“Es un pequeño avance de una causa que venía durmiendo y hace un año ya estaba desarchivada pero con una rotación de fiscales que impedía su avance”, dijo Alberto Santillán a Página/12 sobre las medidas dictadas en el expediente que investiga las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002, cuando fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Junto a Vanina Kosteki, hermana de Maxi, fueron recibidos la semana pasada por la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien les había expresado su voluntad de acelerar la investigación sobre los autores intelectuales de aquella represión a una manifestación piquetera sobre el Puente Pueyrredón, todos ex funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde. Santillán se había quejado ante Gils Carbó de que la actual fiscal del caso, Paloma Ochoa, se había disculpado ante ellos por no tener aún conocimiento del tema. “Ahora al menos fijaron fecha para las declaraciones de funcionarios de Avellaneda, testigos que aportamos que pueden decir mucho sobre los hechos”, precisó el padre de Darío. El primero de estos testimonios será el 6 de julio y el siguiente el 13. Ayer y hoy, a 13 años de la masacre, habrá vigilia, actividades culturales y movilización en la estación Darío y Maxi y en el puente.