El gobierno de Mauricio Macri destinó 450 mil pesos al pago del operativo que el juez federal Claudio Bonadio realizó con efectivos de la Policía Metropolitana en Santa Cruz en el marco de la causa por Hotesur. Así lo admitió el candidato PRO a la Jefatura de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que desde la oposición porteña se denunciara que el costo del procedimiento había sido cargado a la cuenta de los vecinos de la ciudad.

La revelación acerca del costo del operativo de la Metropolitana, y de que fue la ciudad la que pagó por él, alimentó aún más una polémica que temprano por la mañana había avivado el jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, al señalar que el procedimiento estuvo arreglado con el candidato presidencial del PRO: “Va a allanar con la Metropolitana que conduce Macri. ¿No tiene más gestos políticos que hacer? Faltaba que el juez fuera con los globos del PRO. “Me cuesta creer que Macri no forme parte de esta discusión, en la que termina poniendo a la Policía Metropolitana como auxiliar de la Justicia”.

El jefe de Gobierno, quien esta semana recibió la mala noticia de que continuará procesado por el espionaje ilegal vinculado a la creación de la policía porteña, respondió que “es una vil mentira más de tantas con las que tenemos que convivir hace tantos años”. “La Metropolitana ha sido convocada fuera de su jurisdicción por la Justicia federal en cientos de casos de narcotráfico y de trata”, aseguró el líder del PRO y sostuvo que es habitual que requieran a esa fuerza para acciones a 2500 kilómetros de distancia.

Macri no explicó, en tanto, si ese operativo se financió con dinero de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires cosa que sí tuvo que hacer Rodríguez Larreta. “Costó 450 mil pesos”, reconoció el jefe de Gabinete local y justificó el gasto en que la Metropolitana tiene la “obligación” de asistir a la Justicia si ésta así lo requiere.

Aunque no acostumbran a hacerlo, no es cierto que las fuerzas de seguridad no puedan negarse a un requerimiento de colaboración de un juez

El candidato PRO a la Jefatura de Gobierno tuvo que reconocer el pago luego de que dirigentes de la oposición porteña dieran a publicidad lo que había ocurrido. Los opositores precisaron que para armar el viaje de los efectivos de la Metropolitana a Río Gallegos se recurrió a la agencia de viajes Furlong Fox, que trabaja con clientes corporativos, con contingentes que asisten a congresos o seminarios. Esta agencia de viajes tiene precisamente entre sus clientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo promociona en su página web, donde señala también que consta de “más de 160 años de experiencia en servicios y más de 60 años en viajes corporativos, oficinas propias en 25 países de América latina y una red de socios en más de 100 países”. Furlong Fox reservó los pasajes en un micro y la estadía de los metropolitanos en el Hotel El Comercio de la capital santacruceña.

El operativo que armó Bonadio para simular un allanamiento a Hotesur implicó desplazar a 54 policías metropolitanos (cuatro mujeres y 50 hombres). Dirigentes de la oposición porteña remarcaron que Bonadio prefirió mandar a Santa Cruz a la policía de Macri en lugar de solicitar la cooperación de algunas de las tres fuerzas federales con asiento en el territorio de esa provincia.

Para ir y volver de Río Gallegos, los 54 efectivos de la Policía Metropolitana debieron trasladarse por casi seis días. Lo hicieron a bordo de en un micro de la empresa Panella Viajes, en el que cubrieron los 2500 kilómetros que hay hasta llegar a la capital santacruceña y otro tanto para regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

La causa Hotesur comenzó por una denuncia de la candidata presidencial del frente Progresistas, Margarita Stolbizer, que sostuvo que existen irregularidades en los balances de las empresas de la familia Kirchner en la Inspección General de Justicia (IGJ). Pero Bonadio rápidamente abandonó el objeto original y se dedicó a investigar el presunto lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones de hotel por parte del empresario Lázaro Báez. En octubre del año pasado, hizo un allanamiento con visos de espectacularidad a una dirección en la que se sabía que no funcionaba más la empresa de la familia presidencial.

Esta semana, a días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias nacionales, Bonadio ordenó un nuevo operativo con lógica de show en Santa Cruz. Para esto convirtió un simple pedido de documentación en un simulacro de allanamiento del que participaron los integrantes de la Policía Metropolitana. El objetivo del procedimiento era pedir documentos a la empresa Idea S.A. y Valle y Mitre, que administran los hoteles de la familia Kirchner, y también a la inmobiliaria Sancho, Sanfelice y Asociados, de la que tienen participación Máximo y Florencia Kirchner (poseen un 49 por ciento).