La Justicia de Entre Ríos condenó por sedición agravada a diecisiete policías que en diciembre de 2013 tomaron la jefatura departamental de Concordia en reclamo de un aumento salarial, dejando sin seguridad a la ciudad y provocando una ola de saqueos que terminaron con tres muertos. Los condenados recibieron penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Durante el juicio, el fiscal Mario Guerrero señaló que los acusados “tomaron la Jefatura de Policía en la noche del 8 de diciembre de 2013, instigando a los saqueos en la ciudad”. También recordó que los policías entraron en ese edificio tirando gases lacrimógenos y que, tras tomar por la fuerza las oficinas de sus jefes, los privaron de su libertad.

Guerrero consideró que la sublevación “estuvo organizada y planificada”, y que se ejecutó con “una distribución de tareas”.

En ese sentido, remarcó que “los móviles que llegaban a la jefatura estaban impedidos de salir”, lo que explica por qué no actuaron cuando comenzaron los saqueos en la zona noroeste de la ciudad. En este marco, agregó, hubo funcionarios policiales que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría sin servicio de seguridad, en una maniobrada destinada a “arrancar al gobierno provincial un aumento salarial extorsivo”.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Alberto Barbagelata, Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud.

Los jueces sentenciaron a cuatro años y seis meses de prisión a los cabecillas del levantamiento policial en la ciudad, el oficial Carlos Zaragoza y los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho.

Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, Diego Diferding, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Gómez recibieron la pena de cuatro años. Finalmente, los imputados Luis Carlino, José y Hugo Troncoso, Andrés, Carlos y Luis Paredes, Carlos Rozas y Romero Valdés fueron condenados a tres años y seis meses de reclusión.

El tribunal, en cambio, desestimó las acusaciones de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes y lesiones leves reiteradas, que también pesaban sobre los policías. Por pedido del fiscal fue absuelto el oficial Esteban Cendra.

Además de este grupo de policías llevados a juicio, decenas de efectivos en toda la provincia fueron pasados a retiro o trasladados, y muchos de ellos siguen con sumarios administrativos.

En cuanto a los saqueos, hay más de cien personas imputadas. Algunos de ellos subieron a la web sus propias fotos y filmaciones cometiendo delitos, que después fueron utilizados como pruebas en su contra.

En esta misma causa, la Justicia ya condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a una pareja que participó de los saqueos, en un primer fallo que involucró a civiles.

En su momento, el gobernador Sergio Urribarri admitió que tuvo que acordar un aumento salarial con los sublevados “para evitar un baño de sangre”. Luego de que el orden fuera restablecido en la provincia, el mandatario anuló el aumento otorgado bajo una situación extorsiva.

En el mismo sentido que Urribarri, la procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, señaló que los policías sublevados “no respetaron la cadena de mandos” y protagonizaron “un hecho institucionalmente grave”.

Los abogados de los policías condenados anticiparon que la semana próxima apelarán el fallo y calificaron de “excesivas” a las penas. Su argumento principal de defensa es que los agentes se habían sumado a un “nuevo método de protesta” que se realizaba a nivel nacional para lograr un aumento salarial, lo que les fue otorgado después de las medidas de fuerza.

Las condenas serán de cumplimiento efectivo en caso de que queden firmes, es decir, si una segunda instancia judicial las confirma.