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La Justicia ordenó que debe dejarse sin efecto el recorte del trece por ciento en los sueldos de unos veinte oficiales del Ejército. Los miembros de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Pedro Coviello y Bernardo Licht declararon inconstitucional el descuento impulsado el año pasado por el gobierno de la Alianza. Pero lo que llama la atención del expediente es el abogado que representa a los militares, entre ellos al jefe de Personal del Ejército, general Mario Luis Chretien. Se trata del ex mayor Jorge Olivera, quien estuvo preso en Italia por su participación en el secuestro de la joven francesa Marie Anne Erize y que sólo pudo evadir la prisión al falsificar un documento público.
Olivera parece dispuesto a retomar el alto perfil que lo caracterizó antes de ser arrestado en Roma por orden del juez francés Roger Le Loire. Y para ayudarlo, confiaron en sus habilidades profesionales, además del jefe de Personal del Ejército, el ex comandante de la V Brigada de Infantería con asiento en Salta y actual comandante de la Guarnición Buenos Aires, general Jorge Alberto Olivera y el comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de Mendoza, general Mario Luis Rodríguez. En el Ejército aclararon que se trató de reclamos “individuales” y “no institucionales”.
El mismo Olivera explicó a las agencias de noticias que los camaristas sostuvieron que el Poder Ejecutivo “no puede disponer de una habilitación permanente y prácticamente ilimitada para modificar en cualquier momento los haberes del personal militar en actividad y en retiro bajo el pretexto del desequilibrio de las cuentas públicas, impidiendo a los uniformados planificar su economía familiar”.
Al margen del abogado, el fallo podría ser un antecedente para los empleados estatales y jubilados que fueron perjudicados por el recorte establecido dentro de la ley de déficit cero. El abogado laboralista Héctor Recalde recordó que una jueza de la seguridad social dispuso el año pasado una medida similar en favor de los jubilados, ante una presentación conjunta de las dos CGT.
El represor Olivera también representó a un veterano de la Guerra de Malvinas que logró que el juez Guillermo Rossib ordenara la devolución de sus depósitos atrapados en el corralito.
En agosto de 2000 Olivera se convirtió en el primer militar arrestado en el exterior –a excepción de Adolfo Scilingo– por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Su detención, realizada en Roma, fue pedida por la justicia francesa por el secuestro de Marie Anne Erize Tisseau, secuestrada el 15 de octubre de 1976 en la provincia de San Juan. En democracia, el represor participó en los levantamientos carapintadas y fue apoderado del Modin de Aldo Rico. Actualmente ejerce de abogado. Su estudio, que defiende al ex general Guillermo Suárez Mason, trató de reinstalar la teoría de los dos demonios y a la vez sacar un rédito económico mediante el pedido de indemnizaciones para los hijos de los “muertos por la subversión”. El ex mayor logró zafar de la cárcel europea al presentar un certificado de fallecimiento de Erize que, en realidad, era la constancia de un trámite iniciado en el registro civil porteño que fue adulterado y adornado con sellos falsos. Luego, la Corte Suprema de Casación de Italia impugnó la utilización de ese supuesto documento como prueba pero ya era tarde, Olivera viajó a Buenos Aires, donde intenta parecer un abogado respetable.