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El general Roberto Bendini se encargará de combatir el sida. El almirante Jorge Godoy controlará la seguridad informática de la Argentina. El brigadier Carlos Rohde hará la prevención de los desastres naturales y los de origen humano. Y todos, coordinados por el general Mario Chretien, jefe del Estado Mayor Conjunto, pelearán contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero. Eso es lo que pasaría si se pusiera en práctica la declaración de la conferencia especial de seguridad que empezará a sesionar el lunes en México.
Página/12 accedió al último borrador del documento, la revisión número nueve alcanzada por los representantes de la Organización de los Estados Americanos el último jueves.
El texto fue redactado por un grupo de trabajo que depende de la Comisión de Seguridad Hemisférica. Son 14 páginas de un detalle apabullante donde todo en la vida es seguridad.
Por la Argentina participarán del encuentro el canciller Rafael Bielsa y el ministro de Defensa José Pampuro. También el embajador en la OEA, Rodolfo Gil. Diplomáticos latinoamericanos dijeron a este diario que los Estados Unidos no enviarán una misión de primer nivel. Hasta anoche no dieron señales de que estarán en México el secretario de Estado Colin Powell y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, uno ocupado en la crisis de Medio Oriente y el otro en el desastre en que se convirtió la ocupación necolonial de Washington en Irak.
Pero ambos ministerios de los EE. UU. consiguieron imponer sus puntos de vista en el documento que saldrá de la conferencia gracias a la ayuda de Canadá y los caribeños.
Dice uno de los puntos: “Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, y el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales”.
En general este tipo de textos da vueltas y no va nunca al punto. Error. Eso no sucede con la declaración que se aprobará con correcciones menores en México. Uno de los puntos señala que la seguridad de los Estados americanos se ve afectada por amenazas tradicionales “y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa”. Conviene citar completa la lista:
- “El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos”.
- “La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados”.
- “Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/sida y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente”.
- “El tráfico ilícito de personas”.
- “Los ataques a la seguridad cibernética”.
- “La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radiactivo y desechos tóxicos”.
- “La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas”.
Es decir, todo.
El documento hipertrofia la seguridad. La exclusión social es un grave problema, según suelen reconocerlo los gobiernos y hasta los organismos internacionales de crédito. Pero hasta ahora constituían una amenaza no para un abstracto concepto de seguridad hemisférica sino para la dignidadde cada ciudadano, hoy marginado, o para la cohesión social de las sociedades latinoamericanas, cada vez más desiguales.
Pero hay más. El texto no solo formula una especie de panseguridad -todo lo es, todo la afecta, todo es amenaza o puede serlo– sino que militariza su tratamiento.
Por lo pronto hay un hecho concreto: a la conferencia, además de los cancilleres, van los ministros de Defensa, que en este mundo suelen ser los responsables de las Fuerzas Armadas. En algunos casos, como sucede en la Argentina, Chile o Brasil, son responsables civiles de las fuerzas militares. En otros son militares que funcionan como delegados de los cuerpos armados en el gobierno civil.
Si los delegados son ministros de Defensa, es porque el análisis de la respuesta a las amenazas, las viejas y las nuevas, incluye a los militares.
Si no, deberían viajar a México los gabinetes enteros. Los ministros de Salud para discutir sobre sida, los de Desarrollo Social para hablar de políticas que disminuyan la marginalidad o los directores de Migraciones para intercambiar las experiencias de cada uno en el combate a las mafias que llevan chicas de un país a otro para prostituirlas.
Página/12 preguntó en el Gobierno si Kirchner se desprenderá de su gabinete. La respuesta fue negativa. Solo de Bielsa y Pampuro. Fue imposible establecer si el éxodo se producirá, sin embargo, en el resto de las naciones del continente.
La militarización asoma también en puntos concretos del texto al que tuvo acceso este diario.
El punto 48, por ejemplo, recomienda que el Consejo Permanente de la OEA siga examinando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El objetivo sería el de revisar el TIAR y otros instrumentos existentes “teniendo en cuenta las realidades de la seguridad en el hemisferio y la naturaleza distinta de las amenazas tradicionales y no tradicionales a la seguridad, así como los mecanismos de cooperación para hacerles frente”.
El TIAR es un pacto anacrónico, surgido en 1947, en medio de la Guerra Fría entre la Casa Blanca y el Kremlin, y obliga a la asistencia entre los 23 firmantes americanos del acuerdo. No funcionó en 1982, durante la guerra de Malvinas entre uno de esos 23 y una potencia extranjera, el Reino Unido.
El último documento siguiendo el TIAR se firmó luego del ataque terrorista que tumbó las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del 2001. Comprometía la “asistencia recíproca efectiva” luego del atentado contra los Estados Unidos.
Si el TIAR amplía sus funciones, las Fuerzas Armadas de todo el continente también deberán hacer frente a problemas como la entrada a Managua de un portador de neumonía atípica made in Hong Kong, los destrozos de un hacker iraní en los sistemas del Quini 6, el éxodo de haitianos a Miami y la situación del 80 por ciento de población indígena en Bolivia.
Los expertos de la OEA suelen decir que cuando las normas se superponen innecesariamente a otras o son vagas, terminan sirviendo de cobertura política para estrategias disimuladas. O mal disimuladas, como en este caso.