un proyecto marco. No es así. Cuando Horacio Jaunarena todavía era ministro de Defensa, en diciembre del 2002, envió un proyecto estipulando que el Congreso no intervendría más en los ejercicios. Como respuesta, la Comisión de Defensa trabajó un año y elaboró un proyecto marco.
–¿Con qué fin?
–Reglamenta la obligación constitucional del Congreso de autorizar el ingreso o egreso de tropas. Establece modos y tiempos para la presentación de los proyectos, incluyendo un paquete anual de ejercitaciones, y con toda flexibilidad para cuestiones de oportunidad con plazos perentorios. El canciller dice que lo que dijo no lo dijo. Argumenta que la inmunidad que pide ahora es la misma que antes. Y entonces todos los que venían trabajando fuerte, incluyendo al presidente de la Comisión de Defensa, al Grupo Talcahuano, al Frepaso y al vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se sintieron un poco estúpidos. Ni que hablar de los que firmaron convencidos de que ayudaban al Presidente, como reclamaban Eduardo Camaño y José María Díaz Bancalari. Por eso digo que estamos frente al peor de los dependes: por un problema de incomunicación institucional. El canciller incluso dijo que los ejercicios se harán en Uruguay, pero Uruguay está castigado por los Estados Unidos como uno de los países que no firmó un convenio con Washington para exceptuar a los ciudadanos norteamericanos de cualquier efecto eventual del Tratado Penal Internacional.
–¿Por qué el Congreso no presenta un proyecto propio?
–La facultad constitucional del Congreso es autorizar o no, no decidir con quién se hacen los ejercicios. Es una facultad de control o de veto. Es obvio que la inmunidad que se le da a diplomáticos o militares de otro país depende del tipo de relación que hay que tener con otro país. Es como los tratados. El congreso los aprueba o los rechaza. El Congreso no puede fijar por sí el tipo de inmunidad.
–Juega al distraído.
–No. Participa desde su rol.
–Pero entonces, ¿por qué se mete en el tipo de ejercicios?
–Por una cuestión de principios. Que el tipo de inmunidad se acuerde con los vecinos es un principio. Lo diría así: “Hace a la prioridad nacional número uno coordinar con los vecinos”. Descuento que el Presidente y Eduardo Duhalde trataron el tema ayer.
–¿Qué inmunidad plantean los vecinos?
–Los brasileños no hacen ejercicios con tropas de los Estados Unidos en su territorio. Vienen aquí. Chile está discutiendo. Paraguay lo mismo. Hay que definir, no dramatizar. En una de las discusiones en Diputados, el canciller dijo que sin el Aguila III los Estados Unidos podrían levantar la agregaduría de Defensa en su embajada aquí. Eso es dramatizar. Por eso mi opinión es que el Poder Ejecutivo debe enviar un proyecto concreto que se pueda discutir.