La Corte Suprema convocó a la procuradora Alejandra Gils Carbó a su acuerdo del 3 de noviembre, donde anunció que se discutirá la validez constitucional de la ley de subrogancias aprobada en junio, con impulso del oficialismo, por la que la facultad de nombrar jueces interinos pasó de las cámaras al Consejo de la Magistratura. La invitación es una forma de pedirle que dictamine sobre la cuestión para esa fecha, apenas después de las elecciones, ya que el tribunal planea pronunciarse en las próximas semanas. La norma en cuestión se convirtió en uno de los temas más irritantes dentro del Poder Judicial, y un factor de presión corporativa sobre el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

El expediente que llegó a la Corte se originó en La Plata, con el reclamo de dos dirigentes radicales, Rodolfo Uriarte y Martín Villena, quienes pedían que se deje sin efecto el nombramiento del subrogante Laureano Durán, en el juzgado federal de competencia electoral platense. Primero, el juez Alberto Recondo les dio la razón y avanzó sobre la ley. Luego la Cámara Federal de La Plata revirtió la decisión, repuso al subrogante y avaló la constitucionalidad de la norma. Hasta ahora no hubo una postura uniforme sobre el tema en los distintos tribunales que intervinieron y, desde que empezó la discusión, la Corte dio señales ambivalentes. La semana pasada, la jueza Claudia Rodríguez Vidal suspendió la ley en una resolución con efectos generales a pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Consejo apelará. Por tratarse de un caso con efecto colectivo, es el que más impacto puede tener a la larga, y el que podría condicionar la discusión suprema.