El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expuso ayer la última parte de su alegato en el juicio sobre el Plan Cóndor. En el Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py, los abogados sostuvieron la calificación legal de los delitos y finalizaron con el pedido de penas. “Probamos la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que tuvo como víctimas a militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña”, dijo la abogada Luz Palmás Zaldúa, quien dijo que el Plan comprobó una asociación ilícita para la desaparición forzada de 106 personas. Y pidió investigar nuevos hechos que se desprendieron del proceso. El CELS concluyó un alegato que duró cuatro audiencias e hizo una petición sobre el derecho a la verdad. El recurso, recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se citó para que el Estado reconozca la materialidad de los hechos más allá que existan muchos imputados fallecidos.