En su informe de gestión anual, el Programa Verdad y Justicia expuso en cifras el desa-rrollo logrado en materia judicial sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y repasó los resultados de las tareas que, desde la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional, llevó a cabo durante 2014 en relación con esas causas: 23 juicios orales iniciados, 19 condenas y siete absoluciones, contacto con más de 1300 testigos, el análisis de su exposición a posibles circunstancias de peligro y varios trabajos de investigación que significaron “aportes sustantivos” a la Justicia. Sin embargo, el informe abre un paréntesis en el “ritmo sostenido” del proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado y marca una advertencia respecto del desarrollo dispar de los juicios en el territorio nacional: “Existen importantes demoras en algunas instancias de los procesos como en la confirmación de sentencias”.

El análisis anual del organismo coordinado por Luciano Hazan, un abogado que forjó su experiencia en los crímenes de la dictadura durante su desempeño en Abuelas de Plaza de Mayo, destaca el “avance sostenido desde 2003 hasta la actualidad” en el proceso de juzgamiento de los hechos del terrorismo de Estado, que se evidencia tanto en la cantidad de juicios llevados a cabo y próximos a empezar, como en el “alcance de responsabilidades respecto de los hechos”, un abanico que se fue abriendo desde las fuerzas militares y de seguridad hasta áreas “civiles, políticas, empresariales, eclesiásticas y judiciales”.

En ese marco, 2014 no fue un año ajeno a ese ritmo: según el registro del Programa Verdad y Justicia, son 32 los juicios que tuvieron lugar en todo el país, de los cuales 23 se iniciaron en el año que culminó la semana pasada y 19 obtuvieron sentencia. Desde 2006, cuando comenzaron los debates orales sobre los horrores de la última dictadura, unos 613 represores recibieron condena; 95 recibieron penas durante el año que pasó.

Sin embargo, el documento advierte que tal avance “no es homogéneo en todas las provincias”. Buenos Aires es la provincia que más causas cerró con sentencia en el último año: seis en total, contando la de los crímenes del centro clandestino de detención La Cacha, que tramitó en La Plata, las de Monte Peloni y Argüello, que se desarrollaron en Mar del Plata, y otras tres que se evaluaron en San Martín. En Tucumán y en la ciudad de Buenos Aires hubo tres fallos condenatorios, respectivamente. En algunas provincias no se concretaron procesos orales durante 2014, aunque serán escenario de debates este año: en Catamarca comenzará el 18 de febrero el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en el distrito; en Formosa comenzará otro, aunque aún no tiene fecha.

En su informe, el Programa Verdad y Justicia enumera brevemente las razones a las que atribuye la disparidad en el avance a nivel territorial. “Los operadores judiciales y las partes acusadoras carecen, en general, de conocimientos específicos para evaluar la salud psicofísica” de los imputados en las causas. Esa falta se convierte en un problema frente a la “multiplicación por parte de las defensas de solicitudes de suspensiones de causas alegando incapacidades” de sus defendidos. Incluso, en varias jurisdicciones “se han denunciado irregularidades en estudios médicos realizados por peritos oficiales”.

La conformación de los tribunales es otra cuestión que afecta al ritmo de los procesos judiciales sobre los crímenes de lesa humanidad. En su mayoría, son jueces subrogantes los que conforman los tribunales federales encargados de dirigir los debates orales en estas causas. Al respecto, el Programa Verdad y Justicia advierte que “las integraciones se realizan con jueces de otras jurisdicciones”, por lo que “coordinar agendas de trabajo de diferentes funcionarios y los traslados respectivos implica que algunos juicios se desarrollen con una audiencia semanal o, incluso, quincenal”. La cuestión “entraña una importante demora en los tiempos en los que se llevan adelante los juicios con las consecuencias que acarrea eso para las víctimas, los imputados, las partes y el proceso de verdad y justicia en general”. Sólo un 13 por ciento de los juicios desarrollados en 2014 contó con un ritmo de tres audiencias semanales. El 26 por ciento logró mantener dos encuentros por semana.

Una última advertencia que realiza el Programa Verdad y Justicia atañe a las nuevas líneas de investigación en las causas por delitos de lesa humanidad: “En relación con líneas vinculadas con los delitos contra la integridad sexual, el funcionamiento de las estructuras de inteligencia durante el terrorismo de Estado y las responsabilidades civiles de directivos de empresas, se detecta que los avances son muy incipientes y aún existen fuertes obstáculos”.