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En la serie televisiva “El Gran Hermano” le hubieran dicho “estás nominado”. Cuando el próximo jueves se reúna la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, para el juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez habrá comenzado su cuenta regresiva. “La decisión está tomada, comenzamos con Vázquez”, confió a Página/12 un destacado legislador del oficialismo con llegada directa a la Rosada. Más diplomático, cuando este diario le preguntó al titular de la comisión de enjuiciamiento, el tucumano Ricardo Falú, si en el próximo encuentro de la comisión se comenzarán a estudiar las denuncias que pesan sobre el magistrado, se limitó a responder: “Es probable”. Previo al encuentro de la comisión, Falú discutirá con los referentes de los principales bloques parlamentarios la estrategia a seguir. Por lo pronto ya hay consenso para avanzar sobre Vázquez. Sólo queda por analizar la oportunidad política. Dato que como nunca antes también aparece favorable para quienes impulsan la renovación del máximo tribunal de justicia.
“No hay, ni debe haber descanso hasta que mejoremos la calidad de las instituciones de la República”, afirma Falú para dejar en claro que lejos de entrar en un parate, a la comisión de enjuiciamiento todavía le queda mucho trabajo pendiente.
Como prueba de ello, Falú recuerda que al margen de las causas que sumó durante el año pasado cuando el duhaldismo puso freno al juicio político a la totalidad de la Corte, Vázquez acumuló cerca de 40 nuevos cargos. Muchos de ellos presentados por particulares. Aunque mayoritariamente la acusación está dirigida a la totalidad de la Corte, por añadidura también se le suman a Vázquez. Algunas de las presentaciones que la comisión recepcionó durante el 2003 están suscriptas por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la CGT delegación regional de Tartagal, Hebe de Bonafini y Ricardo Monner Sans, entre otros. Pendientes de tratamiento también se encuentran los pedidos de enjuiciamiento presentados por la CTA, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y muchos más particulares.
“Hay algunos diputados que quieren incorporar algunos casos nuevos, pero no dudo en decirle que es muy posible que comencemos por los casos Magariños, Macri y Meller”, afirma Falú a este diario, cuando se le consulta por los casos en los que se fundamentará el enjuiciamiento de Vázquez. En esos 3 casos, los diputados marchan sobre terreno conocido. Fueron ésos los expedientes que motivaron el enjuiciamiento y actual suspensión de Eduardo Moliné O’Connor.
También hay dos pedidos de juicio político que la comisión deberá resolver. Uno de ellos presentados por el entonces diputado santacruceño Sergio Acevedo y el otro por la porteña Nilda Garré. En su proyecto, la diputada asegura que Vázquez incurrió en una “clara conducta de prejuzgamiento al haber adelantado el sentido de su voto sobre la redolarización de los depósitos bancarios”.
En el caso de Meller, el dictamen de Vázquez fue el más escueto de todos los miembros de la mayoría automática. En pocas líneas se limitó a decir que las decisiones del tribunal arbitral designado por la ex interventora de ENTel María Julia Alsogaray, que sorteó las recomendaciones del procurador del Tesoro de desestimar el reclamo del Grupo Meller, no eran recurribles judicialmente.
“No hemos conversado formalmente nada sobre el caso de Vázquez”, confía a Página/12 Carlos Iparraguirre, el principal referente del radicalismo en la Comisión de Juicio Político. La mención del legislador no contradice la posibilidad de que el próximo jueves los diputados comiencen a trabajar sobre quien supo definirse como el amigo de Carlos Menem. “Convocar a las reuniones de comisión es una facultad del presidente”, dice el santafesino, que de paso recuerda que por el caso Meller reclamó el juicio político de los cinco cortesanos que supieron conformar el núcleo duro que sintonizaba con el menemismo.
Aunque en público se manifiestan mesurados, en privado los integrantes de la comisión parlamentaria que enjuicia a los supremos nos ocultan su satisfacción por la renuncia de Guillermo López. Algunos incluso están exultantes. “La de López fue una renuncia racional. Era un juez sin salida. El peso de las pruebas era contundente. Su pasado lo condenaba. Renunciar el mismo día que comenzaba el trabajo de la comisión es como decir me rindo”, interpreta Falú.
La renuncia de López aceleró los tiempos de los legisladores del oficialismo. En parte demostró que su táctica para lograr recambios en la Corte Suprema se está mostrando acertada. Para Falú, la denuncia de López debilita a Moliné O’Connor, el único cortesano que está enfrentando al tribunal de enjuiciamiento. “Si de tres jueces acusados por los mismos cargos, dos se rindieron, es porque son culpables”, no duda en señalar Falú.
En Diputados analizan que los cortesanos cuyo principal mérito para llegar a la Corte fue el sostén del menemismo son aquellos más débiles cuando se trata de resistir las acusaciones de mal desempeño. De corroborarse la hipótesis, Adolfo Vázquez está en problemas.