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El Gobierno suspendió ayer los efectos de la renegociación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000 firmada por el ex presidente Eduardo Duhalde cinco días antes de dejar el cargo. Este acuerdo entre el antecesor de Néstor Kirchner y Eduardo Eurnekian (titular del grupo licenciatario) le otorgaba a la concesionaria condiciones más flexibles para el cálculo del canon (derecho de explotación del sistema nacional de aeropuertos) que debía pagar al Estado. El decreto emitido ayer por el Ejecutivo dispuso, además, que la futura discusión de las condiciones del contrato quedará enmarcada en la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, encabezada por los ministros Julio De Vido y Roberto Lavagna. Ninguno de los dos participó ayer del anuncio de la medida. Voceros de la concesionaria expresaron ayer su alivio por la resolución, que en sus términos aleja el fantasma de la rescisión del contrato “sugerida” en los duros dictámenes de la Auditoría General de la Nación y la Sigen emitidos en las últimas semanas. El propio Alberto Fernández (jefe de Gabinete), al hacer público el decreto, admitió que no se analiza cambiar de concesionario.
De acuerdo al contrato original, AA 2000 debía abonar 171 millones de dólares al año como derecho de explotación de las 33 estaciones aéreas concesionadas. Además, se obligaba a hacer una serie de inversiones de modernización de las estaciones distribuidas a lo largo del país. Tanto los informes de la Auditoría como de la Sindicatura establecieron que la concesionaria no sólo dejó de pagar el canon sino que incumplió groseramente con el compromiso de inversión, al punto de que sólo habría aportado 51,5 millones de los 746,5 millones de pesos comprometidos hasta agosto de este año (el siete por ciento), según el último informe de la Sigen.
No obstante, el titular de Corporación América (accionista principal de AA 2000), Eduardo Eurnekian, alcanzó un acuerdo con el gobierno de Duhalde que se plasmó en el decreto 1227 del 20 de mayo de 2003 (que ayer dejó en suspenso el actual gobierno). En virtud del mismo, se modificaron los términos del canon que la concesionaria debería abonar al Estado y las obligaciones de inversión a futuro, hasta el vencimiento de la concesión en el año 2028. La concesionaria se obligó además a aumentar las garantías (de cumplimiento de obligaciones) a 50 millones de pesos y el Estado desistía del traslado del Aeropuerto Jorge Newbery. Desde mayo, AA 2000 comenzó a pagar el canon en función de sus ingresos (cobro de tasa aeroportuaria), lo que le significó hasta septiembre el desembolso de 35 millones de pesos.
Conforme a voceros de la empresa, “con la tendencia creciente en la cantidad de pasajeros, en vuelos internacionales pero también en septiembre en vuelos de cabotaje, hacia fin de año hubiéramos estado pagando el equivalente a una cifra anualizada de 118 millones y en 2004, en torno a los 150 millones”, unos 20 millones por debajo de lo establecido en el contrato original (pesificado en el 2002). Estas proyecciones, sin embargo, ahora no son más que un dato adicional para la futura renegociación, ya suspendidos los términos del decreto de mayo. También será parte de las discusiones en el marco de la Unidad Renegociadora el tratamiento que merezca la deuda por canon hasta la renegociación de mayo, que suma de 350 a 400 millones de pesos.
El punto más controvertido, sin embargo, es el de las inversiones no realizadas. Según el informe que la Sigen elevó el mes pasado a las autoridades de Economía y Planificación Federal, tan sólo en tres aeropuertos (de un total de 33) se cumplió razonablemente con el compromiso de inversiones (Jorge Newbery, San Rafael y Puerto Madryn, en estos dos últimos en exceso). En otras 10 estaciones, fueron nulas o inferiores al 5 por ciento de las sumas comprometidas por contrato, y en otros 14 las erogaciones en obras oscilaron entre el 5 y el 20 por ciento de lo estipulado originalmente. Este fue el eje de los cuestionamientos delos informes de la Auditoría y la Sigen, que brindaban elementos más que suficientes para la rescisión. La empresa concesionaria, en tanto, demanda la restitución de unos 300 millones de pesos en inversiones realizadas por fuera de las obligaciones de la concesión.
Según explicó Alberto Fernández ayer al dar a conocer el decreto de suspensión de la renegociación de Duhalde, “la consecuencia es que a partir de ahora volverá a regir el contrato original de concesión”. El decreto 1227/03 de Duhalde ya había sido suspendido en junio por orden judicial, aunque la empresa siguió tomándolo como válido al menos a efectos del pago del canon. De hecho, lo que ayer hizo el Gobierno fue acatar la orden judicial.
Para Aeropuertos Argentina 2000, la resolución de ayer puede ser evaluada como un éxito parcial, en tanto despeja el fantasma de la rescisión. Pero además diferenciará su situación de la de Correo Argentino, que si en las próximas horas no logra un (más que improbable) acuerdo con sus acreedores –en el marco de la convocatoria– vería decretada la pérdida de la concesión.
“El contrato (de Aeropuertos) pasa a la Unidad de Renegociación para revisarlo y analizarlo: no estamos analizando la posibilidad de caída del contrato”, aclaró Fernández. No obstante, los dictámenes de Auditoría y Sigen formarán parte de los elementos que la unidad renegociadora deberá tomar en cuenta.