Aunque tarde, no quisieron quedarse afuera. Ayer, un grupo de legisladores del PRO presentó en el juzgado del juez Enrique Lavié Pico, a cargo del fuero federal en lo Contencioso Administrativo durante la feria, una “declarativa de inconstitucionalidad” por la designación de 16 fiscales nombrados por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Consideran que, además de no haber una “ley de implementación” que albergue la medida de Gils Carbó, su actitud denota una “clara discrecionalidad”.

La senadora Gabriela Michetti y los diputados nacionales Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Patricia Bullrich impulsaron la nueva estrategia judicial. El documento, que implica la apertura de una nueva causa en torno de la designación de funcionarios subrogantes para cubrir una serie de fiscalías creadas a partir del nuevo Código Procesal Penal, solicita la nulidad de los nombramientos por “falta de ley de implementación y problemas de clara discrecionalidad”.

Horas antes de que sucediera, Pinedo anunció la maniobra y criticó a la procuradora: “Saca a los fiscales que no le gustan y pone a los fiscales que sí le gustan, que son de su agrupación política”. El texto iguala en su cometido al de la Asociación de Magistrados y al del diputado provincial massista Mauricio D’Alessandro: la suspensión de las designaciones. Lavié Pico ya concedió esas precautelares y así trabó interinamente la asunción de los nuevos fiscales.

En el escrito, los parlamentarios macristas pidieron “la invalidez jurídica o inconstitucionalidad” de la designación de nuevos fiscales subrogantes, ya que la medida “viola el principio de división de poderes, potestades y competencias constitucionales conferidas a los legisladores y al Congreso de la Nación”. Apuntaron a la “falta de discusión” sobre el tema en el Congreso, punto en el que coinciden con el resto de la oposición y la ausencia de una Comisión Bicameral que elabore la norma de implementación.