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El nuevo gobierno argentino ha asumido la tarea de salir del llamado “modelo”. Este ya había evidenciado su inviabilidad, pero se sostenía por un masivo endeudamiento externo y también por la pasividad social, los que ya no se dan. Salir del sistema al que se encadenó el país implica complejos problemas técnicos, que no fueron previstos, pues nadie se preparó para una salida concreta. Ahora deben tomarse y revisarse decisiones apuradas sobre la marcha. Pero las revisiones más significativas no se explican sólo como corrección de errores sino como respuesta a los intereses de los grupos de poder concentrado.
Cifras, estimaciones y presupuestos van y vienen sin que sus consecuencias reales queden claras ante una opinión pública que termina por sospechar de todo. Hoy se ve cuan opaco se ha vuelto el sistema de decisión económica. Esa opacidad no es inocente. Es parte de un sistema destinado a evadir impuestos y a facilitar movimientos de fondos fuera del control social. Detrás están los detentadores de la concentración ilegítima de riqueza posibilitada por poderes mafiosos o la privatización del poder estatal. Huyeron los avisados y quedaron atrapados los pequeños y medianos ahorristas para defender bancos que no aportan capital sino que sólo administran nuestros ahorros para ganar y girar a sus casas matrices.
El presidente Duhalde dijo al inicio de su mandato que iba a dar transparencia a las negociaciones y que no recibiría a los lobbies antes de tener un programa armado y consensuado por el Congreso Nacional. Esto hubiera sido muy innovador, pues lo usual son las negociaciones de cúpula a espaldas de la ciudadanía.
Esos grupos existen y habrá que negociar. Pero las opciones que plantea el Estado deben ser consultadas con representantes legitimados de las mayorías afectadas y, cuando se traten cuestiones pendientes de gran trascendencia (como la deuda externa, la regulación de los servicios públicos, el sistema previsional o el sistema impositivo), debe recurrirse a la consulta popular bien informada. Una transición de modelo económico realmente centrada en el trabajo y la producción y siguiendo el interés de las mayorías sólo podrá lograrse con una fuerza basada en el respaldo expreso de la ciudadanía y sus organizaciones auténticamente representativas. La convicción técnica o moral, de existir, son insuficientes en estas pugnas. La “cuestión externa” no encontrará respuesta si previamente no se salda la cuestión interna de dominio de unos pocos sobre la mayoría.
Estos próximos meses exigen transparencia y vigilancia de las promesas hechas para legitimar un gobierno que emergió de una crisis de gobernabilidad para atender a una crisis estructural. Pero también exigirán acciones directas de la sociedad para fortalecer o rectificar el rumbo que resulte de los juegos de poder. Los ciudadanos no pueden ya limitarse a votar cada vez que se los convoque ni a tener prontas sus cacerolas para protestar cuando algo no les parece. Deben contribuir a definir la agenda misma, incluyendo objetivos fundamentales como la imputabilidad de los graves delitos económicos de lesa humanidad acumulados desde la dictadura del ‘76 hasta la actualidad.
No siempre la cacerola tiene razón. En su premura por recuperar sus ahorros lo antes posible, las clases medias pueden reaccionar erróneamente si aceptan cualquier tipo de reducciones del Estado. Los principales “costos de la política” no se derivan del nivel de gasto público sino del mal uso del poder estatal, que descuida la producción de bienes públicos y continúa transfiriendo recursos a los grandes beneficiarios del modelo que queremos superar.
Los lobbies se han reinstalado y avanzado y el Gobierno resultará débil mientras la ciudadanía reunida en asambleas autoconvocadas y protestas a las políticas que se deciden sin su participación sea escuchada como mero ruido de fondo. Ojalá estemos a tiempo para rectificar el estilo degobierno de cúpula, hoy rechazado por la sociedad, y que las políticas públicas se democraticen, convergiendo efectivamente con los deseos e intereses de las mayorías por otro proyecto de país.

* Rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento.