Una socia política de la diputada del PRO Cornelia Schmidt Liermann quedó en el ojo de la tormenta por una investigación que lleva adelante el juez Hernán Papa sobre una presunta empresa fantasma que intenta cobrar bonos emitidos por la dictadura. En la investigación sobre la empresa Snowy, se determinó que la firma tiene como domicilio una casa particular, la de Mercedes Moreno Kapplenbach, quien milita junto con Schmidt Liermann.

La causa judicial en la que se investiga a Snowy Sociedad Anónima se tramita en el juzgado comercial del juez Papa, quien debe decidir si habilita al Banco Central a pagar unos 311 mil dólares que la empresa demanda. Según informó el portal de noticias del Ministerio de Justicia, Infojus, esta empresa reclama una serie de bonos que fueron emitidos durante la dictadura, pero tiene una gran cantidad de incongruencias que podrían indicar que se trata de una empresa fantasma.

La firma cuenta con un directorio en el que aparecen accionistas que figuran en otros cientos de empresas. Tiene sede en Panamá, oficinas en Uruguay y una dirección en la Argentina en la que sólo hay un domicilio particular. No existe ni siquiera una página web de la empresa. El juez Papa ordenó una investigación sobre esas inconsistencias. En el expediente judicial, se pudo saber que el 17 de noviembre de 2008, Snowy registró como sucursal en la Argentina el domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16.051. Esto figura en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires del 30 de marzo de 2009.

Sin embargo, la dirección que fijó no es una oficina, sino una casa en un barrio de chalets. El domicilio pertenece a Mercedes Moreno Klappenbach, familiar del escribano Nicanor Moreno Crotto, que figura como representante legal de la empresa. Moreno Kapplenbach forma parte de la Agrupación Mujeres Argentinas (AMA), una organización que es parte del grupo que sustenta a la diputada del PRO Schmidt Liermann.

Las dos llevaron adelante una serie de campañas en los últimos años. Por ejemplo, Moreno Klappenbach cuestionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un comunicado que firmó junto a la diputada Schmidt Liermann: “Hoy nos toca alertar sobre la posible interpretación y aplicación discriminatoria y unilateral del fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios, restringiendo la libertad de expresión. Una persona tiene el derecho inalienable a la libertad de pensamiento y de expresión”.

La socia de Schmidt Liermann tiene en su domicilio la “sede central” en el país de la firma Snowy, que –según un informe del Banco Central– tiene un directorio integrado por los accionistas Julio Carlevaro Carlo, José Ismael Feo Scarsi y Alfredo Acevedo. Sus nombres se repiten –según el expediente judicial– en “127 sociedades inscriptas” en Panamá, que suele funcionar como un paraíso financiero. Los investigadores tampoco pudieron establecer en ese país qué actividad tiene la firma.

Lo cierto es que la empresa reclama el cobro de una serie de bonos emitidos durante la dictadura junto con el Grupo Gotelli, que reclama el pago de los bonos de absorción monetaria (BAM) que tiene Snowy. Esta última asegura que obtuvo los bonos cuando compró parte de la deuda de la quiebra de Sebastián Badaracco y provienen de una resolución de la dictadura de noviembre de 1982. El titular del Centro de Estudios Penales del Banco Central, David Baigún, logró que se aplicara una cautelar y un embargo sobre los BAM, que frenó el pago de la renta que debía concretarse en 1986, mientras se investigaba si esos bonos eran parte de un delito financiero. Sin embargo, esa causa finalmente prescribió y Snowy se presentó para cobrar el dinero. Pero para que la causa avanzara, debía tener sede en la Argentina.

En una audiencia judicial la semana pasada, en la que se analizó el reclamo de la empresa, el abogado de Snowy Daniel Levinsonas se negó a detallar la actividad de la empresa ante los periodistas presentes. Ese día, el juez Papa decidió ordenar una investigación sobre esa compañía, que declara tener origen uruguayo.