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El gobierno nacional despidió ayer al jefe de la Policía Federal, comisario Roberto Giacomino, al descubrir que había contratado en forma directa con empresas de familiares la compra de material informático para el Hospital Policial Bartolomé Churruca. El anuncio lo formuló ayer en la Casa Rosada el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz. No se comunicó aún el nombre del sucesor, pero se considera probable que permanezca el subjefe, comisario general Eduardo Prados. La fulminante decisión fue consultada el miércoles por la tarde con el presidente Néstor Kirchner, quien instruyó a Beliz a proceder con la mayor celeridad. El leasing de hardware y software informático ascendió a dos millones de pesos, fue adjudicado en la última semana del gobierno interino del senador Eduardo Duhalde y firmado dos días después de la asunción del nuevo gobierno.
Para eludir los controles administrativos, Giacomino fragmentó la operación en dos contratos de un millón cada uno. Al concurso de precios simulado que sustituyó a la licitación fueron llamadas cuatro empresas. En todas ellas participaban familiares del relevado jefe de la Policía Federal. La contratación inicial que intentó hacer Giacomino rondaba los ocho millones de pesos y fue desestimada por el ex ministro Juan José Alvarez. Beliz remitió los antecedentes a la Oficina Anticorrupción, para que analice las responsabilidades penales de Giacomino.
La decisión oficial no tiene precedentes. Cada gobierno se especializó en investigar y denunciar la corrupción de los funcionarios de la administración anterior, pero ninguno arrojó en forma voluntaria las manzanas podridas de su propio cesto. Los despidos de José Luis Manzano, Roberto Dromi, Erman González, Emir Yoma, Miguel Angel Vicco, Hugo Toledo, Angel Tognetto o José Genoud obedecieron a denuncias periodísticas. Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde los dejaron caer a regañadientes cuando se les hizo imposible defenderlos. En este caso, la iniciativa surgió del propio Poder Ejecutivo.
Giacomino firmó la contratación invocando facultades que en realidad correspondían al ministerio. El tipo de contratación sugiere que sólo se trataba del primer paso de un negocio de largo alcance, que hubiera convertido a la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal en un cliente cautivo de la familia Giacomino. El alquiler de las computadoras, periféricos y cableado por un año se contrató por un millón de pesos. A su vencimiento debía decidirse su devolución al proveedor o su compra, por un precio a determinar en una negociación con el cliente. Beliz ordenó un cotejo de precios y concluyó que era posible adquirir esos equipos por 600.000 pesos. Con el alquiler de un año, se podrían haber comprado casi dos equipos como los contratados. La sobrevaluación del software podría ser muy superior.
El expediente administrativo se inició en 2002. Giacomino invocó la urgencia de las adquisiciones, sin las cuales afirmó que era inminente el colapso del sistema informático del Churruca, donde se atienden los policías heridos en actos de servicio. El presupuesto de la contratación que proponía rondaba los ocho millones de pesos. Casi un año después la auditoría jurídica del ministerio y sus áreas de informática dictaminaron en contra de la contratación directa, aduciendo que el tiempo transcurrido sin que se concretara la hecatombe informática vaticinada por Giacomino, descalificaba el argumento de la urgencia. También objetó detalles técnicos acerca de las ofertas. Dos de ellas incluían un precio base y otro alternativo. No por casualidad son las que ganaron. El precio alternativo de esas empresas está por debajo del millón de pesos, lo que permitía a Giacomino firmar la contratación. A cambio, las empresas obtuvieron el pago por adelantado de la mitad del contrato: un millón de pesos entre ambas. La Sindicatura General de la Nación también se opuso.Su dictamen sostuvo que con las especificaciones del hardware y el software planteadas por Giacomino era imposible cotizar un precio testigo, como marca la ley, lo cual ponía en duda la seriedad de las ofertas recibidas. Con el dictamen adverso de su auditoría y la falta del precio testigo de la SIGEN, que es un requisito vinculante, la entonces jefa de gabinete, Cecilia Scotto, desaconsejó la contratación. “A un mes de irnos me pareció demasiada urgencia y demasiado dinero. Era más serio que lo estudiara la próxima gestión y que en caso de considerarlo necesario ordenara licitar”, dijo Scotto, quien hoy cumple la misma función en el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Por eso el ex ministro Juan José Alvarez devolvió el expediente a Giacomino, con los dictámenes adversos. El ex jefe de Policía realizó entonces la contratación por su cuenta, invocando facultades que no poseía.
