“Ningún otro poder puede inmiscuirse en el funcionamiento de lo que es propio del Ministerio Público de la Nación. Este Congreso votó el Código Procesal Penal y la creación de cargos, tanto de fiscales como de defensores, para cumplir con su propósito.” Rodeado de los integrantes de los bloques del Frente para la Victoria de ambas cámaras, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, rechazó la “precautelar” dictada por el juez Enrique Lavié Pico, que frenó la designación de 16 fiscales subrogantes que había ordenado la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El jefe del bloque de senadores, Miguel Angel Pichetto, hizo foco en que la decisión judicial “carece de legitimidad” y anticipó la conformación de una comisión bicameral de seguimiento del código. En tanto, la diputada Diana Conti aseguró que con la decisión del juez “apuntan al nuevo Código Procesal Penal, que es resistido por parte de la corporación judicial”.

“Los fiscales ya estaban designados, se actuó en el marco de la ley, algunos jueces paralizan la división de poderes”, sostuvo Domínguez en el tercer piso del Congreso, donde se encuentra el despacho de la presidencia del bloque del FpV. Había aire acondicionado, pero el calor se filtraba por debajo de las puertas. El objetivo estuvo puesto en la defensa de la “división de poderes”, porque la medida dictada por el juez era “una clara intromisión” sobre las decisiones del Poder Legislativo y el Ministerio Público. El presidente de la Cámara baja estuvo acompañado por Pichetto y una veintena de legisladores kirchneristas que defendieron los cambios que son consecuencia de la sanción del nuevo Código. Domínguez explicó que “se avanzó lo más rápido que se pudo con el afán de dar respuesta a las demandas de justicia, transparencia y lucha contra el narcotráfico y la criminalidad”, y denunció que algunos jueces buscan “paralizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” que deberían emprender los fiscales.

El viernes, el juez Lavié Pico dio paso a una “precautelar” ante la designación de 16 fiscales que había definido Gils Carbó para agilizar la puesta en funcionamiento de las fiscalías. El legislador bonaerense que recientemente aterrizó en el Frente Renovador, Mauricio D’Alesandro, había solicitado la medida unos días antes. Una solicitud similar había sido desestimada a fines de diciembre por otro juzgado. La decisión de Gils Carbó fue apoyada por más de 80 fiscales y funcionarios judiciales luego del fallo que habilitó el freno a las designaciones. Los legisladores del FpV –entre los que se encontraban Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, Juan Carlos Díaz Roig, Andrés Larroque, Eduardo de Pedro, Jorge Landau, Pablo Kosiner y Guillermo Carmona, entre otros– defendieron la decisión legislativa de sancionar el Código que le otorga la facultad de ocupar las fiscalías con subrogantes.

Sentado al lado de Domínguez, Pichetto apuntó directamente a que se buscaba “afectar a la República, el principio de división de poderes y el rol del Congreso” y destacó que lo que estaba en juego era “la defensa de la ley como principio de voluntad popular, que no puede ser violada por un acto solitario de un juez”. El jefe del bloque de senadores del kirchnerismo puso bajo la lupa al juez porque “la medida cautelar que paralizó esos nombramientos había sido rechazada por la jueza natural (en licencia) Claudia Rodríguez Vidal el 30 de noviembre pasado, aunque luego fue admitida por su subrogante”. Pichetto anunció en la mesa oval la conformación de una Comisión Bicameral de Seguimiento del Código Procesal Penal, anticipó que los integrantes por el oficialismo serían propuestos hoy y explicó que la comisión entrará en vigencia a partir del próximo período legislativo.

La diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue directo a la cuestión política de fondo. “Este es un Código Procesal Penal resistido por parte de una corporación judicial que no quiere estar en la lucha contra delitos como el narcotráfico”, sostuvo y agregó que se trataba de “una corporación que actúa en sintonía con (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto y (con el diario) La Nación”. La legisladora kirchnerista remarcó que “mientras alguien se apropió del nombre del ‘Congreso’ para crear un índice sobre precios, el Frente para la Victoria está defendiendo al pueblo argentino en materia de seguridad”.

Uno de los que tomó la palabra fue el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, que hizo referencia a la nota publicada por Horacio Verbitsky en la edición del domingo en Página/12, enfocada en la vinculación del fiscal general de San Isidro, Julio Novo, con el narcotráfico. “Algunos jueces protegen a los delincuentes”, señaló y se preguntó: “¿Por qué no se dedican a proteger a la población? Estamos defendiendo los intereses del pueblo y no vamos a claudicar”, sentenció, dejando la declaración de principios sobre la mesa.