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“No hay indicios de fraude. No hay posibilidades de anular las elecciones como alguien irresponsablemente pide. Hoy (por ayer) comenzó el escrutinio definitivo”, sostuvo el juez provincial de garantías y de Menores Mario Velázquez, representante de la Junta Electoral de Tucumán. En diálogo con Página/12, el magistrado señaló que el día de la elección no recibió ninguna denuncia en su jurisdicción (que incluye cuatro departamentos: Famaillá, Monteros, Simoca y Los Valles).

En su conformación original, la Junta Electoral la presiden el titular de la Corte tucumana, Antonio Gandul; el ministro fiscal de la provincia y un representante de la Legislatura. Estos dos últimos fueron excluidos por un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en horas de la madrugada del viernes. Se los quitó a instancias del candidato opositor José Cano y se integró la junta con otros miembros del Poder Judicial.

Velázquez fue uno de los jueces que se incorporaron.

–¿Recibió denuncias concretas?

–Estuve desde las 8 y media y hasta las 2 y media de mañana del domingo y denuncia formal no recibí ninguna. La Junta Electoral dictó una serie de resoluciones, que se publicaron en medios masivos. Ante una irregularidad, había teléfonos para denunciar y dos centros judiciales de guardia. En el día de los comicios, había 3400 mesas habilitadas. Todas tenían un veedor judicial. En mi jurisdicción, eran 58 veedores. De esos 58 veedores, el 99 por ciento profesionales, secretarios y prosecretarios de unidades jurisdiccionales.

–¿Qué le reportaron los veedores judiciales?

–Me dijeron que era todo normal. El único hecho desgraciado en mi jurisdicción fue lo que ocurrió en Sargento Moya, donde quemaron dos urnas cerca del mediodía. Dos personas, de forma imprevista y artera, levantaron las urnas de la mesa y en las inmediaciones de la escuela las prendieron fuego. Se suspendieron los comicios y esas dos urnas están anuladas. Se preservó la integridad física de las personas que estaban en el establecimiento educativo. Se constituyó la fiscalía con la policía científica, por lo que a la tarde cuatro personas fueron aprehendidas. Estas personas siguen detenidas.

–¿Quiénes son? ¿Pertenecen a alguno de los partidos políticos?

–Sí, uno de los detenidos resultó ser uno de los candidatos de la elección, Hugo Alarcón. Estas personas ya tuvieron declaración indagatoria. Esa gente no tuvo dimensión de lo que hizo. Es gente de campo. No tuvo la intención de alterar el orden constitucional. En principio, hizo esto porque tenía la sospecha de que en el padrón de electores había personas con otro domicilio. La Justicia funcionó y hoy, lamentablemente, están detenidos. En esa localidad, va a haber de nuevo elecciones. También se va a rever el padrón electoral para ver si existe alguna anomalía.

–¿Cuántas urnas quemadas hubo, además de esas dos?

–De quema de urnas, hubo otro incidente en la comuna de San Pablo, otro incidente pequeño en Los Pizarros y otro en Los Ralos. Lo que lleva el total de urnas anuladas y quemadas a 42, sobre 3400.

–¿Esa cantidad de votos es definitoria para la elección?

–Para la categoría de gobernador y vice, absolutamente no. Para el candidato comunal, sí. Para la grilla de legisladores, puede llegar a ser determinante para los últimos cargos.

–Entonces, ¿los móviles de estos delitos son locales?

–Por supuesto. En el caso de Moya, el objetivo era resolver la situación de Moya, no de la provincia. Lo mismo pasa en los otros lugares.

–¿Quiénes están imputados en los otros sitios?

–En las otras localidades todavía no está determinado quiénes serían los autores. En mi jurisdicción, era una localidad muy pequeña y fue todo muy rápido. Iba a ordenar un allanamiento, pero no hizo falta, porque las cuatro personas se presentaron.

–¿Hubo denuncias vinculadas con la compra de votos?

–Eso es algo que los jueces no podemos evitar. Si un político compra bolsones de comida y los reparte, no tenemos forma de detenerlo. Pero no puede pasar en tus narices y que la policía no haga nada. Si esa entrega de bolsones tienen como finalidad dirigir el voto, entonces constituye delito. Nosotros instruimos a las autoridades policiales en ese sentido. Además, se les pedía a las personas que mostraran el sobre antes de introducirlo en la urna, para evitar el voto cadena.

–¿Qué otras irregularidades encontraron hasta ahora?

–Existieron problemas, sí. Pero no hay ningún indicio con un grado de verosimilitud que amerite pensar que estamos en presencia de un fraude electoral. Como ciudadano, no como juez, veo expresiones de políticos que no están a la altura de un maestro mayor de obra. Nosotros estuvimos trabajando casi 48 horas con veedores judiciales, con fiscales de mesa. Por supuesto, todas las irregularidades deben ser atendidas, pero eso no te da plafond para poner un manto de duda sobre todo el comicio. Toda denuncia debe tener verosimilitud y para eso debe tener prueba. El presidente de la Junta indicó que no hay indicios de fraude, que no hay posibilidades de anular las elecciones como alguien irresponsablemente pide y que hoy (por ayer) comenzó el escrutinio definitivo.

–¿Van a abrir todas las urnas?

–No, se van a abrir todas las urnas en las cuales, al momento de sacar el sobre lacrado y el acta, se encuentren irregularidades. Por ejemplo, que no coincidan los votos totales. En esos casos, se va a abrir y se van a contar todos los votos.

–¿Qué criterio se va a tomar para la revisión de urnas?

–Que haya una denuncia y que tenga entidad. El código electoral indica qué se debe hacer en cada caso.

–¿Por qué el escrutinio provisorio se detuvo en el 81,55 por ciento?

–Aparentemente el correo cometió algunos errores. Decían que iban a escanear los telegramas para cargarlos de manera informática. En algunos lugares eso no aconteció y la Junta resolvió parar con esas 600 mesas. Pero lo primero que se va a contabilizar en el escrutinio definitivo son esas 600 mesas.

–¿Es normal que haya tanta cantidad de telegramas observados?

–Hubo un problema, me parece, de logística con las comunicaciones. Pero cuando se abra la urna, van a estar el sobre y el acta. Si había un telegrama trucho, muere en el momento que se abre el sobre. El escrutinio definitivo va a poner blanco sobre negro.

–¿Hubo una urna que fue encontrada llena de votos?

–No te puedo decir que no existió, pero me resulta inverosímil. Es imposible que la abran sin romper el sticker con la firma de los fiscales y del presidente de mesa. Y la urna se cierra siempre en presencia de las autoridades.

–¿Hubo un gendarme que fue golpeado?

–Sí, un gendarme sufrió lesiones en San Pablo. Hicieron rodar que hubo un gendarme muerto. A los jueces a veces nos castigan sobremanera. Está bien el control ciudadano, pero los medios también tienen que manejar la información que puede afectar un resultado electoral. Hay que manejarse con mucha objetividad. El periodismo tiene una responsabilidad en ese sentido.

–¿Hubo otros incidentes que involucraron armas de fuego?

–Sí, hubo una denuncia. También golpearon a un camarógrafo. Se están haciendo las actuaciones, interviene el fiscal de turno. Imaginate la movilización de 25 mil candidatos. Se cruzan vecinos y se pelean. En esos casos, hay que aplicar la ley.

–¿Hubo un grupo de personas que se acercó a amenazarlos a la Junta Electoral?

–En mi caso, jamás, nunca. No sé en San Miguel de Tucumán.