La presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, avanzó ayer con el cumplimiento de la nueva ley de subrogancias al establecer fecha para la jura de tres magistrados designados por el Consejo de la Magistratura para desempeñarse como jueces subrogantes en un tribunal federal, a pesar de la medida cautelar dictada por una jueza de primera instancia que suspendía por seis meses la aplicación de la norma impulsada por el Ejecutivo.

A través de la resolución 940/15, Figueroa resolvió tomar juramento a los magistrados Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y Nicolás Toselli como jueces suplentes del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), designados para cumplir ese rol por el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al mecanismo establecido por la ley de subrogancias vigente, sancionada en junio de este año. La decisión de la presidenta de Casación Penal tuvo lugar apenas dos días después de que una jueza de primera instancia, Claudia Rodríguez Vidal, dispusiera, a través de una medida cautelar, paralizar la aplicación de la ley por un período de seis meses y ordenara utilizar en cambio el criterio de selección de suplencias anterior, manejado por los propios camaristas.

Según la resolución, la decisión de Figueroa fue compartida por los presidentes de las cuatro salas del máximo tribunal penal. La medida alcanza también al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, en el que jurará como subrogante Fernando Machado.

El Tribunal Oral Federal 3, en el que jurarán Basso, Ríos y Toselli, hoy no tiene jueces titulares. Los tres magistrados fueron designados durante el último plenario del Consejo de la Magistratura el 8 de octubre.

El miércoles, la jueza de primera instancia en lo administrativo Rodríguez Vidal dio lugar al pedido del Colegio de Abogados de Buenos Aires de quitarle al Consejo de la Magistratura la facultad de elegir, con el voto de la mayoría, los jueces suplentes, en base a una lista de postulantes elaborada por el Poder Ejecutivo y aprobada con acuerdo del Senado. En su fallo, Rodríguez Vidal argumenta que el método de la nueva ley “no parece compatible con los principios de imparcialidad, independencia y seguridad jurídica del sistema republicano”, lo que fue duramente criticado por distintos camaristas, que la acusaron de afectar el servicio de la Justicia y obturar el cumplimiento de una ley legítima sancionada por el Congreso.

El Colegio de Abogados de Buenos Aires había pedido también que se declare inconstitucional el cese de la subrogancia del ex juez Luis María Cabral en la Cámara de Casación Penal Federal, donde llevaba cuatro años de suplencia, y a la que había accedido sin procedimiento normativo alguno. El despido de Cabral fue el disparador de la polémica en torno a la nueva ley, con fallos que la avalan, otros que declaran inconstitucional alguno de sus artículos y otros como los de Rodríguez Vidal.