Mandadero
El fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá designó jefe de la Policía Federal en diciembre de 2001 a Giacomino, por pedido de su íntimo asociado Carlos Rückauf, a pesar de los datos de su biografía que trascendieron junto con su candidatura. En el libro El hombre que ríe, el periodista Hernán López Echagüe narra que Giacomino, (a) El Dandy, fue el jefe de la custodia de Rückauf en el Senado, cuando llegó allí como vicepresidente de Menem. “Serán, para Ruckauf, los días más gratos de su temporada en el Senado. Toresán, Falduto, Lorena, Labato y el comisario Giacomino conformaban una suerte de obsecuente grupo de tareas varias que sin reparos lo acompañaba constantemente en cada uno de sus movimientos y decisiones”, dice. Cuando asumió la gobernación, “no abandonó a su suerte al leal comisario Giacomino. Una vez más, jefe de Custodia, y, misión novedosa, encargado, junto a Toresán y Falduto, del enlace operativo de la Policía Federal con los buenos muchachos de la policía bonaerense. Es que el Dandy se había convertido en su verdadero y enigmático hombre de confianza. Su quehacer trascendía largamente la protección de su jefe; asesoraba a Rückauf en cuestiones de seguridad pública y asuntos de negocios; organizaba los encuentros del grupo de tareas varias en el club de campo El Ombú; con llamativa frecuencia viajaba al extranjero en representación de Carlitos para llevar a cabo misiones inefables”, afirma HLE. El libro también sostiene que el comisario posee una casa en Villa Gesell y otra en el country El Ombú, muy próximas a las de su protector. En el gobierno nacional lo niegan, pero fuentes próximas al propio Giacomino insisten en que su confirmación al mando de la policía después del 25 de mayo de este año se debió a una solicitud del ex senador Eduardo Duhalde, quien también tiene un trato familiar con el mandadero de Rückauf.
El 14 de septiembre de 2002, tres chicos de entre 14 y 19 años fueron arrojado a las aguas del Riachuelo, a pocos metros de los destacamentos de la Policía Federal y de la de Buenos Aires, por una patota de policías federales de la comisaría 34ª, que antes los habían golpeado. Ezequiel Demonty, de 19 años, no sabía nadar y murió ahogado. Siguiendo la pauta habitual de encubrimiento, la Policía Federal dijo que la comisaría 34ª recién se había enterado cuando la familia del pibe denunció su desaparición. En un comunicado oficial Giacomino dijo que la muerte de Demonty fue un “error”. Esa doctrina se sostuvo por pocas horas. Ante la indignación social por el episodio, Asuntos Internos identificó a una docena de policías intervinientes y los separó en forma preventiva. La justicia ordenó luego el arresto y procesamiento de nueve por privación ilegítima de la libertad con torturas seguidas de muerte. La pena prevista es de prisión perpetua. El mismo día del asesinato de Ezequiel, Giacomino había defendido en un reportaje la restitución de las facultades policiales para detener a sospechosos por portación de rostro, que es lo que ocurrió horas más tarde en el Bajo Flores. Giacomino dispuso que todos los oficiales federales tomaran cursos de derechos humanos. Demasiado efectista, demasiado simple y, sobre todo, falso. Nadie (y menos un iusnaturalista sin saberlo, como Giacomino) podía pretender que los policías que secuestran, torturan y matan a personas indefensas lo hacen por ignorancia de las leyes, la Constitución o las Convenciones Internacionales.