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Los jueces que integran el Consejo de Guerra de las Fuerzas Armadas ya tienen decidido que la conducta de los generales Ramón Genaro Díaz Bessone, Reynaldo Benito Bignone y Albano Harguindeguy merece ser juzgada por el tribunal castrense. Entre mañana y los primeros días de la semana próxima se conocerá el dictamen. Los represores argumentaron en favor de la tortura y la desaparición forzada de personas durante la grabación de un documental, elaborado por la periodista francesa Marie-Monique Robin, y adelantado por Página/12 a principios de septiembre. Paradójicamente, los defensores de los militares cuestionaron la jurisdicción del Consejo Supremo y pidieron que la causa pase a la Justicia federal donde existe un proceso abierto por apología del delito. El motivo: evitar la baja, la sanción máxima que prevé el Código Militar y que ya tendría decidida el presidente Néstor Kirchner en su carácter de comandante en jefe de la Fuerzas Armadas. En cambio, si actúan los tribunales civiles especulan con el paso del tiempo y con la aplicación de una pena sin consecuencias sobre sus carreras y, sobre todo, sus bolsillos.
La baja implica la pérdida del grado y de la jubilación aunque se mantiene una pensión del 50 por ciento para la esposa de los uniformados sancionados. El derrotero de los represores sumariados por orden de Kirchner muestra, en rigor, la debilidad en la que se encuentran acorralados después de veinte años de democracia. Sólo los familiares directos se ocuparon de la suerte del ex presidente de facto Bignone y de Díaz Bessone, otrora poderoso ministro de Planeamiento de Jorge Rafael Videla y uno de los responsables de la persecución ilegal comandada desde el II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. Las tres hijas de Bignone se preocuparon por el perjuicio económico que podría afectar a su padre –con prisión domiciliaria en la causa por robo de bebés– en caso de dejar de percibir el retiro. El hijo de Díaz Bessone, un teniente coronel “con foja intachable”, según aseguran en el Edificio Libertador, también intentó morigerar el peso de una posible sanción contra su padre pero marcando sus diferencias con la reivindicación del Terrorismo de Estado.
El general Díaz Bessone fue indultado por Carlos Menem en octubre de 1989 y es reclamado por el juez español Baltasar Garzón. También Francia podría juzgarlo por la desaparición del estudiante de ingeniería Yves Domergue, secuestrado en Rosario en diciembre del ‘76.
“No hubo un solo planteo corporativo en defensa de ellos”, repiten quienes promueven la sanción máxima con el fin de disciplinar a los gerontes. El decreto, firmado por Kirchner, y puesto en práctica por el ministro de Defensa, José Pampuro, y por el jefe del Ejército, Ricardo Bendini, consideró que las declaraciones a ser investigadas “constituirían prima facie un agravio a las Fuerzas Armadas y sus miembros” y sus conductas podrían encuadrarse en el artículo 758 segundo párrafo del Código de Justicia Militar referido a los delitos contra el honor militar. La elaboración del sumario estuvo a cargo del general Luis Pozzi y sus conclusiones fueron tomadas por el fiscal y sostuvieron el pedido de degradación de los represores.
El telefilm Escuadrones de la Muerte mostró a los integrantes de la última dictadura militar argentina detallando las instrucciones que habían recibido de sus pares franceses que habían actuado en Indochina y Argelia. Cuando creyó que ya lo habían dejado de filmar, Díaz Bessone dijo:
- “¿Cómo puede sacar usted información a un detenido si no lo aprieta, si no lo tortura?”.
- “Lo de los 30.000 desaparecidos es propaganda. La verdad es que no llegan a 7000. ¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar a 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a (Francisco) Franco con tres (en España). Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7000 personas”.
- “¿Y si los metíamos en la cárcel, qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad”.
Bignone siguió en la misma línea de justificación de las aberraciones con las que combatieron a los grupos guerrilleros y a toda la sociedad. El último presidente de facto, el que promulgó la autoamnistía para intentar evitar el juzgamiento de los responsables de miles de secuestros, torturas y desapariciones, dijo que en una reunión con tres obispos, éstos le manifestaron su acuerdo con el uso de la tortura para obtener información. También precisó que “nuestro presidente (Kirchner) habla de 30.000, pero sólo (sic) fueron 8000” los desaparecidos y ya como analista social se permitió decir que “el delincuente tiene que saber que en la comisaría por lo menos una pateadura se va a ligar”.
Harguindeguy, quien ocupó el estratégico Ministerio del Interior y hasta estuvo interinamente a cargo de Educación, marcó algunos matices con la bestialidad de sus camaradas. Admitió que las Fuerzas Armadas secuestraron, torturaron y asesinaron detenidos, pero aclaró que “de todas maneras constituyó una violación de los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas”.
Los defensores de Díaz Bessone, Bignone y Harguindeguy pretenden que sea el juez federal Jorge Ballestero, quien recibió una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans por apología del delito contra los represores, el encargado de investigar el tema. Y así conjurar la degradación y sobre garantizar el cobro del retiro. La estrategia pone en evidencia el oportunismo del cambio de argumentos: durante años los jerarcas de la dictadura desconocieron las atribuciones de la justicia civil –el propio Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba acaba de levantar esa doctrina para negarse a declarar tras su detención como responsable de la represión en el III cuerpo de Ejército–. Ahora, los jerarcas piden esa jurisdicción condenados al ostracismo hasta dentro de la corporación.