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Con la resolución que favorece la “libertad sindical” en el sector público, el Gobierno reactivó una polémica hasta ahora inconclusa. El miércoles, el Ministerio de Trabajo difundió su resolución 255, que garantiza la personería gremial a los sindicatos del ámbito estatal. También se les respeta esa condición aun ante el surgimiento de otros gremios menores, como los municipales. Hasta ahora, si el sindicato de un municipio del Conurbano lograba su personería, los gremios estatales –Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)– perdían la suya en ese distrito. “Ahora sí se podrá cumplir con la Constitución, que da el derecho de que podamos organizarnos como queramos”, destacó ayer Víctor De Gennaro, de la CTA.
Hasta la sanción de la nueva norma, las personerías gremiales se otorgaban según la cantidad de afiliados de cada gremio, según criterios de “representatividad”. Por ejemplo, en muchos municipios del Gran Buenos Aires se crearon sindicatos de municipales impulsados, muchas veces, por el propio intendente. De esa manera se lograba control político sobre los trabajadores y se evitaba su agremiación en las organizaciones nacionales, como ATE. Esa práctica –muy común en los distritos gobernados por el PJ– hacía que ATE y UPCN perdieran la personería en algunos municipios. Con la resolución 255, las organizaciones podrán coexistir en igualdad y los trabajadores podrán elegir a cuál de ellas afiliarse.
La decisión del Gobierno recibió elogios –De Gennaro fue el más entusiasta– pero también críticas. Porque a los gremios menores les quita el monopolio de la representación de los trabajadores de algunos municipios. Esos sindicatos están afiliados a la CGT oficial y concentrados en la Confederación de Obreros y Empleados Municipales (Coema), cuyo máximo referente es el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof. Obviamente, están alineados en el PJ bonaerense y reconocen a Eduardo Duhalde como su conductor. Ese sector es el que más se opone a que la “libertad sindical” se extienda al sector privado. También se oponen “los gordos” de la CGT oficial, aunque con menos determinación que los duhaldistas. En soledad, la CTA es la única que lo reclama.
“Tenemos que terminar con la esquizofrenia de nuestro modelo sindical, que se ha convertido en un engendro –señaló ayer De Gennaro en declaraciones radiales–. Esa esquizofrenia permanecerá en el ámbito privado, donde hay 6 millones de trabajadores privados que están hoy siendo rehenes del unicato”. El “unicato” del que habla De Gennaro es el monopolio que cada gremio tiene en su actividad, el sindicato único por rama, que ha sido una de las banderas históricas del sindicalismo peronista. Por ejemplo, según el argumento de los dirigentes cercanos a Duhalde si existieran varios gremios por actividad –como la metalúrgica, la construcción o el comercio– se debilitaría el poder de los trabajadores en las negociaciones con las patronales.
La respuesta que dan desde la CTA es que el poder de negociación de los trabajadores ya está debilitado de hecho, por las transformaciones estructurales del modelo económico. “Ellos pretenden reconstituir un escenario que ya fue transformado por el sistema capitalista. Hoy el problema de la debilidad de la clase trabajadora no se da por la división de los sindicatos sino por los miles de trabajadores precarizados, en negro, clandestinos, que no se pueden sindicalizar”, analizó, en diálogo con Página/12, un dirigente sindical de la central alternativa. Algunas cifras ilustran ese panorama. En el país hay sólo cuatro millones de trabajadores registrados, pero son mucho más los empleados en negro, los subocupados y los desocupados que reciben, o no, ayuda social.
Ante esa situación, la CTA viene desarrollando una campaña por la “democracia sindical” que incluya al área privada. Hasta ahora, su reclamo no logró consenso en el Gobierno, donde conviven posiciones disímiles como la de Tomada –llegado a Atanasof y que coincide con las posiciones de Duhalde– y la del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien ya habría anticipado su acuerdo con la CTA. El debate sigue pendiente.