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Le llevará más o menos tiempo. A Daniel Scioli, en particular, le conviene que lleve menos. Pero parece la única vía sensata de salida: el oficialismo está obligado por una suerte de misión social que recae en las fuerzas mayoritarias a hacerse cargo de la situación tucumana si quiere desmontar la acción psicológica según la cual el triunfo de Juan Manzur fue fraudulento y, por lo tanto, cualquier triunfo del Frente para la Victoria podría serlo en el futuro. Como en el medio sólo queda una elección no simultánea con la agenda nacional (Chaco), ese futuro remite a las próximas elecciones generales del 25 de octubre.

El propio Manzur comenzó a sincerar un dato importante del conflicto. En la entrevista publicada ayer por Página/12 reconoció sin vueltas que en la quema de urnas no sólo participaron personas de la oposición sino también gente del propio oficialismo. Patotas que, en paralelo, destruyeron el voto de miles de ciudadanos.

Los funcionarios de la Justicia tucumana que decidieron investigar rápido la represión del lunes a la noche en la plaza de San Miguel de Tucumán también colaboraron en la práctica con la creación de un clima de mayor sensatez. Ya lo hicieron con el acuartelamiento de 2013.

También aportó una clave hacia el futuro el diputado nacional por Tucumán Benjamín Bromberg. No sólo repudió la represión en la plaza sino que, al analizar el sistema electoral ante la consulta radial de Julia Mengolini, ayer por la mañana, dijo que el sistema de acoples, que multiplica al infinito los candidatos a cargos menores, fue usado tanto por el FpV como por el opositor Acuerdo para el Bicentenario y a la vez admitió: “Hay que modificarlo y reemplazarlo por otro que simplifique esto”.

Bromberg afirmó que la represión no fue una iniciativa del gobernador José Alperovich. La verdad es que el propio Alperovich no ayudó mucho ni a la claridad de la situación ni colaboró con su reemplazante Manzur. Habló de “excesos” para referirse a la acción de la policía y dijo que no estaba de acuerdo con la acción desplegada, con lo cual o señaló que hubo insubordinación o reconoció que el Ejecutivo no planificó nada en materia de prevención. “Excesos” era la palabra que se usaba antes del Juicio a las Juntas, celebrado hace nada menos que 30 años, para mencionar las gravísimas violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Después del Juicio a la Junta, que dejó establecida por parte de la Justicia la existencia de un plan criminal, quien usara el vocablo “excesos” lo hacía de manera aún más ideológica que antes, para controvertir la veracidad de los hechos ya probados. Hablar de “excesos” a esta altura del desarrollo democrático francamente atrasa y produce irritación. Tanta irritación como el sistema del acople que impone un sistema de proselitismo político basado en la atomización y la necesidad insaciable de fondos para hacer campaña.

Si el acople fue diseñado para crear al figura de un supergobernador, quizá también le toque a Manzur desarticular ese sistema como parte de una modernización necesaria en la provincia. Y comprometerse junto con el resto de la dirigencia tucumana a ejercer la suficiente presión social como para que en próximas elecciones el ritmo de carga de los datos sea lo más parejo y transparente posible entre las distintas regiones de Tucumán: los barrios de clase media de San Miguel, la periferia oriental y el Oeste.

La Justicia Electoral tucumana podrá aportar, mediante un recuento lento pero necesario, los elementos para dirimir si hubo irregularidades por maniobras o por desidia.

Y, sin que esto signifique disculpar ninguna responsabilidad si es que algún sector, oficialista u opositor, intentó vulnerar las reglas del comicio, tal vez haya llegado el momento de que las distintas fuerzas políticas revisen la degradación de la función de fiscalizar por la falta de convicción de los participantes y la mercantilización creciente. Está irremediablemente mal maniobrar para que falten firmas en un acta. Pero es parte de la miseria del sistema político que los fiscales no tengan la concentración necesaria y se vayan de una escuela antes de las firmas definitivas. O que directamente no controlen que falta la firma de algún presidente de mesa. O que descuiden la documentación sobre las urnas entre el cierre de la votación y el tránsito al Correo. Sería negativo hacer una descripción cínica de lo que ocurre. Pero supondría una falta de realismo desdeñar estos datos si las distintas fuerzas políticas, y en primer lugar el oficialismo del FpV, quieren despejar dudas y empezar a cambiar lo que haya que cambiar, que eso significa hacerse cargo. Ignorar la realidad, en política, es un acto primero soberbio y luego suicida: termina siendo útil a las franjas preocupadas por quitarle legitimidad (Mauricio Macri llegó ayer a la enormidad de cuestionar las elecciones tucumanas en sí mismas) a lo que el pueblo establece en su voto como legítimo.

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