Con el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entró en su última etapa el juicio oral por delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de los países del Cono Sur a mediados de los años ’70. Durante las primeras dos audiencias, el abogado Martín Rico explicó el funcionamiento de los aparatos de inteligencia de los países miembros del Cóndor y comenzó el relato de los hechos que tuvieron por víctimas a los chilenos Carlos Prats en Buenos Aires y Orlando Letelier en Estados Unidos, entre otros. El proceso continuará el viernes y, tras el alegato de la Secretaría, será el turno del CELS y –después de la feria judicial de invierno– del fiscal Pablo Ouviña.

La denuncia para que se investigue el Plan Cóndor se presentó a fines de los ’90, mientras regían las leyes de impunidad. El juicio oral, que incluye los casos de 170 víctimas, comenzó en marzo de 2013, con 22 acusados encabezados por el dictador Jorge Videla. Durante los dos años transcurridos murieron Videla, Jorge Olivera Róvere y José Julio Mazzeo, y fue excluido por razones de salud Mario Gómez Arenas. Entre los 18 sobrevivientes están el dictador Reynaldo Bignone, el ex jefe de Campo de Mayo Santiago Riveros y el uruguayo Manuel Cordero Piacentini, enlace del ejército oriental con sus pares argentinos y único acusado extranjero. Los imputados llegaron a juicio acusados por privaciones ilegales de la libertad y asociación ilícita, excepto Cordero, que fue extraditado desde Brasil con la condición de ser juzgado sólo por los secuestros. El uruguayo gozó del beneficio del arresto domiciliario hasta que fue descubierto en la calle y ahora pasa sus días en el penal de Marcos Paz.

En el comienzo del alegato de la Secretaría, Rico se explayó sobre las distintas estructuras de Inteligencia que confluyeron en el Cóndor: la DINA chilena, que encabezaba el general Manuel Contreras; la Policía de Seguridad paraguaya, del dictador Alfredo Stroessner; el Batallón de Inteligencia 601 argentino; y el OCOA uruguayo (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), menos desarrollado que sus pares sudamericanos y que actuó con amplia colaboración de militares argentinos, con epicentro en el centro clandestino Automotores Orletti.

En una segunda etapa comenzó con el relato de los hechos, “asesinatos de alto nivel que provocaron los primeros rumores sobre un plan criminal contra los militantes de izquierda del Cono Sur”, recordó. Las primeras víctimas fueron “prominentes exiliados chilenos”. En septiembre de 1974 el ex ministro de Salvador Allende, general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa por una bomba colocada debajo de su coche. La ejecución del ex embajador Letelier derivó en uno de los primeros informes, que demostró el conocimiento del gobierno de Estados Unidos sobre el Cóndor, recordó Rico. Fue Robert Scherrer, agente del FBI destinado en la embajada de su país en Buenos Aires, quien informó a sus superiores que “Operativo Cóndor es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información relativa a los denominados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas, que se estableció recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en la región”.

Gran parte de las pruebas utilizadas durante el proceso y citadas en el alegato surgen de los 5800 archivos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano y del “Archivo del Terror”, de la policía de Paraguay, que incluyen fichas de seguimientos personales, historias de militancia e información sobre reuniones y contactos de quienes luego se convertirían en víctimas del Cóndor. Un testimonio clave –remarcó el abogado– fue el de Carlos Osorio, analista del National Security Archive, quien presentó una selección de 900 documentos de ambos archivos, de los cuales la querella a su vez seleccionó los más relevantes para probar los casos que integran el juicio.

Rico continuó con el detalle de los hechos el martes último y proseguirá mañana con los secuestros en Brasil de los argentinos Norberto Habbeger, Horacio Campiglia y Mónica Pinus de Binstock. Los acusados pidieron y obtuvieron la autorización del tribunal para no presenciar los alegatos, por lo que en principio volverán a la sala de los tribunales de Comodoro Py para decir sus últimas palabras antes de la sentencia. Al ritmo actual, de dos audiencias por semana, el juicio concluirá en el mejor de los casos en septiembre próximo.