Legisladores del Frente para la Victoria, integrantes del Gobierno y fiscales volvieron a rechazar la medida precautelar que suspendió la designación de fiscales realizada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y advirtieron que la medida es una intromisión de la Justicia contra el Poder Legislativo y la autonomía del Ministerio Público.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recordó en este sentido que los fiscales “fueron seleccionados por el Senado de la Nación” y calificó las resoluciones judiciales que les impiden asumir como “una conducta anticonstitucional y antidemocrática”. También el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, criticó la precautelar. “¿Alguien en su sano juicio me puede explicar por qué la Asociación de Magistrados tiene legitimación para impugnar la implementación de una reforma al Código de Procedimiento?”, se preguntó en su cuenta de Twitter, donde consideró que el fallo del juez Enrique Lavié Pico es “una nueva pieza de colección de mala praxis judicial”.

También habló sobre el tema el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, uno de los dieciséis funcionarios cuyo nombramiento fue bloqueado por una precautelar de Lavié Pico. “Les duele y les molesta darse cuenta de que pierden un enorme poder sucio e ilegítimo”, planteó el fiscal, que remarcó que estas reacciones judiciales “ponen tildes mafiosos y políticos a la decisión de un poder autárquico que implementó una ley del Congreso”, ya que Gils Carbó actuó de acuerdo con las facultades que le da el nuevo Código Procesal Penal.

A su vez, en la misma línea de lo que había manifestado el lunes en la conferencia de prensa de los legisladores kirchneristas, el diputado Héctor Recalde explicó que “ninguno de los fiscales nombrados ahora por la procuradora es un recién llegado, todos fueron designados por concurso y algunos tienen más de veinte años de antigüedad”.

Esos fiscales fueron nombrados en el marco del nuevo Código Procesal Penal para destinarlos a “especialidades en los temas más pesados, que son el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas”, agregó el legislador. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, reiteró que el artículo 120 de la Constitución, que establece la creación del Ministerio Público Fiscal y que fue firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín, establece que se trata de un “órgano independiente” y que no se están designando nuevos fiscales sino cubriendo vacantes.

Otra diputada que habló del tema fue Graciela Giannettasio, que señaló que “el oficialismo no defiende a la procuradora general de la Nación sino a las normas” dictadas por el Congreso. Por su parte, su par Teresa García consideró “inexplicable” la precautelar. “Es altamente difícil entender qué pasa con la Justicia; hay una injerencia en las decisiones del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo”.