El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el titular de la Anses, Diego Bossio, defendieron ayer en el Senado el proyecto para crear la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en las Empresas (Anpee), anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández. Durante casi cuatro horas de exposición y debate con los senadores, los integrantes del gabinete nacional remarcaron la importancia de conformar este organismo autárquico, con participación del Ejecutivo y del Congreso en su directorio, que permita regular la administración y limitar la venta de las acciones del Estado en empresas privadas. “Esta iniciativa encierra una discusión muy importante sobre la relación de lo público con lo privado y del Estado con el mercado”, aseguró ayer Kicillof, quien advirtió que a fin del año pasado desde el PRO anunciaron públicamente que consideran “vender en bloque las acciones del fondo de garantía de sustentabilidad” de la Anses a “fondos de pensión internacionales”. “Vender una sola acción es un acto de privatización del patrimonio público”, insistió ayer el ministro de Economía.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta comenzó a analizar ayer por la tarde la iniciativa remitida por la Presidenta. Según fuentes del bloque kirchnerista, el proyecto podría pasar a la firma del dictamen entre hoy y el jueves, para ser tratado en el recinto del Senado la semana próxima. Formalmente, el plenario presidido por el senador Juan Manuel Abal Medina pasó a cuarto intermedio hasta hoy a las 10.30. La opositora radical Laura Montero pidió la presencia del auditor general de la Nación, Leandro Despouy, quien fue invitado para exponer esta mañana.

Entre los puntos más destacados de la iniciativa se encuentra la declaración de interés público de las acciones que el Estado incorporó en 2008, como subproducto de la recuperación de los fondos jubilatorios, privatizados en 1993. Se trata de unas 44 empresas en las cuales existe una participación pública minoritaria aunque en algunos casos, como el Banco Macro o el grupo Techint, las acciones trepan a un 30 y un 26 por ciento, respectivamente. El Ejecutivo tiene representantes en el directorio de 27 de esas compañías. Tanto Bossio como Kicillof destacaron ayer que el gobierno nacional decidió no vender “ni una sola” de esas acciones cuyo valor aumentó un 736 por ciento desde 2008 para alcanzar hoy un valor total de más de 63 mil millones de pesos.

Actualmente los representantes del Estado se encuentran bajo la órbita de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado (Dnepe), dependiente del Ministerio de Economía. El ministro explicó que esos directores actualmente no perciben los honorarios que fija la asamblea de accionistas para sus integrantes. En cambio, reciben un “plus” salarial vinculado a la quinta categoría de autónomos, estimada en 9358 pesos. Según estimaciones de Economía, esos honorarios fijados por las empresas pero no percibidos por los representantes del Estado significan, desde el 2012 a la julio de este año, 22 millones de pesos que fueron cedidos al Fondo Nacional del Menor y la Familia. Con la creación de la Anpee, se utilizaría el mismo sistema de retribución, pero el dinero sería destinado a la propia Anpee para financiar su funcionamiento. En un pequeño paréntesis, el ministro recordó la “operación mediática” que sufrieron tanto él como el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, acusados de recibir cifras enormes por su condición de directores estatales.

Uno de los puntos de disenso con los senadores opositores fue el requisito de una mayoría calificada para la remoción de los integrantes del directorio de la agencia. La ley establece que serán cinco: el titular de la Anses (que será su presidente), el ministro de Economía y un tercero a designar directamente por el PEN. Los dos restantes serán representantes parlamentarios, uno por la mayoría y otro por la minoría de la comisión bicameral permanente, que estará compuesta por 8 diputados y 8 senadores.

La iniciativa fija que serán necesarios dos tercios de los votos de la comisión bicameral para remover a un integrante del directorio de la Anpee. Para Montero, vicegobernadora electa de Mendoza, se trata de “una decisión caprichosa” que “no tiene razonabilidad” y sugirió que lo que se busca es garantizar el control del organismo más allá del fin del mandato de CFK. En otro tono, el socialista Rubén Giustiniani también cargó sobre ese requisito.

Bossio replicó que los representantes del Ejecutivo cambiarán o no, según la voluntad de quien esté a cargo de la presidencia de la Nación, ya que éste designa tanto al titular de la Anses como al ministro de Economía y al tercer miembro del directorio. Senadores del kirchnerismo aclararon también que los representantes parlamentarios podrán cambiar al modificarse la modificación de la composición de las Cámaras y la comisión bicameral.

Pese a esta explicación, y ante la insistencia de la mendocina, la discusión fue subiendo de tono. Montero acusó al oficialismo de aplicar una “lógica binaria” de “patria o buitre”. “¡No van a poder privatizar, ése es el drama que tienen!”, le retrucó Kicillof, en referencia al eje principal del proyecto: para que las acciones estatales en empresas privadas sean vendidas se necesitarán dos tercios de los votos del Congreso. “Estamos fortaleciendo el rol del Estado. Cuando se toman decisiones que son de interés público tiene que intervenir el Congreso. Hablan de diálogo y consenso y ahora, cuando pedimos que intervenga el Parlamento, resulta que les molesta”, afirmó Bossio, quien hizo además una defensa de su gestión al frente de la Anses.

Kicillof fue todavía más enérgico: “Este proyecto es para que los que privatizaron en los ’90 no puedan privatizar de nuevo”, remarcó el ministro y aclaró que no se prohíbe la decisión de desprenderse de esos activos, sino que se trata de que “no sea una decisión arbitraria y unilateral del Ejecutivo”.

En el tramo más duro de su intervención, Kicillof retomó una nota publicada en octubre pasado en el diario La Nación, donde el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires, Francisco Cabrera, adelantó en el Coloquio de IDEA que la intención del PRO es “vender en bloque las acciones de empresas del FGS a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de la compañías”. En contraposición, Abal Medina aseguró que el proyecto de ley busca “la mejor manera para preservar esas inversiones, con la intervención profunda de este Parlamento que es el máximo cuerpo democrático, y que garantiza que las decisiones sean transparentes y no dañen el carácter público de estas utilidades”.