“No vamos a andar por la calle Florida tratando de detectar quién está comprando o vendiendo dólares. Nuestro trabajo será reunir información y serán los jueces o la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) la que lleve adelante las denuncias penales. En el mundo entero, en Estados Unidos, en España, Alemania, Holanda, los servicios de Inteligencia analizan y trabajan sobre los movimientos financieros y las amenazas que traen. Amenazas contra el orden constitucional”. Con estas frases, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, salió al cruce de los cuestionamientos surgidos a raíz de la publicación, en el Boletín Oficial del martes, de la Nueva Doctrina de Inteligencia. En diálogo con Página/12, Parrilli adelantó que ya empezó a conversar con empresarios y que se reunirán con los titulares de algunas cámaras, entre ellas la Unión Industrial Argentina, para explicarles exactamente cuál será el papel de la AFI.

–¿Qué contesta a los cuestionamientos a que la ex SIDE se meta en las cuestiones económicas?

–Es público que el presidente norteamericano Barack Obama dijo que la crisis económica de 2008 significó una amenaza mayor para Estados Unidos que la actividad terrorista en ese año. El mundo entiende hoy en día que hay nuevas amenazas a la vida democrática. Los movimientos económicos inciden y afectan la estabilidad democrática. Es igual que la ciberseguridad: ya está probado que los estados se tienen que ocupar de que no los vulneren afectando las redes sociales o que no los espíen por los distintos sistemas informáticos.

–Están los que dicen que ahora la AFI va a espiar a los que compran dólares o a los que hacen subir al dólar blue.

–Por favor. Hay que leer la ley. Nosotros sólo podemos hacer Inteligencia criminal sobre la base de la orden de un juez. No vamos a andar por la calle Florida tratando de determinar si una persona vende o no vende dólares. Nuestra tarea es producir información. Insisto en que la facultad de avanzar en investigaciones sobre criminalidad económica es de los jueces y de la Procelac.

–Aun así, ¿por qué el Estado debe husmear en divisas y acciones?

–Mire lo que está pasando en la Bolsa de Shanghai. Cincuenta empresas tuvieron que salir de la Bolsa, hubo corrupción, situaciones gravísimas. La AFI debe producir información sobre todo y transmitírsela a las autoridades del gobierno o de la Justicia. Antes la ley era mucha más vaga: decía que la SIDE debía realizar tareas sobre los distintos hechos o amenazas. Eso abría la puerta a casi cualquier cosa.

–¿Ustedes van a hacer Inteligencia sobre cuestiones como el aumento de precios o el desabastecimiento?

–Le insisto sobre el concepto. Nosotros produciremos conocimiento, información. Nosotros no decomisamos, no actuamos, no tenemos facultades para ninguna de esas acciones. Ya hablé con algunos empresarios. Me voy a reunir con las distintas cámaras para explicarles. Hablé y me voy a reunir con Héctor Méndez de la UIA. Mi mensaje es que no se dejen engañar por los que quieren desviar la atención.

–No faltan los que dicen que con estas medidas usted se quiere perpetuar en el poder.

–Es ridículo. El director general de la AFI tiene rango de ministro y por lo tanto, como los ministros, se va con cualquier cambio de gobierno. Es decir que estaré a cargo de la AFI a lo sumo hasta el 10 de diciembre o incluso me puedo ir antes si la Presidenta lo dispone. La ley prevé que cualquier director y subdirector de la AFI requiere acuerdo del Senado.

–Se habla mucho en los últimos años del espionaje económico. Por ejemplo, Estados Unidos espió a Brasil en particular en relación con Petrobras. También Washington hizo espionaje en Francia y Alemania por contratos militares...

–Nosotros vamos a trabajar en contraespionaje de lo económico, no lo dude. Los estados tienen que protegerse. Para eso nosotros tenemos que reunir conocimiento, información. Esa información será transmitida en tres niveles. En primer lugar, al presidente. En un segundo nivel al ministerio de Defensa en todo lo que tiene que ver con las amenazas externas y al ministerio de Seguridad en lo referido a los delitos, al narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado. El tercer nivel es el de otros organismos del Estado y de la Justicia.

–También se cuestiona el pase de las escuchas telefónicas al Ministerio Público con el argumento de que Alejandra Gils Carbó tiene posturas que coinciden con el oficialismo.

–Son prejuicios y más prejuicios. Por año, hay entre 20.000 y 25.000 órdenes de escuchas telefónicas. Ni siquiera hay acceso de la AFI o la Procuración a esas escuchas: se graba y se pasan directamente a los juzgados. Las únicas intervenciones que se hacen en tiempo real, con alguien escuchando directamente, son cuando hay riesgos de vida: es el caso de los secuestros, por ejemplo. En esos casos, está presente alguien del juzgado. Antes, en la ex SIDE, se hacían escuchas sin control, se les daban a jueces amigos y hubo casos de extorsiones. Por lo que sé, ahora la nueva titular del área, Cristina Caamaño pone en marcha dos comisiones asesoras. Una, de transparencia, a la que invitó a juristas como León Arslanian o Raúl Zaffaroni. Seguramente se sumarán varios organismos. La otra comisión asesora será técnica. Están invitando al Invap, pero también a universidades y a dependencias de ciencia y técnica. Nosotros les advertimos que habrá que afrontar un problema serio: hoy en día, gran parte de las escuchas se hacen con personal de las telefónicas. Creo que es importante formar personal de la Procuración para tomar la posta porque no corresponde que eso quede en manos empresas privadas.